Mucha controversia se ha generado alrededor del debate de las leyes antipiratería S.O.P.A (Stop Online Piracy Act) y P.I.P.A (Protect I.P. Act) y su intención de controlar el contenido de la Web para combatir la descarga ilegal de contenidos con derecho de autor que, desde hace varios años, le viene trayendo más que un dolor de cabeza a las grandes productoras de contenidos multimedia del mundo.
Por esta razón se planteó una ardua disputa entre los gigantes como Sony o Warner, que últimamente registraron grandes pérdidas económicas, y por el otro las organizaciones que liberan sus servidores a usuarios que descargan música, películas, juegos y hasta suben sus propios archivos de trabajo para que puedan ser bajados por otra persona.
Sin dudas, el avance de Internet ha perjudicado a las discográficas. Vale la pena recordar que hace algunos años la cadena de disquerías más grande de Estados Unidos, Tower Records, se declaró en bancarrota producto del gran cese en las ventas que, en 2004 le habían dejado ganancias cercanas a los 100 millones de dólares.
Pero, no obstante la gran cantidad de empresas que defienden estas leyes, hay otros varios gigantes como Cuevana, Taringa, Wikipedia, Google y hasta la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se oponen a la sanción de las mismas y expresaron su profunda preocupación con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión.
Es más, días atrás la CIDH y la relatoría para la libertad de expresión de la ONU enviaron un comunicado donde denunciaban que “los proyectos podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un procedimiento extrajudicial de notificación y rescisión y al exigir a los sitios Web que controlen el contenido generado por sus usuarios”.
En relación a ello, el CEO de Dattatec.com, Guillermo Tornatore, dialogó con elciudadanoweb.com y se mostró en contra de la sanción de ambos proyectos, alegando que “el control sin posibilidad aunque sea de actuar colaborativamente, hace de por sí una limitación enorme a una aplicación arbitraria y desmesurada contra quienes ellos consideren hacerlo”.
En un primer intento de controlar la piratería, el FBI comenzó a penar a aquellos usuarios que utilizaban el motor de búsqueda y tracker de ficheros BitTorrent, The Pirate Bay, luego de haberle iniciado en 2009 un juicio, que significó un año de prisión y una multa de 900 mil dólares para cada uno de los responsables del sitio.
De este modo, esta penalización arbitraria que implementó el organismo generó el pánico en muchas personas que descargaban gran cantidad de contenidos gracias a esta página.
Tornatore opinó que “lo único que logró eso fue dar más ímpetu a muchos mas sitios de descarga”. “Creo que lo que se busca penalizando en casos puntuales y aleatorios es la típica política del terror, de no saber quién será el siguiente, y de esa forma buscan desalentar la utilización de dichos sitios”, continuó.
Sin embargo, a partir de entonces se comenzaron a popularizar los sitios de servicio de alojamiento de archivos como Megaupload, Rapidshare o DepositFiles, dificultando cada vez más la tarea de la Oficina Federal de Investigación estadounidense de controlar lo que sucede en Internet y combatir la piratería.
Haciendo referencia a este fenómeno, el CEO de Dattatec manifestó que “la piratería busca nuevas formas” y que “de no existir, mucha gente en el país y en la región, no tendría acceso a tecnología y conocimiento, al costo que proponen las corporaciones centrales”. Y agregó: “Vale la pena destacar que si hablamos de sistemas operativos propietarios, Windows con su costo de licencia prohibiría el acceso a tener una computadora a mucha gente. Por suerte también existe Linux y eso es una buena opción free, con lo cual no todo puede ser encuadrado en el nombre de piratería, sino en posibilidades y necesidades de acceso de la gente a costos justos”, destacó.
Pero el principal problema no pasaría por clausurar estos sitios y prohibir la descarga de música, películas y demás, sino que, según lo que dicta la ley, se prevé una pena máxima de hasta cinco años al streaming de material con derechos. De este modo, una persona podría ser penada con prisión por subir una canción, video o contenido con derechos a sitios como Youtube o Vimeo o por compartir una foto en Flickr, lo que significaría el cierre de estos sitios.
A pesar de ello, Tornatore se mostró tranquilo, ya que consideró que si bien, “de aprobarse la ley para todos por igual, eso tendría que ocurrir”, no ve cercano el día en el que se observe un símbolo federal del FBI en la página principal de Youtube.
Otro tema de gran relevancia es que en los últimos años muchísimos artistas han saltado a la fama gracias a estas páginas, ya que un video puede ser visto en todo el mundo segundos después de haber sido subido a Internet por algún usuario, por lo que el uso inteligente de la red es altamente positivo para toda la sociedad.
En relación a esto, el fundador de la empresa de webhosting señaló: “Mucha más gente hoy con Internet tiene posibilidades de dar a conocer su arte y esto acorta tiempos de conocimiento de nuevos artistas”. Y preguntó: “¿Se imaginan cuanto tiempo menos le hubiera llevado a The Beatles, salir de la cueva donde empezaron tocando en Liverpool?”.
Finalmente, se tomó su tiempo para opinar sobre el cierre del sitio de descargas Megaupload y aclaró que, si bien se hizo dentro del marco de lo legal, esto afectó a mucha gente.
“Legalmente existían todas las razones para su cierre, porque creo que ni a Al Capone le generaron una causa de asociación ilícita, evasión y demás, con lo cual, en eso, fueron impecables y por eso procedieron como lo hicieron. En la práctica tengo que decir que su cierre afectó a mucha gente que hacía uso licito del mismo, pero hay muchos más sitios como Megaupload”, opinó.
Esta semana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Harry Reid, decidió postergar la votación de las leyes, programada para este martes, hasta que el Comité Judicial del Senado avance más en un acuerdo sobre la polémica medida.
