El gobierno español del conservador Mariano Rajoy anunció otro tramo del profundo ajuste que impondrá a su economía al comunicar ayer el congelamiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que provocó el rechazo inmediato de las grandes centrales obreras que consideran que la crisis la pagan los asalariados y no los ricos. La medida fija el techo a los salarios y achica notablemente el poder adquisitivo de los trabajadores españoles.
La medida supondrá una pérdida de poder adquisitivo de 641,4 euros mensuales para aquellos ciudadanos que cobren el mínimo legal, en momentos en que la inflación de noviembre registró una suba interanual del 2,9 por ciento respecto del mismo mes del pasado año. Al mismo tiempo, los sindicalistas expresaron su rechazo porque los únicos que pagan la crisis son los trabajadores.
El anuncio se conoce un día después de que el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, anunciara que el gobierno aprobará el próximo viernes un decreto ley con un primer recorte del gasto público de alrededor de 4.000 millones de euros. En esa oportunidad, De Guindos insistió en los malos augurios expresados el día anterior y advirtió que el cuarto trimestre de este año será “muy, muy duro”, tras explicar que el ajuste reducirá el gasto público en 16.500 millones de euros. Aunque no aclaró por cuenta de quién será el costo.
El congelamiento del SMI se produce a pesar de que las dos principales centrales sindicales –Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) – enviaron a mediados de este mes una carta al entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para que el salario mínimo recuperara el poder adquisitivo perdido en 2010 y 2011 y lo mantuviera en 2012. Según los cálculos de CCOO y UGT, el SMI es percibido por unos 183.000 trabajadores, pero fija el techo a los demás salarios. Las críticas también vinieron desde la izquierda, que esperaba un aumento salarial.
