Con el conflicto en la empresa Aerolíneas Argentinas, en estos días se volvió a poner sobre el tapete el rol del Estado en la economía. ¿Es posible un Estado eficaz al frente de las empresas, valga la redundancia, públicas? Un intento por responder este interrogante viene de parte del libro “Transporte público con gestión estatal. El caso de la Semtur en Rosario”, de Marina Marsili, que se presentará este miércoles 30, a las 19.30, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (San Martín 1371). El texto, como indica su título, se refiere además al desarrollo y funcionamiento del transporte público en Rosario, cuestión que es a la vez vital y de amplia discusión en la gran urbe del sur santafesino.
El arribo del menemismo al poder puso en debate el papel que les cabía a las empresas públicas a las que se definió como altamente deficitarias y una pesada carga para el conjunto de la sociedad argentina. De la discusión, con un destacado auxilio de los medios de comunicación, salió triunfadora la política de privatizaciones que fue ampliamente aplaudida pero que no significó otra cosa que el despido en masa de trabajadores y, por consecuencia, el aumento de la desocupación.
En Rosario, tras la crisis del año 2001, fueron retirándose del sector distintos empresarios del transporte, lo que llevó a que el Municipio local resolviera prestar el servicio a través de la Sociedad del Estado Municipal para el Transporte de pasajeros (Semtur), desde febrero de 2002.
La hipótesis que recorre el texto de Marsili es si “a través de la intervención en el sistema de transporte”, el Estado municipal garantizó la regularidad y continuidad del sistema, y logró prestar un servicio con “eficiencia, eficacia y economía”. Y fue justo en un momento en que las arcas públicas, en todas las instancias, estaban en jaque.
A su vez, un elemento adicional que marca el libro respecto al caso rosarino es el hecho de que coexistan empresas del estado con privados prestando servicios públicos, ya que se dota a la Administración Pública de una herramienta fundamental a la hora de regularlo: información pertinente, oportuna y confiable sobre las características del servicio y sus costos reales de prestación.