La implementación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) alcanzó uno de los objetivos planteados con su creación como es la reducción de la oferta electoral, al punto que habrá sólo siete fórmulas presidenciales en los comicios generales del 23 de octubre, el número más bajo desde el regreso de la democracia.
Así lo estableció un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en un informe difundido esta semana con el objetivo de explicar cómo funcionaron las primarias y el reparto de publicidad oficial en los medios de comunicación.
La Organización No Gubernamental consideró que en líneas generales las Paso resultaron una experiencia positiva, aunque aclaró que no pudo “ordenar” la oferta y remarcó que en la mayoría de las internas “no hubo competencia”, por lo que instó a los partidos a participar más activamente de este proceso.
Durante este año, varios partidos opositores cargaron contra la realización de las primarias no por considerarlas poco útiles, sino porque la distancia entre el 14 de agosto y el 23 de octubre “era poco para instalar a un candidato”.
En ese sentido, este informe, que también incluyó la participación del Observatorio Electoral Argentino, propuso realizar las Paso tres meses antes de las elecciones generales, “para dejar un plazo que permita consolidar las candidaturas definitivas”.
El Cippec expuso también como objetivos alcanzados por la ley 26.571 “la reducción de la oferta electoral en un 25 por ciento a nivel nacional”.
En ese aspecto influyeron “las caducidades” de los partidos que no cumplieron con nuevos requisitos exigidos. El umbral de votos que exigían las primarias estimuló la formación de al menos una coalición de partidos pequeños y excluyó de las elecciones generales a partidos tanto en la categoría presidencial (3) como diputados nacionales (48) y senadores (11).
Serán siete las fórmulas que competirán el próximo 23 de octubre por la presidencia de la Nación, el número más bajo de contendientes desde el regreso de la democracia en 1983.
La actual mandataria Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), Hermes Binner (Frente Amplio Progresista), Ricardo Alfonsín (Udeso), Eduardo Duhalde (Frente Popular), Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Jorge Altamira (Izquierda), conforman la oferta electoral.
La historia electoral desde la vuelta de la democracia indica que en 1983 hubo 8 candidatos, en 1989 fueron 10 los postulantes, el número creció a 14 en los comicios de 1995, cayó luego a 10 en 1999, mientras que trepó a 18 en 2003 y volvió a reducirse a 13 en las elecciones presidenciales de 2007.
No obstante, el Cippec alertó sobre las reformas que necesita esta ley para, por ejemplo, incentivar la competitividad en las primarias, como “flexibilizar el régimen de elección de la fórmula presidencial rompiendo la lógica de suma cero”.
Incluso, dio un par de recomendaciones para “ordenar la oferta electoral”, como la prohibición de las listas colectoras y los acuerdos de adhesión, o la eliminación de la posibilidad de establecer alianzas electorales “cruzadas”.
Como ejemplo de esto, explicaron que el PRO fue el partido con mayor heterogeneidad en sus alianzas: en Córdoba, Corrientes y Entre Ríos integró el Frente Popular; en Mendoza, San Juan y San Luis se presentó con Compromiso Frente Federal; y en la Ciudad de Buenos Aires fue con el Partido Demócrata Progresista.
También, para fortalecer los partidos, sostuvieron como necesario “establecer requisitos más estrictos para obtener reconocimiento a nivel nacional” y remarcaron que “si el objetivo de la primaria es definir los candidatos, no tiene sentido permitir que cada elector participe en la primaria de más de un partido en el mismo acto electoral”.
Por último, el Cippec –en otro trabajo que realizó con la Universidad Torcuato Di Tella– destacó el cumplimiento también en líneas generales en la distribución audiovisual de los espacios publicitarios establecidos por la ley.
Aunque advirtió que “ahora falta atacar la otra gran fuente de inequidad en el acceso a recursos para hacer campaña: el uso de recursos públicos y, especialmente, de la publicidad oficial con fines proselitistas por parte de los partidos de gobierno en todos los niveles –nacional, provincial y municipal– durante y fuera del período de campaña”.
