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Chile: duras sanciones contra los que causen disturbios en manifestaciones

El gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto para endurecer penas contra personas que alteren el orden público en protestas. El anuncio se da en el marco de las marchas estudiantiles, que en su mayoría concluyeron con incidentes y enfrentamientos con la Policía.

El gobierno chileno presentó un proyecto para realizar cambios al Código Penal con el fin de endurecer las sanciones judiciales contra quienes alteren el orden público y ataquen a la policía durante manifestaciones, anunció este domingo el presidente Sebastián Piñera.

«El que atente contra el orden público, contra Carabineros y la Policía de Investigaciones (policía civil), contra la tranquilidad de los ciudadanos, la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura, firme, que va a imponer los castigos que corresponden», dijo Piñera en un acto realizado en la Casa de Gobierno.

El anuncio se produce tras casi cinco meses de masivas manifestaciones estudiantiles, que demandan una educación de calidad y gratuita, que en su mayoría concluyeron con disturbios y enfrentamientos con la policía.

El jueves pasado, se realizó en Santiago la última protesta estudiantil que terminó con violentos incidentes, luego que encapuchados atacaran con palos y piedras a la policía, que respondió con productos químicos y carros lanza-agua, dejando más de medio centenar de detenidos y una decena de uniformados heridos.

«A veces nos tratan de convencer de que los jóvenes que salen a tirar piedras son verdaderos revolucionarios que pelean por un bien superior y eso no es verdad», afirmó por su parte el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

El proyecto establece como agravantes «el saqueo», así como «alterar el orden público, la libre circulación de personas o vehículos y la interrupción de servicios públicos». Además, aumenta las sanciones para quienes «intenten ocultar su identidad usando capuchas».

Actualmente, el Código Penal chileno sanciona el saqueo y el desorden público con mínimas penas como la reclusión menor y con controles de identidad.

El proyecto, basado en normas establecidas contra el orden público en países como Inglaterra y España, será enviado al Congreso chileno para su tramitación.

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