Con una nueva disputa política en torno a los recursos públicos como trasfondo, arrancan esta mañana las paritarias 2012 en las que se definirá –entre otras cuestiones– el aumento salarial para estatales y docentes de la provincia de Santa Fe. Finalmente habrá una sola reunión, la de los dirigentes docentes que irán al Ministerio de Trabajo, mientras que los representantes de los trabajadores de la administración central –citados a las 10 a Casa de Gobierno– pidieron ayer una prórroga para el inicio de la discusión.
El pedido se fundamenta en que, además, de discutirse en la reunión la cuestión salarial, también se abordarían otras cuestiones que hacen a la realidad de los trabajadores, y los gremios ATE y UPCN no habían podido aún definir la totalidad de los temas a tratar en la convocatoria, se informó oficialmente.
Por su parte, los docentes de Amsafé anunciaron que irán a la reunión de hoy con la intención de solicitar un incremento salarial para 2012 de un 25 por ciento.
En la previa, el gobernador Antonio Bonfatti volvió a agitar la posibilidad de reformar el esquema tributario con el objetivo de dotar de mayores recursos a las arcas públicas. Algunos intendentes se mostraron de acuerdo, pero la oposición legislativa –un sector del PJ y el PRO– salió a manifestar su rechazo.
La renovada polémica por el sistema tributario provincial le puso más condimento a la previa de las paritarias. Por lo demás, las partes llegan a las reuniones de hoy con definiciones que de público conocimiento: los gremios piden entre un 20 y un 30 por ciento de aumento salarial –el reclamo varía según cada sector–, aunque desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Ángel Sciara, sugirió comenzar a discutir a partir de un 12 por ciento, aludiendo que ése es la suba del índice de precios implícito prevista en el presupuesto provincial 2012.
Tal como ocurrió bajo el mandato de Hermes Binner, la pretensión del oficialismo de modificar el esquema impositivo logró que confluyan en la misma posición los diferentes sectores de la oposición.
Bonfatti admitió ayer que evalúa aumentar el impuesto inmobiliario rural y opinó que “es irrisorio” el monto que se paga en relación al precio de la tierra. Para justificar su idea de subir ese tributo, el gobernador explicó que lo recaudado por el inmobiliario “representa el 7 por ciento de los ingresos de la provincia”.
“La provincia necesita mayores ingresos porque nunca los incrementos salariales están incluidos en el presupuesto”, agregó Bonfatti en diálogo con LT8.
Según el mandatario, el inmobiliario rural “está sumamente atrasado y representa el 7 por ciento de los ingresos de la provincia, lo cual es irrisorio si uno lo compara con otra época”. “Creemos que es uno de los impuestos que hay que modificar porque es irrisorio lo que se paga en comparación con el valor de la hectárea. Estamos evaluando un incremento en los impuestos, no estamos hablando de reforma tributaria por ahora”, aclaró el gobernador.
Desde el obeidismo, el diputado Mario Lacava salió a responderle. “Para tener recursos, el gobierno debería administrar mejor los que ya tiene antes de aumentar nuevamente los impuestos. Si el gobierno de Bonfatti mejorara la forma de administrar los recursos con que cuenta, lograría obtener los fondos que le hacen falta para una buena gestión gubernamental y podría atender las necesidades del presente ejercicio fiscal”, sostuvo el legislador provincial.
“El propio accionar del Frente Progresista demostró que no siempre aumentando los impuestos se obtienen mayores recursos para atender nuevas necesidades, teniendo en cuenta que a lo largo de cuatro años de gestión y en un contexto económico que permitió el ingreso de recaudaciones extraordinarias, más lo acumulado por los aumentos de impuestos, tarifas y peajes, hoy la provincia tiene las cuentas en rojo”, continuó Lacava.
El diputado justicialista criticó por igual a Bonfatti y a su antecesor Binner: “Durante su gestión, el socialismo demostró cuanto menos que ha sido ineficiente y desprolijo en el manejo de las cuentas públicas. Ha gastado notablemente en gastos corrientes superfluos e innecesarios y muy poco y erróneamente en obras y servicios para la gente, consolidando año tras año un mayor gasto estructural de funcionamiento”.
“Después de haber heredado del gobierno de Jorge Obeid una administración ordenada, superavitaria y con obras en marcha, la provincia muestra hoy un escaso nivel de inversión, falta de políticas activas para la producción, para las emergencias climáticas y para la asistencia social; presenta un déficit fiscal de 1.500 millones de pesos reconocido por el actual gobierno; sin recursos para hacer frente a contratistas, proveedores, municipios y comunas y obligado a configurar cronogramas de pagos de salarios a sus trabajadores más elásticos que antes”, abundó Lacava.
El legislador obeidista le sugirió a Bonfatti un replanteo en la política de gastos: “Antes que discutir un nuevo aumento de impuestos, el gobierno debería reelaborar un nuevo plan de gastos prioritarios, suprimiendo o postergando los no prioritarios y prescindibles y que incluya el establecimiento de mecanismos de control, lo cual contribuya a concentrar los esfuerzos de gestión y los recursos existentes en atender las necesidades básicas de la población y sobre todo aquellas de los que menos tienen”, concluyó.
También desde el PRO cuestionaron al gobernador. “Vamos a exigir que se muestren los números reales de Santa Fe”, sostuvo el diputado provincial Federico Angelini. “Podemos estudiar una reforma tributaria pero no avalaremos un mero aumento de impuestos”, dijo.
“En caso de que el gobierno decida enviar un proyecto de reforma –continuó el legislador macrista–, lo vamos a estudiar en nuestro bloque para luego dar el debate tanto en comisiones como en el recinto, pero lo que no haremos es sólo convalidar un mero aumento”.
En esa línea, Angelini dijo: “Vamos a exigir a la administración provincial que nos muestre los números reales del Estado porque el presupuesto 2011 preveía superávit y terminó arrojando un déficit de 1.500 millones, hay deudas con municipios y comunas, con contratistas, con proveedores, muchas obras públicas están paradas por demoras en los pagos y, lo más grave, se retrasó por segundo mes consecutivo el pago de haberes a empleados, jubilados y pensionados”.
“Es por eso que, lejos de rehuir al debate, lo queremos dar en forma pública, con los números en la mano y de cara a la gente, porque una cosa es plantear una reforma tributaria para nivelar asimetrías y otra es aumentarle los impuestos al ciudadano al solo efecto de tapar los baches de una mala administración”, concluyó el diputado del PRO, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
