La presidenta Cristina Kirchner y su gobierno aseguran que buscan avanzar en un período de “sintonía fina”, en el marco de la incertidumbre que genera la crisis internacional y en un período de menores niveles de crecimiento económico, mientras que la mayoría de sus adversarios, desde tradiciones políticas vinculadas al liberalismo o a la izquierda, los señalan por encarar un “ajuste” ortodoxo.
La polémica parece muy difícil de dirimir ya que en el medio se juegan las visiones políticas de cada uno de los sectores que la encaran.
Quienes ven al gobierno con desconfianza, displicencia o directamente como un enemigo buscan colgarle la etiqueta del “ajuste”, aún cuando, en algunos casos, hayan sido los mismos sectores que vienen exigiendo reducción del gasto público y una menor injerencia del Estado en la economía.
Ocurre también que la idea de un “recorte de gastos” con graves consecuencias sociales está todavía fresca como recuerdo en gran parte de la ciudadanía y no tendría una buena recepción a nivel electoral.
¿Se le escurriría el poder de las manos al gobierno argentino que implemente medidas como las que se ven a diario entre los países europeos, que buscan a toda costa reducir su déficit y ampliar su capacidad de pago de deuda pública?
Yendo a los hechos, la presidenta inauguró la idea de la “sintonía fina” el 23 de noviembre pasado, cuando dio el discurso de cierre en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina y dijo que el gobierno nacional no impulsaría una norma para imponer el reparto obligatorio de ganancias de las empresas hacia los trabajadores. Ubicó entonces, en las imágenes, al gobierno más cerca de las organizaciones empresarias que de las de los trabajadores.
El gobierno había anunciado el 2 de noviembre el inicio del recorte de subsidios, una medida que fue bien recibida entre los grandes empresarios, aunque luego también generaría tensiones con algunos de esos sectores.
Controles
Algunos días antes, el 31 de octubre, la Casa Rosada había avanzado con los controles impositivos en el mercado de cambios con la intención de frenar el fuerte ritmo de fuga de divisas.
Esa acción difícilmente pueda ser enmarcada dentro de lo que es el abecé de las medidas “pro mercado” que impulsan algunos sectores de la economía y la política en el país.
El gobierno pareció alejarse un poco más de la forma en que las cámaras de grandes empresas interpretan la “sintonía fina” cuando la presidenta Kirchner ratificó en su puesto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y le otorgó además la responsabilidad por el manejo del comercio exterior.
Más tarde, eso se plasmó en la reciente fijación de un sistema de seguimiento más cercano de las importaciones por parte del Estado.
Esta semana, el gobierno sumó una tensión más con una de las grandes empresas del país, al mantener un enfrentamiento abierto con Repsol-YPF por el precio que la compañía le cobra por la venta de gasoil al transporte de carga y de pasajeros.
La Casa Rosada dio a entender que el subsidio que se brinda a las empresas de transporte por el gasoil va a parar a manos de las petroleras, por los sobreprecios que a su vez imponen.
Se trata en realidad de una disputa que viene desde fines del año pasado, cuando el Estado, desde la silla que ocupa en el directorio de YPF, votó en contra de la distribución de dividendos planteada, en línea con el reclamo de la presidenta Cristina Kirchner de priorizar la reinversión de utilidades.
La compañía que encabeza Sebastián Ezkenazi había aprobado distribuir ganancias por más de 2.800 millones de pesos entre sus socios.
Claro que ahora –otra novedad de fin de año entre los mayores controles impuestos por el Estado- la petrolera deberá liquidar esas ganancias en el mercado de cambios local, si es que quiere girarlas al exterior.
Impuestos
En ese marco, ahora llegó a las tapas de los diarios una iniciativa de la Afip para avanzar en una reforma impositiva que implique gravar parte de la renta financiera.
Según trascendió, la idea oficial es gravar los beneficios derivados de la compraventa de acciones, bonos u otros títulos valores que no coticen en bolsas y cuyos titulares sean o no residentes en el país.
También se gravaría la compraventa de acciones y bonos que cotizan en bolsa, aunque sólo en el caso de las operaciones que involucren a extranjeros.
Más allá de la polémica por las etiquetas de “ajuste” o “sintonía fina” -un debate interminable y de carácter político- lo que sí habrá que reconocer es que el gobierno nacional no parece dispuesto a entregar resortes de poder o producir una retirada del Estado en el manejo de variables económicas.
Los grandes empresarios del país ya han tomado nota de esa realidad y por eso dejan trascender quejas cuando la prensa les pregunta sobre el contenido de sus recientes charlas en Punta del Este. Será la presidenta Cristina Kirchner quien termine de definir el rumbo económico para 2012, cuando retome su actividad a fin de mes y comience a preparar la agenda legislativa, que comenzará como es habitual el 1º de marzo.
