Con el recambio en el Congreso de la Nación, donde el kirchnerismo pasará a tener mayoría, hay temas que volverán a ocupar un lugar central en la agenda legislativa del oficialismo. Uno de ellos es el proyecto de ley de tierras que el Ejecutivo giró meses atrás para su discusión y quedó empantanado en comisiones. La iniciativa, realzada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso de asunción del segundo mandato, busca poner tope a la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, aunque no se mete con el derecho adquirido. En el discurso ante la Asamblea Legislativa y al pedir acelerar el tratamiento del proyecto, CFK se refirió a un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se calcula que el 10 por ciento de la tierra argentina es propiedad de extranjeros. El Grupo Interdisciplinario en Seguridad Alimentaria (Gisa) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) –representado por los docentes Liliana De Luise y Juan José Borrell (directora y miembro del grupo respectivamente)– participó en una reciente cumbre de la FAO, el máximo foro mundial en la temática con representaciones de 191 países, que se realizó en Roma y cuyos temas centrales fueron dos: la tenencia de la tierra y la volatilidad de los precios de los alimentos.
Esta semana el proyecto oficial ingresará a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Agricultura de la Cámara baja, que tendrán una nueva conformación. “La ley de tierras no avanzó hasta ahora porque los bloques opositores no nos dieron la posibilidad. Pero la renovación nos permite ser mayoría y por eso queremos darle media sanción antes de fin de año”, sostuvo Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista en Diputados. En el Congreso hay varios proyectos para regular la tenencia de la tierra que fueron presentados con anterioridad, y por distintos espacios políticos.
El proyecto que presentó el kirchnerismo tiene tres ejes fundamentales que lo sustentan: la creación de un registro para conocer a ciencia cierta la cantidad de extensiones rurales que hay en el país y cuántas hectáreas están en manos foráneas; establecer criterios para fijar el tope de compra, que en principio rondaría el 20 por ciento del total de las tierras no urbanas del país más allá de su productividad; y por último que la compraventa de tierras no sea considerada una inversión, en pos de resguardar un recurso natural no renovable.
El tema se viene debatiendo en foros realizados a lo largo y ancho del país. La Facultad de Derecho de la UNR fue la semana pasada escenario de una jornada convocada bajo la consigna “Ley de tierras para una gestión soberana de los recursos; el debate nacional frente a los desafíos globales”, que tuvo como panelistas invitados al coordinador general del proyecto del Ejecutivo nacional, Julio Vitale, y los asesores de la iniciativa para sancionar una ley de tierras, Aldo Casella y Adolfo Koutoudjian. La actividad estuvo organizada por el Gisa, que reúne un conjunto de profesionales y académicos provenientes de diferentes disciplinas, y tiene como objeto la cuestión de la seguridad alimentaria.
“Carrera por la tierra”
El Gisa-UNR está realizando este año, y lo hará en 2012, una serie de jornadas sobre los temas que dejó la 37º cumbre de la FAO. Para darle un marco al debate nacional y a los proyectos de ley en general, el profesor Borrell analizó el reciente informe de la FAO presentado en la cumbre mundial antes mencionada, cuyo título es “Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura”, para tratar de entender el marco mundial de la cuestión de la tierra, los desafíos globales y en qué contexto se está armando la ley de tierras en Argentina.
“El informe de la FAO hace referencia a un proceso mundial de competencia por los recursos naturales y habla de «carrera por la tierra». Se refiere a la cuestión de la tierra como «acaparamiento». La tierra se está convirtiendo en un bien mundial objeto de comercio como cualquier otra mercancía. Sin embargo, la importante diferencia es que la tierra proporciona un medio de vida a más de dos mil millones de pequeños productores, muchos de los cuales son pobres y sufren la inseguridad alimentaria. También es diferente debido a los valiosos servicios ambientales que presta, y a sus fuertes valores sociales y culturales”, dijo el docente de la UNR a El Ciudadano.
Borrell sostuvo que, según el informe, “los principales factores que impulsan la dinámica de la «carrera por la tierra» son: la creciente tendencia de uso de la tierra para biocombustibles y no para la producción de alimentos; la búsqueda de espacios alternativos para asegurar stocks alimentarios; la especulación comercial y financiera (refugio de activos); la adquisición de recursos naturales estratégicos (agua, madera, minería, biodiversidad); las políticas conservacionistas del medio ambiente; la búsqueda de materias primas por creciente industrialización; y la mayor demanda de alimentos por aumento cuantitativo de población y cualitativo del tipo de demanda”.
El uso actual de la tierra mundial es de 1.528 millones de hectáreas, refirió Borrell al citar como fuente el aludido trabajo. “Si bien no existen estadísticas oficiales, las cifras enumeradas por la FAO afirman que en el mundo, en la última década, entre 50 y 80 millones de hectáreas de tierra han sido objeto de negociaciones por inversores internacionales, lo cual implica entre dos y tres veces la superficie total cultivada de Argentina. Estas adquisiciones se han llevado a cabo sobre todo en el llamado tercer mundo”, indicó.
Según el docente de la UNR, el informe señala como principales causantes de este proceso de “acaparamiento” a los países emergentes. “Y los dos principales países donde se vienen haciendo mayormente estas adquisiciones en Latinoamérica son en Brasil y en Argentina. Pero la FAO no habla de las adquisiciones de tierras que hacen e hicieron los países, corporaciones y ciudadanos provenientes del denominado primer mundo”, reflexionó.
Y continuó: “Se afirma también que la inversión internacional en terrenos no incrementa la productividad agrícola y los medios de vida rurales. Vale destacar que el escrito de la FAO si bien recomienda frenar el proceso de «extranjerización» de la tierra, bajo ningún concepto habla de «soberanía» de los Estados, es decir del Estado como actor central y su capacidad de definir sus propias políticas de acuerdo a sus intereses nacionales a largo plazo”.
No obstante, según Borrell, la organización internacional no pondera los costos de sostenimiento de la tierra para producción como un factor que motoriza, per se, la venta de propiedades rurales por parte de particulares. “Tampoco aclara conceptos como «concentración» o «acaparamiento» ni los matiza de acuerdo a las realidades nacionales y locales”, dijo, y consideró: “Además el trabajo de la FAO queda circunscripto a la cuestión de tierras rurales. Si bien esto es importante para pensar y debatir un proyecto de ley sobre el dominio, propiedad, posesión o tenencia, en Argentina debería comprenderse en un marco más amplio de pensamiento estratégico sobre la cuestión territorial”.
