La reciente visita del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, a la sede de Agricultores Federados Argentinos (AFA) en Rosario, fue otra clara señal para que en el corto plazo el productor y el movimiento cooperativo tengan juego propio en el modelo agrario. El gobierno nacional se comprometió a impulsar una iniciativa de AFA para modificar el sistema de comercialización de maíz y trigo, que consiste en reservar el 40 por ciento de la cosecha para el consumo interno y el 60 restante con destino a la exportación. Con este esquema, los productores obtendrían dos certificados de habilitación para vender los granos: uno para el mercado doméstico y otro de libre disponibilidad. Además, Agricultura anunció la liberación de más cupos de trigo para vender al exterior, respondiendo así al pedido que había formulado Coninagro durante la reunión que sus dirigentes mantuvieron semanas atrás con la presidenta Cristina Fernández.
Gualberto Di Camillo, gerente general de AFA, desmenuzó el proyecto que entregaron al ministro. “La rueda de comercialización de trigo y maíz está trancada. Los productores cuando venden, si es que primero encuentran comprador, sufren importantes descuentos en el precio del producto. Hay cupos para las grandes exportadoras, y sólo una pequeña parte, el 1 por ciento del saldo exportable, para AFA. Esto atomiza el mercado. Los grandes jugadores tienen pretensiones de mayores ganancias y siempre el productor paga los platos rotos”, sostuvo el cooperativista en diálogo con este diario.
Al momento de embarcar los granos se pone de relieve la puja que existe entre las grandes firmas exportadoras, molinos harineros y el propio productor que busca el mejor precio. “Las multinacionales exportadoras y los molinos ofrecen precios con descuentos de entre 30 y 50 dólares por tonelada con referencia al valor internacional del FAS teórico, y tienen margen para seguir operando por los grandes volúmenes que manejan”, indicó Di Camillo, y añadió: “En cambio, el productor que le vendió a la cooperativa tuvo acceso al precio internacional”.
De llevarse a la práctica el proyecto de AFA, el productor primero deberá declarar las hectáreas implantadas con trigo o maíz, y esa información será recibida luego por una comisión evaluadora conformada por los integrantes de la cadena, que estimará los rindes de las cosechas de ambos cultivos. A partir de allí se separará el 40 por ciento para el mercado interno. “Todos los años se determinará la reserva necesaria para el consumo destinado a la mesa de los argentinos. Si nos remitimos a la última campaña, son 6 millones de toneladas para el trigo y unas 8 millones para el maíz”, detalló el directivo de AFA.
Por el restante 60 por ciento de su cosecha, el productor recibirá un certificado a través de la Afip de libre disponibilidad de la mercadería, que podrá comercializarse tanto en el mercado interno como en el exterior. El documento será extendido por el organismo oficial contra la declaración que el productor haga de la cosecha retenida en su campo, o bien entregada a acopios o cooperativas y que transferirán a los exportadores.
“Este mecanismo hará funcionar la rueda y los productores podremos pelear el precio internacional, en un mercado más transparente y previsible, y decidir así sobre el destino de este porcentaje de libre disponibilidad de la cosecha”, dijo Di Camillo. En tanto, los exportadores para poder vender afuera deberán obtener ese certificado que tendrán en mano los productores.
AFA cuenta con 35 mil asociados y maneja el 5 por ciento de la producción nacional de granos. “La propuesta que elaboramos fue consensuada con la mayoría de los actores, como Federación Agraria, CRA, Coninagro, bolsas de cereales de Rosario, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; con los centros de corredores, acopiadores, exportadores y molinos”, contó Di Camillo.
La comisión de comercialización que funcionará en el Ministerio de Agricultura definirá los volúmenes que serán destinados al comercio interno o exterior y los ROE (permisos de embarque) continuarán vigentes. Desde el oficialismo buscan que el nuevo sistema se ponga en marcha a partir de la próxima cosecha, que comenzará a recolectarse en noviembre en el caso del trigo (se sembraron 4,7 millones de hectáreas) y en otoño la de maíz (hay cinco millones de hectáreas).
