Decía Benjamín Franklin que “la muerte y los impuestos son algo inevitable en la existencia humana”. Por eso con lo primero lo que puede hacerse es postergarla lo máximo posible y con lo segundo procurar organizarlos de modo tal que molesten lo menos posible.
Como vemos, el reparto justo y eficiente de las cargas públicas es un problema antiguo. El problema ha cobrado mayor relevancia en la medida de la evolución del denominado Estado moderno. Un Estado fundado en la legalidad y en el respeto de las garantías individuales amerita una preocupación por la instrumentación de los tributos de modo de organizarlos de modo armónico: esto es, una multiplicidad de gravámenes, respetuoso de los derechos de los ciudadanos y debidamente conjugados con los propósitos de la política fiscal gubernamental. Los regímenes tributarios más antiguos descansaban en uno o pocos impuestos cuyos atributos siempre rozaban el ejercicio arbitrario del poder fiscal.
Podemos afirmar que la tributación ha seguido un camino evolutivo desde la mayor simplicidad y arbitrariedad hacia una mayor complejidad y búsqueda de consenso. Por eso cuando hablamos de sistema tributario hemos de referirlo a un conjunto de impuestos desarrollados en forma armónica y cuyos efectos tienden a procurar objetivos de la denominada política fiscal.
Desde una perspectiva económica los sistemas tributarios se suponen racionales cuando fundan su diseño en los denominados principios de la imposición. Éstos constituyen una derivación moderna de las denominadas “reglas clásicas de la tributación” enunciadas por Adam Smith cuando el nacimiento de la ciencia económica en el último cuarto del siglo XVIII. En la actualidad la doctrina más consultada reconoce la necesaria observancia de ciertos principios económicos: neutralidad, flexibilidad, optimización recaudatoria, productividad, y equidad.
La República Argentina ha exhibido un crecimiento de su presión fiscal (recaudación obtenida por el sector público sobre el PBI) a más del doble en los últimos veinte años. Este guarismo pasó de menos de un 20 por ciento del PBI a cerca de un 40 por ciento en 2010. Con estos niveles de presión fiscal nuestro país se ubica en la pelea por el primer lugar en América latina con la República Federativa de Brasil.
Hay que señalar que el concepto de presión tributaria no denota lo mismo que esfuerzo tributario. Por eso se hace preciso anotar que aún en la mayor presión fiscal existen progresos palpables en el financiamiento del sector público argentino desde fines de los 80. Uno de los rasgos destacables es el desplazamiento del denominado impuesto inflacionario (financiamiento de la Tesorería vía Banco Central –BCRA–) que algunos economistas asimilan a un gravamen no legislado por su impacto en la reducción del poder adquisitivo de la moneda tan preponderante por aquellos años. Desde allí han primado los recursos genuinos estos propiciaron el aumento de un 40 por ciento entre 1989 y 1992 , manteniéndose parejos durante todos los años 90 y aumentando un 45 por ciento más entre 2003 y 2007.
El aumento de la presión fiscal ha sido clave para el mantenimiento del superávit fiscal de los últimos años. El superávit fiscal es uno de los elementos claves del “modelo productivo y de desendeudamiento” como ha dado en llamarse a la estrategia de política económica ensayada desde la salida del plan de convertibilidad.
Está claro que los buenos resultados observados inducen a pensar en su continuidad. No obstante la actual estructura tributaria mantiene conforme los principios teóricos serias deficiencias. Por ejemplo los denominados impuestos al comercio exterior representaron aproximadamente un 14 por ciento de los ingresos fiscales del año 2010. Las denominadas retenciones a la exportación constituyen tres cuartas partes de los mismos. Este impuesto sólo es posible en coyunturas internacionales con favorables términos de intercambio debiendo ser aprovechadas en la constitución de un fondo de estabilización fiscal que se ha postergado reiteradas veces. Sería como indica el precepto bíblico “ahorrar en la época de las vacas gordas”, tengamos presente que eso no se está haciendo.
Otro punto a destacar es el de los impuestos sobre la nómina salarial que financian las prestaciones previsionales.
La percepción de los mismos por parte del gobierno nacional se ha completado desde la reforma previsional acaecida con la finalización del Sijp (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y su reemplazo por el Sipa (Sistema Integrado Previsional Argentino) de fines del año 2008. Con estos recursos el gobierno exhibe un superávit primario suficiente; de no contar con los mismos habría aparecido un rojo en las cuentas públicas desde hace dos años. Pero este impuesto conspira contra el empleo de mano de obra y perjudicaría la recuperación del empleo que se viene produciendo desde los albores del presente modelo. De hecho buena parte del crecimiento de empleo en el sector privado tiene lugar en el sector informal.
Por otro lado, las alícuotas y las bases del Impuesto al Valor Agregado son elevadas y extensas impidiendo correcciones sensibles en la inequitativa distribución del ingreso a pesar de los esfuerzos correctivos ensayados mediante programas universales y focalizados de gasto público.
En definitiva el estado actual de la estructura tributaria de la República Argentina estaría exhibiendo el mérito de la suficiencia recaudatoria de vital importancia estratégica en la macroeconomía contemporánea. Sin perjuicio de ello debería reflexionarse sobre algunos aspectos que su apresurado devenir histórico ha soslayado y que tiende a apartar la imposición argentina de una debida sistematización. Los impuestos argentinos se hallan reunidos en un “régimen tributario” que por encima de favorables coyunturas puede trabar seriamente el desenvolvimiento productivo y la equidad en el reparto de cargas.
(*) Profesor titular de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR.
