La eliminación de subsidios sobre el consumo de luz, gas y agua a la industria alcanza a unas 40 empresas grandes de sectores muy específicos. Al menos en una primera etapa deja a salvo a todas las pymes y a industrias como la automotriz y la agroalimentaria. Tampoco se verá alcanzado el comercio, otro sector que es gran consumidor de energía eléctrica, sin distinción entre grandes shopping centers y pequeños negocios de barrio.
Otros sectores, como la siderurgia, tienen contratos propios y por afuera del tarifario oficial con los proveedores de estos servicios. Algunas megaindustrias, como Aluar, incluso tienen su propia generación de electricidad (la represa hidroeléctrica de Futaleufú y una usina térmica). En el medio hay empresas como Fiat que le pagan tarifa completa a Epec (la distribuidora cordobesa) porque retomaron la producción hace poco tiempo y no los alcanzó el congelamiento tarifario dispuesto por el gobierno de Eduardo Duhalde y mantenido por las administraciones Kirchner, y empresas automotrices que mezclan subsidios, tarifa plena, “energía plus” (tarifas liberadas porque la energía proviene de nuevas fuentes de generación) y generadores propios para suplir los cortes en las temporadas de consumo más intenso.
Así, y tal como afirmaron los ministros Amado Boudou (Economía) y Julio de Vido (Planificación), la quita del beneficio será para menos de medio centenar de compañías que producen aceites de exportación y biocombustibles (que según cálculos oficiales reciben un subsidio de 745 millones de pesos anuales), refinamiento de combustibles (472 millones de pesos por año), procesamiento de gas natural (1.493 millones de pesos) y agroquímicos (758 millones de pesos).
El listado de estas empresas –según dijo de Vido– se dará a conocer cuando se publique la resolución que reglamenta esta decisión del gobierno, pero no es difícil deducir que en refinación lo grueso del monto corresponde a YPF, en biocombustibles a Ledesma, en aceites exportables (soja) a Aceitera General Deheza y Vicentín, en agroquímicos a Profértil (cuyo accionista principal es YPF) y en procesamiento de gas también a la mayor petrolera argentina.
La pregunta ahora es cómo afectará esta suba de tarifas a la competitividad de las empresas argentinas. Es fácil advertir que, salvo el aceite de soja, todos los demás productos que pierden el subsidio constituyen insumos clave para casi toda la cadena de producción.
Muchas empresas –en especial pymes– vienen golpeadas por convenios colectivos difíciles de afrontar; y si bien los “chicos y medianos” no recibirán la factura de los servicios con un aumento del 120 por ciento, es muy posible que la factura de su proveedor de combustible o agroquímicos sí refleje el ajuste. Sólo el mercado y el secretario Guillermo Moreno dirán si este aumento puede ser trasladado a los precios finales.
