Los familiares de las víctimas del franquismo denunciaron “hechos de eliminación sistemática con un plan preconcebido”, dijo ayer el juez español Baltasar Garzón para justificar su decisión de investigar estos “crímenes”, por la que ahora lo juzga la justicia española. Antes de oír el testimonio del magistrado, el Tribunal Supremo español había desestimado una petición de la fiscalía y la defensa de Garzón para que este polémico juicio, iniciado hace una semana, fuese anulado por defectos de forma.
El juez explicó haber recibido miles de denuncias que “relataban hechos acontecidos durante y después de la guerra civil donde se daban cuenta de desapariciones, de detenciones ilegales, de asesinatos, de decisiones extrajudiciales”. “Toda una serie de hechos con apariencia delictiva que se calificaban como crímenes contra la humanidad, como genocidio”, agregó.
“Se describían hechos de eliminación sistemática con un plan preconcebido”, afirmó el juez para justificar por qué entre 2006 y 2008 recopiló documentación sobre unas 114.000 desapariciones ocurridas durantela Guerra Civilespañola (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) antes de abandonar el caso por oposición de la fiscalía.
“La investigación de esos crímenes contra la humanidad lógicamente está justificada, el propio estatuto de Nuremberg establece su vigencia”, afirmó el juez que comparó su investigación con otra realizada por su colega dela Audiencia NacionalIsmael Moreno sobre criminales de guerra nazis, cuya investigación no fue rechazada.
Demandado por dos grupos ultraderechistas, que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía aprobada en 1977, Garzón, de 56 años, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el fin de su carrera.
El juez, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres, aseguró haber actuado en la causa del franquismo igual que lo hizo contra el ex dictador chileno y contra el represor argentino Adolfo Scilingo, encarcelado en España.
El juez defendió además que los crímenes de lesa humanidad no prescriben con el tiempo y no pueden ser amnistiados.
“Mantenía y mantengo que el delito de detención ilegal (…) en un contexto de crímenes contra la humanidad es un delito permanente, porque sus efectos permanecen en el tiempo”, afirmó.
“La ley de amnistía se refiere a delitos de contenido político, en ningún caso se puede afirmar que crímenes contra la humanidad de la naturaleza que se denunciaron puedan tener carácter político”, insistió.
A las puertas del Tribunal Supremo, unos 200 manifestantes se congregaron antes del inicio del juicio gritando: “¡Hay que juzgar el franquismo criminal!”.
“Estamos aquí porque estamos avergonzados de que un juez que ha intentado juzgar los crímenes del franquismo sea el primero en sentarse en el banquillo”, afirmó Pío Maceda, uno de los manifestantes.
“Le están juzgando por defenderla Justicia”, se escandalizó junto a él Josefa Martín.
Este proceso despierta también gran expectación fuera de España.
“El espectáculo de un juez como acusado criminal que tiene que justificar su investigación de torturas, asesinados y desapariciones es una afrenta a los principios de los derechos humanos y de la independencia judicial”, denunció el estadounidense Reed Brody, asesor jurídico dela ONG HumanRights Watch que junto a Amnistía Internacional yla Comisión Internacionalde Juristas ejercen como observadores internacionales” en este juicio.
Anteayer en Buenos Aires, defensores de derechos humanos y artistas argentinos habían manifestado frente a los tribunales su respaldo al juez Garzón.
El proceso al juez español, previsto hasta mediados de febrero, proseguirá hoy con el testimonio de los tres primeros testigos de la defensa, de un total de más de 20, principalmente familiares de las víctimas del franquismo.
