La inminente promulgación por parte del presidente José Mujica de la ley que declara imprescriptibles las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en Uruguay abre una nueva etapa en el país en la que se espera una avalancha de nuevas denuncias. El mandatario oriental anticipó ayer por la tarde que promulgará la iniciativa, votada durante la madrugada en el Congreso, y dejó en manos dela Suprema Cortede Justicia “la última palabra” en las nuevas presentaciones que se originen a partir de la entrada en vigencia de la norma.
La Cámarade Diputados uruguaya dio sanción definitiva a un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura militar, antes que éstos caduquen el próximo 1º de noviembre.
En declaraciones al diario montevideano El País, Mujica confirmó que promulgará la norma antes del próximo martes, cuando prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos que implican a militares que actuaron durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985.
“Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a reafirmar”, señaló Mujica, y anunció que el proyecto de ley se promulgará “cuando se pueda”, aunque respondió con un “sí, sí” cuando se le preguntó si sería antes del próximo 1º de noviembre.
Tras doce horas de discusión, los diputados aprobaron con los votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) –50 de los 90 legisladores presentes– el proyecto que había sido votado el martes pasado en el Senado y que ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento celebraron con aplausos y cánticos de “se va acabar la impunidad en Uruguay” el final de un tenso debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años.
Con esta ley “saldamos los escollos normativos, salvo que despuésla Suprema Corteentienda otra cosa”, dijo a la agencia AFP el senador oficialista Rafael Michelini, hijo del ex legislador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Argentina en el marco del Plan Cóndor, una red de colaboración entre los militares de la región.
“Nosotros pensamos que los jueces, incluso sin esta ley, iban a juzgar. Pero si en algún caso algún juez entendía que (el delito) prescribía, los familiares de las víctimas tienen una especie de ley subsidiaria a la cual apelar”, explicó.
A las seguras demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que anticiparon nuevas denuncias por torturas y violencia sexual, se sumarán unas 30 demandas que un grupo de militares retirados presentará contra ex guerrilleros.
Fin para la Ley de Caducidad
Lo que votó el Congreso es declarar de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura, de modo que tengan carácter imprescriptible, de acuerdo a los tratados internacionales de los que Uruguay es parte. En los hechos, la iniciativa implica la anulación de la llamada Ley de Caducidad.
Esa Ley está vigente desde marzo de 1985, cuando la impuso en el Congreso una alianza blanca-colorada, y su derogación fue impulsada sin éxito en dos consultas populares, en 1989 y 2009.
En mayo pasado,la Suprema Cortehabía considerado a los delitos de la dictadura como “ilícitos comunes” y no de “lesa humanidad”.
Ahora, con cuatro artículos, el texto restablece “la pretensión punitiva del Estado” para todos las transgresiones cometidas por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985.
Más allá de que las nuevas denuncias por apremios físicos a los detenidos se iban a presentar de todos modos, la aprobación de la norma les brinda a los denunciantes un mayor respaldo jurídico para hacer los planteos.
El delito de tortura está previsto en la ley 18.026, de septiembre de 2006, que castiga los ilícitos dela Corte PenalInternacional contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 ante la jueza Mariana Mota por un grupo de ex presos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas.
Por otro lado, en breve también se presentará una denuncia por torturas en el establecimiento de reclusión deLa Tabladay otra por la “Operación Morgan”, que se desarrolló en 1975 y que implicó la persecución a dirigentes comunistas.
Además, un grupo de 28 ex presas políticas presentará una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas.
La denuncia apunta a oficiales, personal subalterno así como médicos y enfermeros del Hospital Militar, por hechos ocurridos enla Cárcelde Punta Rieles.
