Luego de que el año pasado se reglamentara una ley provincial que modifica las sanciones a quienes no superen las evaluaciones de impacto ambiental, las consecuencias ya comenzaron a hacerse sentir. Es que en lo que va de 2011 se le han enviado “intimaciones de cese de actividades” a prácticamente todos los desarrolladores inmobiliarios que están llevando a cabo y comercializando nuevos loteos en las localidades del Gran Rosario. La gran mayoría de esos emprendimientos están en Funes y Roldán, aunque también hay algunos en Pueblo Esther, Arroyo Seco y Zavalla, entre otros sitios. El motivo principal de las sanciones, que por ahora están en trámite administrativo pero antes de fin de año comenzarán a efectivizarse, es la falta de obras cloacales y de agua potable. El tema no es menor, ya que sólo en Funes hay actualmente en marcha unos 20 barrios entre residenciales y cerrados, que en total suman poco más de siete mil nuevos lotes.
Según explicó el secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, el año pasado se reglamentó la normativa que modifica las sanciones para aquellas empresas que violen la legislación que evalúa daños al medio ambiente vigente desde 2003. A la par de esos cambios, el Ejecutivo santafesino comenzó este 2011 a apretar las clavijas y realizar con mayor frecuencia y más firmeza los controles para su cumplimiento. Si bien la normativa fue ideada con los ojos puestos sobre la producción industrial, también tiene la mira sobre las nuevas urbanizaciones. El funcionario explicó que son los desarrolladores inmobiliarios los que deben realizar el estudio de impacto ambiental previo al inicio de sus obras, para que luego sean evaluados por esa cartera.
Lo cierto es que, según explicó el propio Mackler, no son pocos los casos de los emprendedores privados que por estas horas están entregando sus informes con los trabajos ya en marcha. Y aquí se plantea una de las primeras polémicas. Es que según la provincia, los municipios no deberían haber otorgado las habilitaciones finales de inicio de obras sin que los desarrolladores no hayan aprobado los estudios ambientales.
Según pudo averiguar este medio, en los últimos meses fueron alrededor de 30 los pedidos de aprobación ambiental que llegaron al escritorio de Mackler. La mayoría de ellos son de urbanizadores que están loteando tierras para la construcción de barrios residenciales (semicerrados) y cerrados en el Gran Rosario. Lo cierto es que los resultados de las evaluaciones hechas a esos proyectos son rotundos. De acuerdo a lo que surge de las explicaciones del funcionario, en esta parte del sur de la provincia no se le dio el visto bueno a ningún informe. En tanto, en el resto de Santa Fe sólo un nuevo loteo tuvo (recuerda Mackler) esa aprobación, en la localidad de Santo Tomé, en cercanías de la ciudad de Santa Fe.
Quien corrobora el dato es el actual intendente de Funes, Juvenal Rimini. “Están detenidos todos los proyectos. Los expedientes que se iniciaron se encuentran demorados en la Secretaría de Medio Ambiente. Uno solo tiene la aprobación, que es un club de campo que está lejos de la zona urbana y que tiene otras características”, reveló el funcionario.
Tanto Funes como Roldán son los lugares que más se están “urbanizando” en el Gran Rosario. Sólo en la primera de esas localidades hay actualmente en marcha unos 20 nuevos barrios entre residenciales y cerrados, que en total suman poco más de 7 nuevos mil lotes. También hay desarrollos en construcción, aunque en menor medida, en Pueblo Esther, Granadero Baigorria, Arroyo Seco y Zavalla, entre otros.
El secretario provincial sostuvo luego que a quienes están infringiendo la “ley general de Ambiente” (ese es el nombre concreto) se le han enviado “intimaciones de cese de actividades”. “Este primer semestre se está en el procedimiento previo a las sanciones. Las empresas tienen, como en todo trámite administrativo, la posibilidad de descargo. Pero antes de fin de año estarán las primeras sanciones efectivas si persisten en el incumplimiento”, sostuvo el funcionario. Tanto Mackler como Rimini no pudieron aportar información concreta sobre si las empresas por estas horas han paralizado o no sus trabajos, pero el titular de Medio Ambiente de la provincia sugirió que son los gobiernos locales quienes deberían también actuar en estos casos ya que el “personal municipal que habilita” la obra está quedando “expuesto”.
Las exigencias de estudios de impacto medioambiental de la provincia están relacionadas, en primer lugar, con las obras de agua potable y cloacas. Aunque de acuerdo a las características del proyecto el Ejecutivo también está requiriendo información vinculada al mantenimiento de trazas, al transporte y a los accesos viales. “Estamos evaluando que las mayores problemáticas son las referidas a estas cuestiones; la obras de red de agua potable y cloacal. Estos trabajos son fundamentales para que los pozos ciegos no terminen contaminando la napa”, sostuvo Mackler. Los mandatarios comunales sostienen por su lado y ante la crítica provincial que no es competencia de ellos solicitar e inhabilitar obras para este tipo de servicios.
En torno a los hechos vinculados al tránsito, en tanto, Mackler hizo hincapié en una cuestión que a corto plazo se puede tornar conflictiva. Recordó que los loteos “no pueden conectar en forma directa a la autopista. Si lo hace es una contravención. Si esto sucede, por ejemplo, el tramo de Rosario Roldán de la autopista a Córdoba o las rutas de salida de la ciudad se terminarán convirtiendo en avenidas urbanas y eso puede traer consecuencias para la seguridad vial”.
Lo cierto es que el tema, que de a poco está trascendiendo, está cubierto de cierta tensión, ya que en las últimas semanas las firmas desarrolladoras (aunque no lo hacen públicamente) comenzaron a quejarse de las exigencias provinciales. En un artículo publicado en su web, el diario digital de economía y negocios Punto Biz relata que los empresarios temen que se les termine “exigiendo más de la cuenta alterando así la ecuación económica de sus negocios inmobiliarios”. Para Mackler, las firmas están poniendo el tema en “escena” porque no se les están aprobando la evaluación ambiental. Lo que insinúa el secretario con esto es una estrategia empresarial para presionar a la provincia.
De todas formas, las denuncias contra las inmobiliarias no son nuevas. En junio del año pasado el Colegio de Arquitectos y el de Agrimensores de Rosario habían informado las conclusiones de una investigación técnica que identifica “graves irregularidades” en nueve loteos de Funes. Y acusaba a los barrios Cantegril, Funes Hills, Funes Town y Funes City, Haras del Bosque y Haras de Funes, Pinola y Scoccia de incurrir en incumplimientos de diferentes niveles y naturaleza, además de los vinculados al impacto ambiental.
