El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), aseguró que el dictamen de la Procuraduría de la Suprema Corte Bonaerense «pone las cosas en su verdadero sitio» en relación a la condena al sacerdote Julio Grassi.
«Se trata nada más ni nada menos que de una pieza jurídica remarcable que pone las cosas en su verdadero sitio, aconsejando se condene con todo el rigor de la ley a un pedófilo condenado sin sentencia firme que, increíblemente, aún sigue en libertad», destaca CASACIDN en un comunicado.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense, que debe definir si convalida o no lo actuado por el Tribunal Oral y la Cámara de Casación respecto a la condena a 15 años de prisión dictada por ambos tribunales, pidió a la Procuradora María del Carmen Falbo que se pronuncie sobre el caso.
Falbo, tras un detallado análisis, recomendó a la Suprema Corte que amplíe la condena fijada por el Tribunal Oral 1 de Morón basada sólo en el delito en contra del joven conocido como Gabriel, a los otros dos denunciantes «Luis» y «Ezequiel».
En este sentido, «la pena de 15 años a la que fuera condenado Grassi puede ser ampliada a 30 o 37 años», expresó CASACIDN en un comunicado firmado por su presidenta Estela de Carlotto.
No obstante el dictamen de la Procuraduría no es vinculante respecto al fallo que debe dar ese superior tribunal de Justicia, tras las apelaciones tanto de la defensa como de la querella.
CASACIDN destacó que celebró el fallo de Falbo «siempre en defensa del interés superior del niño y con la convicción absoluta que los chicos han contado su verdad».
El organismo aseguró, además, que después de este dictamen «quedan esperanzas ciertas para seguir confiando en una Justicia que, con equidad y objetividad, aplique las leyes que un estado de derecho exige».
