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Caso Schoklender: se incorporan nuevas denuncias a la causa

El juez federal Norberto Oyarbide recibió una nueva denuncia contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por fondos públicos que recibió la  municipalidad de Tartagal en Salta para la reconstrucción de un barrio arrasado tras el alud en 2009.

Se registró una nueva denuncia contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender por fondos públicos que recibió la municipalidad de Tartagal en Salta para la reconstrucción de un  barrio arrasado tras el alud en 2009.

El juez Norberto Oyarbide rechazó a fines de la semana pasada el planteo de nulidad que presentó Schoklender para correr de su rol de querellante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo al abogado Eduardo Fachal, informaron fuentes judiciales.

Oyarbide recibió la documentación sobre una nueva denuncia que se originó en Salta, luego de que el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, le remitiera por conexidad una investigación en la que también fue acusado el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, por presunta malversación de fondos públicos.

La denuncia en Salta la hizo el abogado Sergio Alejandro Heredia, a raíz de la firma de un contrato entre las Madres de Plaza de Mayo y el Municipio de Tartagal el 17 de febrero de 2009 para la construcción de un centro de salud y más de 300 viviendas en la zona.

Las viviendas iban a estar destinadas a los afectados por el alud que tuvo lugar en Tartagal el 9 de febrero de 2009, y que provocó la muerte de dos personas.

Según la denuncia de Heredia, de ese contrato sólo se cumplió con la construcción del hospital pero no con las 360 viviendas.

Además, denunció que la Fundación que dirige Hebe de Bonafini tampoco cumplió con el pago de 10 hectáreas para construir allí las viviendas, y por las que se habían comprometido a pagar un monto de 500.000 mil pesos.

De ese dinero, según la denuncia, Schoklender sólo pago algo más de 150 mil pesos en efectivo al momento de firmar el boleto de compra y venta de esas tierras.

Luego de recibir la denuncia, el juez Reynoso corrió vista al fiscal federal de Orán Luis Bruno, quien dictaminó que la causa debía pasar a manos de Oyarbide, a raíz de que los hechos y los eventuales imputados podrían ser los mismos.

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