El espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo realizó ayer una nueva marcha en la ciudad de Rafaela para reclamar el esclarecimiento del crimen de la testigo en juicios por delitos de lesa humanidad y repudiar el sobreseimiento de dos personas apuntadas como partícipes por un testigo de identidad reservada, dijeron voceros de organismos de derechos humanos. Suppo, asesinada a puñaladas a finales de marzo de 2010 en su local comercial del centro rafaelino, fue testigo en juicios en los que se condenó a represores, entre ellos la denominada “causa Brusa”.
A partir de ese momento la causa tuvo como una de sus claves principales determinar si se trató de un asesinato relacionado con la calidad de testigo de Suppo en los juicios a represores o si fue un hecho delictivo común.
La marcha fue convocada para seguir exigiendo que se esclarezca el caso y para cuestionar el fallo dictado por el juez federal número uno de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien dictó la falta de mérito a dos personas que fueron apuntadas como partícipes en el crimen por un testigo de identidad reservada. Se trata de Ángel Mendoza y Emiliano Martín Rodríguez, quienes quedaron desvinculados de la causa por el dictamen de Rodríguez.
Sobre el fallo, la abogada Lucila Puyol le dijo a radio Universidad de Santa Fe que “este sobreseimiento tiene que ver con resolver una cuestión procesal, porque había falta de mérito”. Puyol añadió que “la realidad es que no es una causa que haya avanzado mucho en la investigación” y pidió “medidas más especificas, para ir despejando si Silvia Suppo fue asesinada en relación a delitos de lesa humanidad o si queda desvinculada de esa causa y fue un hecho común”, para lo cual opinó que “faltan algunas pruebas”.
La marcha por justicia en el asesinato de Suppo se inició a las 20 frente al cine Belgrano, desde donde se realizó una caminata hastala Municipalidadde Rafaela. Frente al edificio comunal se dio lectura a un comunicado en el que se reiteró el pedido de justicia. Los manifestantes también repudiaron las salidas transitorias con que fueron beneficiados el 29 de diciembre de 2011 los represores Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe, y los ex policías María Eva Aebi y Eduardo Ramos, todos condenados por delitos cometidos durante la dictadura.
