La gobierno municipal, a través del intendente Miguel Lifschitz y la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin, presentaron ayer un amplio informe con el que defendieron la estrategia de convenios público-privados para la urbanización de varias zonas de Rosario. Los funcionarios indicaron que, en total y por los conceptos de sesiones de tierra para viviendas sociales, obras de infraestructura, apertura de espacios públicos y convenios edilicios, los inversores inmobiliarios transfirieron a la ciudad un total de 371.310.000 de pesos. Además, aclararon que el Estado local tuvo “una activa participación” en cada uno de los proyectos en danza.
“Este trabajo asociativo entre lo público y lo privado nos parece un avance importante, porque ha redundado en proyectos de mayor calidad urbana, que se integran mejor a la trama urbana de la ciudad, que viene no sólo a satisfacer una demanda privada, sino también a satisfacer otra demanda de interés al conjunto de la ciudad”, redondeó Lifschitz a la hora de elogiar uno de los modelos urbanizadores que marcan su gestión pero que, en rigor, comenzó a explorar a menor escala el actual gobernador Hermes Binner cuando comandaba el Palacio de los Leones.
El informe brindado ayer por el intendente y su secretaria de Planeamiento ocurre en el marco de una sucesión de cuestionamientos por parte de concejales opositores y aún del propio socialismo –el sector giustinianista– a parte de los emprendimientos ya ejecutados, en marcha o en etapa de proyecto. En este último caso, el emblema son las más de300 hectáreasde la zona norte aledañas al canal Ibarlucea. Se trata de una zona aún inundable pero que gracias a las obras que la provincia encara en la cuenca del arroyo Ludueña aumentaron significativamente su valor inmobiliario y desataron denuncias sobre especulaciones contrarias al interés público por parte del grupo Giros.
“La innovación que hemos incluido en estos años, si bien había algún antecedente al respecto, tiene que ver con una mayor participación de lo público en los proyectos privados, sobre todo cuando estos proyectos adquieren una cierta dimensión, especialmente en los referido a proyectos urbanísticos y de urbanización, de desarrollo industrial, para vivienda colectiva, la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad. En todos estos casos, a partir de las nuevas normativas, el sector público municipal tienen una mayor participación en lo que muchas veces es la iniciativa, la planificación y la gestión de estas obras”, argumentó el intendente sobre el conflictivo equilibrio entre los intereses económicos de los operadores privados y el interés público social.
Lifschitz explicó además que la estrategia elegida es la única que permitía realizar obras para la ciudad que el erario público no podía afrontar, para lo cual –está implícito en el camino elegido– hubo que consensuar visiones: “Es la posibilidad de que el Estado municipal obtenga recursos, ya no sólo de tributos o de la tasa municipal, sino también del aporte del sector privado en función de las características de cada uno de los proyectos y del grado potencial de beneficios que estos proyectos les permiten a los inversores. Es de alguna manera un retorno de esa rentabilidad privada a la ciudad, hacia la ciudad en obras públicas, la vivienda social, las obras de infraestructura y los espacios públicos, es decir objetivos que tienen que ver con el interés general de la ciudad”.
El intendente y la secretaria Levin explicaron que la interacción con el sector privado se basó en la implementación de diferentes modalidades de convenios para distintas escalas, y la profundización del modelo de concesión con la inclusión de obra pública financiada por el sector privado.
Mediante este mecanismo, dijeron, la forma de captación de los recursos obtenidos se realizó a través de diferentes formas, como el aporte monetario, la ejecución de obras públicas y la donación de tierras. En tanto, los montos económicos tuvieron como destino el Fondo de Tierras, el de Obras Públicas, el de Preservación del Patrimonio, el dirigido a la construcción de vivienda para sectores medios y, además, obras directas ejecutadas por los urbanizadores o compra de tierra para vivienda social.
Los números
Los funcionarios dividieron estos aportes en dos grandes grupos: los ingresos urbanísticos y los derivados de convenios edilicios. Dentro de los primeros, diferenciaron entre los de mayor escala y los de menos escala. Entre los de mayor escala, contabilizaron 49.060.000 pesos correspondientes al total del aporte de tierras, 119.926.000 en concepto de obras de infraestructura, y 186.024.000 por ejecución de espacios públicos. En total, 355.010.000 pesos.
Respecto de los 13 convenios ya firmados de menor escala, los cifraron en 2.100.000 pesos. El total de estos dos grandes ítems, según las cuentas del municipio, asciende a 357.110.000 pesos. Pero hay más. Los ingresos por convenios edilicios suman 14.200.000 pesos, con lo que la actual gestión socialista cuantifica el aporte privado total hacia el municipio en 371.310.000 pesos.
Cuánto cada uno
Lifschitz y Levin destacaron como uno de los casos emblemáticos dentro de los proyectos urbanísticos el de Puerto Norte, que entre la inversión de tierras para vivienda social y espacio público, las obras de infraestructura y las obras de equipamiento aportó 207.930.000 pesos. El desglose es: 26.100.000 en tierras para viviendas sociales, 51.810.000 en obras públicas e infraestructura –calles públicas y avenida dela Costa– y 130.020.000 imputable a420.000 metros cuadradosde espacios públicos a cargo de los inversores.
Otro ejemplo oficial fue el del Parque Habitacional Ludueña, que entre la inversión de tierras para vivienda social y espacio público, más las obras de infraestructura y las de equipamiento suman 64.700.000 pesos. Las autoridades también mencionaron el aporte de Maui, de 49.700.000 pesos, y el de Forum, de 21 millones de pesos.
Ciudad Ribera, en tanto, transfirió en calidad de inversión pública, según el informe municipal, 29.200.000 pesos a través en tierras para vivienda social, obras de infraestructura y espacios públicos.
