En una decisión sin precedentes, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, solicitó a diarios que le remitan una serie de datos de periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios.
Es en el marco de la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Si bien la Justicia aclaró que planea citar a periodistas de diarios «sólo como testimonios» de los informes de inflación que emiten consultoras económicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, y no como imputados en la causa, la polémica estalló en torno de la decisión del magistrado.
En este contexto, fuentes judiciales ligadas a la investigación dijeron a Noticias Argentinas que «no existe una persecución de periodistas», sino que la Justicia los citaría únicamente para aporten sus «testimonios» en caso de ser necesario para la causa.
Las fuentes precisaron que a las empresas que administran los diarios el juez les pidió datos de los periodistas que escriben sobre inflación sólo para tener una dirección de contacto en caso de que decida citarlos a testimonial.
De todos modos, los periodistas podrían ser imputados en la causa si admiten que sabían de la presunta falsedad -como esgrime el gobierno- de algunos de los datos, relevamientos o informes que recibieron en las redacciones de parte de las consultoras.
«Ésta parte de la investigación apunta a determinar cómo se transmitía la información y cómo los periodistas obtenían esa información», dijeron las fuentes en diálogo con NA.
Según informó El Cronista Comercial, en un pedido del 15 de septiembre pasado, Catania instó a ese diario a dar constancia en un plazo de cinco días si había «facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el 2006 hasta la fecha».
También pidió «suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas, editores y redactores que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios» a partir de 2006.
El miércoles, el juez había librado un exhorto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que dé cuenta de los parámetros que usa para difundir la inflación del país.
Moreno querelló penalmente a los titulares de M&S consultores y a Orlando Ferreres, responsable de la consultora que lleva su nombre.
Los acusa de infringir el artículo 400 del Código Penal, que castiga los «fraudes de comercio e industria». Además, emitió multas por 500 mil pesos a una docena de consultoras por difundir datos de inflación alternativos.
Las proyecciones de inflación que elaboran los privados rondan en la actualidad entre el 22 y 25 por ciento anual, en línea con mediciones provinciales de Santa Fe y San Luis, por caso.
Si bien el gobierno las cuestiona, e insiste en que la inflación ronda el 10% anual en el país, las mediciones del sector privado son empleadas por jueces para actualizar sentencias, y por los gremios, para negociar paritarias.
