El juicio por la desaparición de Marita Verón el 3 de abril de 2002, comenzó hoy con la acusación formal contra los 13 imputados, cuyos defensores pidieron la nulidad de toda la causa.
Las audiencias se reanudarán mañana a las 8.30 y se espera que declaren los primeros testigos. Mientras tanto, el tribunal deberá resolver el planteo de nulidad realizado por presuntas irregularidades en el proceder de la fiscalía.
«Entendemos que se ha violado el derecho de defensa porque no hay una coherencia en la imputación», dijo Carlos Posse, abogado defensor de cinco de los imputados.
El letrado destacó que «en todos los actos procesales más importantes que son indagatoria, auto de procesamiento y la requisitoria de elevación a juicio, siempre tiene que estar la misma imputación y por lo tanto, como aquí fueron cambiadas, entendemos que hay una nulidad».
«Hay muchas omisiones, muchas irregularidades que han sido planteadas. Hay un montón de vicios en este proceso y por eso entendemos que no puede seguir de esta manera porque a la larga, en la Corte local o en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en algún momento, van a declarar la nulidad», agregó el letrado.
Roberto Flores, otro de los abogados que pidieron la nulidad del juicio, sostuvo que la causa «tiene que volver a instrucción y hacerse una investigación seria».
Flores mencionó entre los testimonios que considera claves, el de un militar que afirma haber visto a Marita dos o tres días después de su desaparición, frente del antiguo arsenal «Miguel de Azcuénaga» subiendo a una moto, y su retrato hablado del motociclista se parece al cuñado de la mujer, que es un oficial de policía.
La desaparición de Marita Verón, en cuya búsqueda su madre, Susana Trimarco, se involucró personalmente a punto tal de hacerse pasar por prostituta para indagar en prostíbulos, se convirtió en uno de los casos emblemáticos en la lucha por la trata de personas y despertó el interés a nivel nacional e internacional.
La causa caratulada «privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal», tiene más de un centenar de testigos, cuyo participación en las audiencias se estima que se prolongará tres meses.
El tribunal de la Cámara Penal II está integrado por los jueces Alberto César Piedrabuena (presidente), Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano.
Los imputados son Humberto Juan Deroberti, Daniel Natalia Milhein, María Jesús Rivero, Víctor Angel Rivero, Andrés Alejandro González, Domingo Pascual Andrada, José Fernando Gómez, Lidia Irma Medina, María Azucena Márquez, Mariana Natalia Bustos, José Gonzalo Gómez, Carlos Alberto Luna y Cintia Paola Gaitán.
Trimarco, quien será testigo en el juicio, no pudo ingresar hoy a la sala por ese motivo, pero previamente encabezó una marcha de apoyo que recorrió las calles de la capital tucumana hasta llegar a la sede de Tribunales, en Lamadrid al 400.
«Ella tiene que aparecer y por eso voy a seguir trabajando hasta que eso suceda, porque sólo la muerte me va a detener en la búsqueda de mi hija», señaló Trimarco a las puertas de Tribunales.
«Hoy sólo pido que Dios ilumine la mente y los corazones de los jueces para que Marita tenga justicia», señaló la mujer, que a partir de su lucha creó la fundación «María de los Angeles», la primera del país contra la trata de mujeres y nenas que liberó a centenares de víctimas.
El secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, llegó a Tucumán para presenciar el comienzo del juicio y destacó la importancia del proceso judicial debido «a la resonancia» que alcanzó el caso por «la lucha y esfuerzo de Susana Trimarco».
También estuvo en la sala de audiencias la diputada nacional Victoria Donda, quien dijo que espera que este proceso «marque una línea de investigación para empezar a tratar estos temas».
«Me parece que más que sentar jurisprudencia, este caso muestra la necesidad de una modificación de la ley actual, porque tampoco termina de dar respuesta para estos casos», sostuvo Donda.
La legisladora pidió «investigar las complicidades policiales y políticas y no sólo a los autores materiales de los delitos».
