El intendente Miguel Lifschitz, acompañado por el ministro de Gobierno y reforma del Estado y gobernador electo, Antonio Bonfatti, suscribió este mediodía un convenio destinado a la construcción de 36 viviendas para representantes del Colegio de Arquitectos.
“Es un importante proyecto, porque es un proyecto tipo que pretendemos que se constituya en un nuevo modelo de articulación entre la provincia, el municipio y las instituciones intermedias de Rosario, y nada mejor que iniciar esta experiencia con el Colegio de Arquitectos”, argumentó el intendente, tras la firma del documento que fue refrendado este mediodía en el salón Carrasco del Palacio de los Leones por el ministro de Obras Públicas provincial, Hugo Storero; por la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin; la directora de Vivienda y Urbanismo provincial, Alicia Pino, y el presidente de la entidad que nuclea a los arquitectos, Edgardo Bagnasco.
“Nuestro desafío es construir viviendas o contribuir a resolver el déficit de viviendas a distintos sectores de la ciudad, a sectores de escasos recursos, a familias trabajadoras y de sectores medios, porque lamentablemente las condiciones del mercado de hoy sólo habilitan a aquellos sectores de altos recursos a acceder de manera directa al mercado inmobiliario, mientras que para el resto de la sociedad se le hace más complejo”, sentenció el intendente sobre este ambicioso proyecto.
Y enseguida, Lifschitz comentó: “Por otro lado tenemos la responsabilidad de construir ciudad, no se trata solamente de resolver el problema individual de una familia que requiere una vivienda, sino de resolver que eso sea parte de un crecimiento y desarrollo armónico de la ciudad, y por eso este proyecto que reúne ambas condiciones nos parece emblemático”.
El intendente, no obstante, destacó que este es el primer convenio de una serie de proyectos similares que están en estudio, puesto que está “conversando con organizaciones gremiales, como el Sindicato de Prensa y el sindicato docente para poder replicar este modelo en el que los adjudicatarios van a terminar pagando la vivienda a la provincia y el terreno a la Municipalidad de una manera adecuada y factible de acuerdo a los recursos de las familias beneficiarias”.
Por eso dijo: “Creemos que esto también es un buen modelo, porque si algo ha caracterizado a la vivienda social en la Argentina es que se considera un regalo del Estado que no requiere de una contraprestación de parte de los usuarios y esto no es así. La vivienda, el terreno y la infraestructura implica un costo importante, es un aporte que el conjunto de la sociedad hace a una familia, y por lo tanto es justo y es equitativo que haya un reintegro de esos recursos de tal manera de alimentar un circuito de construcción de viviendas que permita dar respuestas al resto de la sociedad. Nosotros estamos convencidos de que hay recursos y de que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo por la vivienda, que hay que articular los recursos disponibles, en los tres niveles del sector público, en el sector privado, y también de los beneficiarios para lograr un sistema que permita encontrar una solución a uno de los problemas sociales más importantes que tenemos en la Argentina”.
