Un chico de catorce años denunció ser víctima de los golpes de sus propios padres. El adolescente se acercó por iniciativa propia el martes por la noche a la comisaría 14ª incriminando a sus padres por haberlo castigado con violencia después de que les mostrara una “mala” libreta. Pero más allá del hecho puntual, lo que no es frecuente es que haya sido la propia víctima, menor de edad, quien acudió a la Policía, con la particularidad de que lo hizo junto a su hermana menor, de sólo nueve años. “Pidió ayuda”, remarcó Mónica Varetto, directora de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. “No es común, pero los chicos ahora pueden”, destacó. El “ahora”, es un camino que llevó 21 años recorrer: en el mismo sentido que la funcionaria, la abogada Marta Andrada, profesora de la cátedra de Residencia de Minoridad y Familia dela Facultadde Derechos de la Universidad Nacional de Rosario destacó la actuación de la seccional 14ª al recibir a los menores. Aunque recordó que los policías cumplieron “su obligación” atendiendo a la legislación vigente, marcó a la par que “a partir de esa denuncia es que se empieza a articular todo el andamiaje de protección de derechos desde el Estado”.
El caso, que cobró fuerte trascendencia pública, se disparó cerca de las 20 del martes, cuando el adolescente se presentó antela Policía. Apartir de allí, se puso en marcha el protocolo contemplado en la legislación nacional, provincial, y en la propia Constitución. “La Direcciónpuso a los chicos bajo protección integral. Pasaron la noche en un Centro de Noche y ya está trabajando un equipo interdisciplinario con toda la familia, con los chicos, los padres, y luego con la familia ampliada”, explicó a este diario Mónica Varetto.
La funcionaria confirmó que según pudo determinar el equipo de psicólogos que se desempeña en el área, el episodio del que fue víctima el menor existió, pero no se enmarca, sin embargo, en un “historial” de violencia. “Fue un hecho aislado”, sostuvo, lo cual “hace posible un trabajo con la familia”.
En la tarde de ayer hijos y padres atravesaron por entrevistas con profesionales dela Direcciónprovincial tras lo cual se decidió que tanto el adolescente de 14 como su hermanita de 9 quedaran “por el momento” a cargo de su “familia ampliada”, es decir a cargo de parientes cercanos y separados de sus padres.
El plazo, en principio, que permanecerían en esa situación sería de un mes, mientras el área de Promoción de los Derechos dela Niñez, Adolescencia y Familia, arranca un complejo trabajo cuyo fin, en este caso, será la reunión de padres e hijos con el conflicto intrafamiliar resuelto.
En ese marco, independientemente de que el episodio de violencia fue real –se dan casos en que no– y que la situación familiar “no es de las más graves”, la docente Marta Andrada, miembro además del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos “Juan Carlos Gardella”, destacó “la importancia de, al fin, considerar la palabra del niño”.
La abogada destacó que la toma de la denuncia del chico es el primer peldaño para que el cumplimiento de la ley provincial 12.967 y la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata de un andamiaje que, junto a los tratados de protección de derechos humanos y derechos de los niños y niñas de los que el país es signatario –y que están incorporados ala Constituciónnacional– “implican un cambio de paradigma en el que los chicos son sujetos de derechos y no objetos, como ocurría en los tiempos del patronato”.
En esa línea, Andrada destacó el primero de los derechos del adolescente: “el derecho a ser oído”, precisamente al denunciar que otros de sus derechos estaban siendo vulnerados. Y también resaltó la inmediata puesta en marcha de los procedimientos, administrativos y judiciales en este tipo de casos, que hacen que el Estado brinde “garantías mínimas” para resguardar a los chicos.
Y concluyó que ese camino demandó dos décadas: todo comenzó en 1990 con la rúbrica por parte de la Argentina de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, su incorporación ala Carta Magna al año siguiente de la reforma de 1994 –que otorgó a la letra dela Convencióny otros tratados jerarquía superior a las leyes interiores– y las normas integrales de protección, que se pusieron en vigencia en 2006 en el caso de la ley nacional y el año pasado la provincial, que adhiere a la anterior.
