La controversia por el destino de uno de los escasos territorios disponibles para seguir expandiendo la ciudad continúa, y estas últimas horas experimenta una aceleración en sus tiempos: en conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin, el Ejecutivo municipal presentó ayer su anteproyecto de ordenanza para regular el uso del suelo en la zona de Nuevo Alberdi lindante con el canal Ibarlucea, que desde hace rato es motivo de pulseadas y denuncias cruzadas. De inmediato, el movimiento Giros calificó la iniciativa como una “nueva estafa público-privada” y denunció que la misma se parece en mucho a la que la agrupación denunció hace tres años como “oculta” y adjudicó a la empresa Cimar. Por otra parte, el grupo de concejales socialistas que la semana pasada había ingresado un proyecto para la misma zona por el que se reservaba, vía expropiación, unas64 hectáreaspara garantizar hábitats y producciones sociales, adelantó que hoy cursará –con apoyo ahora de otras bancadas– una nueva iniciativa para calcular en forma independiente la “plusvalía” con que se beneficiarán los desarrolladores inmobiliarios, gracias a las obras hídricas que está ejecutando el Estado provincial sobre la cuenca del arroyo Ludueña, las que permitirán la reclasificación de suelos con su consiguiente incremento de valor.
La propuesta divulgada por la gestión del intendente Miguel Lifschitz abarca380 hectáreasagrupadas bajo el nombre de Parque Habitacional Bouchard, que en gran parte están hoy clasificadas como inundables, por lo que no pueden urbanizarse hasta concluir las obras hídricas en la cuenca del Ludueña. El objetivo de la gestión local es dividir el área en cinco unidades de gestión y establecer en cada una de ellas convenios con los actores privados (propietarios u ocupantes) para diseñar una ocupación que contemple “programas de desarrollo comunitario, construcción de unas cinco mil viviendas sociales y provisión de servicios e infraestructuras” junto al desarrollo de negocios inmobiliarios. Los empresarios interesados en urbanizar el sector deberán ejecutar por su cuenta la infraestructura vial y de servicios, y además “donar” para destino público un 20 por ciento de la superficie a utilizar, más un 10 por ciento del valor “extra” que adquieran los terrenos por la reclasificación del suelo de rural a urbano. Este dinero, proponela Municipalidad, pasará a integrar el Fondo de Tierras creado en 1997 para resolver problemas de déficit habitacional de sectores humildes.
Siguen los contrapuntos
Levin presentó la propuesta en el Palacio de los Leones con escasa compañía: el subsecretario del área, Raúl Álvarez, y la concejala Viviana Foresi más personal técnico de Planeamiento. Pero enseguida llegaron las réplicas.
El movimiento Giros señaló que el proyecto es similar al “master plan” que denunció hace tres años como un presunto acuerdo secreto entrela Municipalidady el consorcio de inversores Cimar, y cuyo diseño dataría de 2002. Desde la agrupación cuestionaron la vaguedad del anteproyecto presentado ayer, y las cláusulas que colocan a los pequeños propietarios de la zona como rehenes de los inversores inmobiliarios en el proceso de “concertación” de uso conla Municipalidadque el mismo texto impone. Apuntan en este sentido a la empresa Cimar, a la que le adjudican entre un 80 y un 90 por ciento de los terrenos en cuestión, bajo propiedad directa o camuflada detrás de testaferros.
La de Giros no fue la única réplica. El concejal Edgardo Falcón adelantó que el sector giustinianista del socialismo en el Palacio Vasallo cerraba anoche los detalles de un proyecto para determinar en forma independiente la plusvalía con la que se beneficiarán los desarrolladores inmobiliarios, al comprar tierras calificadas como rurales que incrementarán su valor gracias a que las obras que paga el Estado provincial permitirán reclasificarlas como urbanas. El estudio, según esta iniciativa, sería costeado por el Concejo y estaría a cargo dela Universidad Nacionalde Rosario y especialistas del Lincoln Institute, que ya intervinieron en el cálculo de plusvalías para el megaproyecto de Puerto Norte.
“Se piensa en un emprendimiento que abarca aproximadamente cinco mil viviendas que van a estar destinadas a sectores sociales de bajos recursos y también a sectores medios”, manifestó la secretaria de Planeamiento al presentar el anteproyecto. La funcionaria defendió la iniciativa argumentando que “la Municipalidadpone sobre la mesa un plan de co-gestión público-privada, en el que se destaca una fuerte planificación pública con un contenido social muy importante, así como la aspiración de que en este lugar no sólo vivan sectores de bajos recursos sino medios, que hoy tienen una demanda importante de vivienda en la ciudad”.
