El abogado Mariano Bergés denunció que a través de «una maniobra delictiva» y el «tráfico de influencias» los jueces de la Sala de Feria de la Cámara Federal, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Freiler, denegaron la excarcelación a su defendida, María Victoria Berisso (empleada de la droguería San Javier), en el marco de la causa que se sigue por el tráfico y adulteración de medicamentos.
En ese sentido, en un extenso escrito, el letrado sostiene que los magistrados otorgaron la excarcelación a Paula Aballay, mujer de Juan José Zanola (ex titular de La Bancaria, también procesado y detenido), y denegaron el mismo privilegio a Berisso, a pesar de la similitud entre las causas.
«Si bien la situación de Berisso y de Aballay no son en puridad exactamente iguales, mantienen dentro del proceso cierta similitud. Las dos fueron procesadas como organizadoras de una asociación ilícita, de las previstas en el artículo 210 del Código Penal», destaca, al tiempo que agrega que «el pronunciamiento no se encuentra firme».
Además, Bergés pide que se investigue la celeridad que prestaron ambos funcionarios judiciales, quienes el 15 de enero pasado (último día que prestaban servicio como magistrados de la Sala de Feria) otorgaron la excarcelación a Aballay en condiciones «sospechosas».
Asimismo, advierte: «Es muy importante destacar que los jueces de Cámara de feria en ese momento no tenían la menor idea del contenido del expediente principal, que tiene más de cien cuerpos. Queremos decir con esto que nunca lo habían cotejado, sencillamente porque había correspondido por sorteo -en el período ordinario- a la otra Sala del mismo Tribunal».
«No estamos hablando de cualquier legajo. Además de esos cuerpos, existen escuchas telefónicas, carpetas en cantidad incautadas, documentación a montones, etc. El auto de procesamiento, para dar sólo un ejemplo, tiene aproximadamente 200 fojas», continúa el texto.
«En tiempo récord (…) el mismo viernes 15 de enero del año 2010, los Jueces Freiler y Ballestero o Ballestero y Freiler, minutos antes de dejar la Sala de feria, rubricaron la resolución que dio vía libre a la liberación de Paula Aballay», explica el letrado.
Bergés denuncia «la existencia de una irregularidad manifiesta, que surge manifiesta de un simple cotejo de los incidentes excarcelatorios de Aballay, (la ex subdirectora del Policlínico Bancario, Susana) Fiona y Berisso llevada a cabo por dos jueces que deberían ser separados del Poder Judicial».
Por otra parte, el abogado destaca que ambos magistrados atendieron el caso de Aballay (expediente número 28.812) ignorando que la situación de la secretaria de Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier e imputado en la causa) tenía un número de registro previo: 28.808.
Por estos motivos, la defensa de Berisso reclama «se solicite por donde corresponda el listado de llamados entrantes y salientes de todos quienes de alguna forma pueden encontrarse involucrados en los sucesos denunciados. Desde los jueces Ballestero y Freiler, hasta el fiscal (general ante la Cámara Federal, Germán) Moldes, pasando por todos los abogados defensores tanto de Paula Aballay como de Juan José Zanola».
Al finalizar su escrito, Bergés acusa a ambos jueces de haber «desplegado el tráfico de influencias como delito principal (..) y el abuso de autoridad como remanente» sobre los que indica «deben ser prima facie evaluados, sin perjuicio de lo que surja de la pesquisa, porque el panorama para los dos magistrados puede agravarse si se acredita de algún modo que la decisión liberadora de Aballay fue provocada por la entrega u ofrecimiento de dinero».
