Prevenir antes que curar. Los concejales socialistas Mariana Alonso, Edgardo Falcón, Miguel Zamarini, Orlando De Biasi y Pablo Colono presentaron ayer un proyecto de ordenanza que declara zonas especiales de interés urbanístico y social los terrenos del barrio Nuevo Alberdi Oeste que los últimos días fueron objeto de un encendido debate en torno de las prioridades para el uso y ocupación de una de las últimas tierras disponibles de la ciudad. La iniciativa reserva64 hectáreas–sujetas a expropiación– para garantizar la permanencia en el lugar de las familias que habitan allí, algunas desde hace más de 30 años, y que desarrollan emprendimientos productivos de baja escala con los cuales se sustentan económicamente. Para el resto de las 250 codiciadas hectáreas, ubicadas a la vera del Canal Ibarlucea, los ediles proponen una discusión entre los sectores sociales y políticos interesados directa o indirectamente para acordar una planificación social y ambientalmente sustentable de la zona, que contemple diferentes intereses pero siempre con “el primordial puesto en el hombre y no el lucro”. Esto es, insisten los autores del texto, para no desertar del objetivo de “construir una ciudad para todos, con la participación y opinión de todos y no la prepotencia de la especulación inmobiliaria y los intereses usurarios corporativos”.
Los terrenos en cuestión volvieron a encabezar la agenda pública local a principios de esta semana, primero por un incidente puntual entre la concejala Laura Weskamp y el movimiento Giros –que desarrolla trabajos sociales en el lugar–, luego con el informe técnico de manchas de inundabilidad presentado en el Palacio Vasallo, sobre el que los ediles deberán legislar una nueva clasificación del uso de esos suelos. No es un tema administrativo: las obras hidráulicas encaradas por la provincia y el municipio habilitarán en un futuro mediato la posibilidad de urbanizar esas tierras hasta ahora clasificadas como rurales y bajo riesgo de inundación, por lo cual entran en juego fuertes presiones económicas que ponen en riesgo una planificación colectiva.
“Los intereses especulativos y usurarios no deben prevalecer por sobre el interés social colectivo de la ciudad ni los particulares de los habitantes y emprendedores productivos y propietarios, en un marco de sustentabilidad ambiental y social. Y más aún cuando el saneamiento de los suelos es fruto de una fuerte y decidida inversión pública”, dicen los concejales socialistas como sustento de su presentación. Ese es precisamente el trasfondo de las recientes disputas: el Estado invierte –con plata de todos– valorizando sectores de la ciudad, pero luego algunos sectores buscan apropiarse “privadamente” de los beneficios.
El informe técnico elaborado porla Universidad Nacionalde Rosario, que demarca las zonas inundables de la ciudad –mediante una compleja modelización matemática–, y las recomendaciones que en base al mismo realizóla Direcciónde Hidráulica dela Municipalidad, fueron explicados en el Concejo el miércoles último. En esa instancia la recomendación de los profesionales fue, en términos simplificados, mantener la prohibición de urbanizar los terrenos de Nuevo Alberdi Oeste hasta tanto se concluyan las obras del aliviador III, ya licitada, y la más onerosa del aliviador IV, ambas operando sobre la cuenca del Ludueña para derivar parte de su caudal y minimizar riesgos de desbordes. El primero de los trabajos tiene un plazo de ejecución de casi cuatro años, por lo que hasta entonces no deberían habilitarse proyectos de construcción en la zona. Sin embargo, las presiones provenientes de operadores inmobiliarios, y las denuncias sobre presuntas maniobras “anticipadas” para lucrar con esas tierras a punto de sanearse, están a la orden del día.
Ante este panorama, los concejales socialistas esgrimen que su proyecto implica abrir un paraguas legal al debate futuro, declarando el interés urbanístico y social de la zona. La ordenanza, dicen, actuaría como un “no innovar” en el uso de las tierras hasta que no se consensúe las diferentes afectaciones y usos de las mismas, hoy con el actual mapa de inundabilidad, pero adelantando el debate de fondo que será el uso total del suelo una vez terminadas las obras hidráulicas que tornen habitables las250 hectáreasen su totalidad.
La iniciativa declara “Zonas Especiales de Interés Urbanístico y Social al sector ubicado en la zona rural del Barrio Nuevo Alberdi Oeste delimitado por calle 1331, calle Grandoli, calle 1336, calle Baigorria y calle1428”. Ello, especifica el segundo artículo, para “ser objeto de estudio, análisis y reglamentaciones específicas a partir de la nueva zonificación para el uso del suelo provista por el nuevo estudio de inundación del arroyo Ludueña y los canales Ibarlucea y Salvat; como así también la planificación del desarrollo urbano general de la zona una vez terminado las obras provinciales de los aliviadores III y IV”. La mira, estipula el texto, debe ser “el interés general de la ciudad, el particular de los habitantes que ocupan pacíficamente esta zona y los propietarios de terrenos que legítimamente pretenden un desarrollo urbano sustentable en la misma”.
En el artículo cuarto se establece, para los habitantes ya asentados, “la creación de un área especial destinada al desarrollo del hábitat y promoción de los emprendimientos productivos sociales y solidarios de baja y mediana escala” que esos vecinos protagonizan. Para ello –y para evitar nuevas especulaciones– se encarga un relevamiento de los habitantes y de sus actividades y, luego, una estrategia de acompañamiento y asesoramiento. Se trata de, en principio, unas64 hectáreas, que quedarían sujetas a expropiación. Para esto, se encomienda al Ejecutivo municipal que gestione ante el gobierno provincial una ley de declaración de “interés público” de esos terrenos, previo relevamiento que permita precisar sus límites.
Para el resto de la zona, el proyecto impone audiencias públicas con “los actores públicos y privados para la discusión en función de pautas de urbanización de dicho sector, espacios públicos, régimen de subdivisión, factor de ocupación del suelo, edificabilidad, usos admitidos”, entre otras regulaciones.
