Las medidas que restringen la importación están acelerando las divisiones en el seno del empresariado: los sectores más favorecidos por el cierre de las fronteras salen a expresar su apoyo a esta política oficial; los más afectados por la falta de insumos o la imposibilidad de ingresar al país mercadería que vienen trayendo desde hace años, y que en muchos casos tienen detenidas en la Aduana, por lo bajo y «off the record» anuncian la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, el cierre de empresas y una desaceleración del ritmo de crecimiento económico. En el medio ya es un hecho que muchas firmas del exterior están negándose a venderles a importadores argentinos por las enormes dificultades que encuentran para cobrar sus embarques. Esto se verifica en sectores como marroquinería, indumentaria y telas, electrodomésticos…
En las últimas horas hubo dos comunicados bastante ejemplicadores de lo que está pasando en el mundo empresario.
La Copal (la entidad que reúne a todas las cámaras del sector alimentario) anunció –obviamente no en forma casual– que durante 2011 se produjo un récord de exportaciones de alimentos y bebidas. Las ventas al exterior en ese rubro ascendieron a 29.517 millones de dólares, cifra que representa una suba del 28,5 por ciento respecto de 2010 y un incremento del 20 por ciento en el volumen exportado. Las importaciones de alimentos y bebidas, remarca la Copal, fueron de “sólo 1.662 millones de dólares” en 2011. Sin embargo, ahí terminarían las noticias: “Nuestras primeras estimaciones muestran que la situación excepcional de 2011 no será fácil de repetir este año (…) por las preocupaciones que estamos registrando entre nuestros asociados por el incremento que podrían tener algunos costos internos, como los salarios”, dice Daniel Funes de Rioja, titular de Copal. El mensaje elíptico es claro para quien quiera leerlo: uno de los rubros más castigados por el lápiz rojo de Guillermo Moreno fueron los alimentos importados, que –según fuentes de Copal– representan menos del 1 por ciento de lo que se consume en el país. En sentido inverso, la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), que nuclea a los fabricantes de carteras, bolsos y mochilas tanto de cuero como de vinilo, y que es uno de los sectores “de fiesta” por las restricciones al ingreso de mercadería importada, asegura que no hay “desabastecimiento ni faltantes de mochilas tal como se informó en algunos medios de comunicación”. En realidad lo que dijeron esos medios es que en la Aduana están retenidas miles de mochilas que fueron adquiridas de acuerdo con las normas establecidas por el gobierno, pero que cuando llegaron no pudieron ingresar al país.
Daniel Donikian, presidente de esa cámara, imputó a “acciones de lobby de sectores importadores” la supuesta “denuncia de desabastecimiento”. La realidad es que desde que se cerró la importación no se abrió una sola fábrica marroquinera nueva, y ninguna de las existentes incrementó su plantilla de trabajadores. Como se ve, una “fiesta” para pocos que, además, por estos días obtuvo el regalo oficial de un incremento del 35 por ciento en el arancel que pagan esos artículos, o sea el máximo que permite la Organización Mundial de Comercio.
Al costo extra que representa la suba del arancel, los importadores deben agregarle lo que pagan de más por los gastos de almacenamiento en zona portuaria. En caso de que finalmente la mercadería entre al país, su precio final será seguramente prohibitivo. El tema se extiende a todas las áreas: ayer una poderosa distribuidora de repuestos para el automóvil les informó a sus clientes que el nuevo régimen para importar tendrá consecuencias tales como la imposibilidad de tramitar pagos anticipados de los bienes importados, la extensión de los plazos de entrega ante la incertidumbre sobre la fecha de liberación de los embarques, etcétera. “Todo esto conllevará indudablemente un reajuste en los costos”. En castellano: las medidas oficiales encarecerán los repuestos, pese a que no se fabrican en el país. La distribuidora aconseja a sus clientes (minoristas, la mayoría radicados en la calle Warnes) “mantener sus stocks acorde con sus movimientos y prever con tiempo sus necesidades”. En tanto, también hubo dificultades para ingresar a la casilla de correo electrónico habilitada por la Secretaría de Comercio Interior para presentar la “Nota de Pedido”, formulario indispensable para poder iniciar el trámite de autorización de importación. A estas alturas no son pocos los que sospechan que el mecanismo elegido (el e-mail) no es producto de una imprevisión sino que es una valla más que se levanta entre el importador y la posibilidad de ingresar mercadería al país.
Dado que es innegable que el organismo que encabeza Moreno no podría razonablemente procesar los 800.000 pedidos de importación que se producirán este año, todos quisieron picar en punta y presentar primero su “Nota de Pedido”. Hubo empresas que enviaron el mail a primerísima hora, lo repitieron a media mañana, lo reenviaron a mediodía y quisieron hacerlo una cuarta vez; para entonces, la casilla les devolvía el correo con el mensaje: “Imposible entregar su envío”.
