El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se vio beneficiado en las últimas horas con un fallo de la Justicia que dispone una indemnización de 2 millones de dólares por supuestas calumnias contenidas en un libro. Ese importante monto, que será apelado, se torna menor frente a los 40 millones de dólares de otra reparación por injurias establecida en primera y segunda instancia judicial en contra del diario El Universo, y que será ratificada, o no, por una sala de la Corte Nacional de Justicia, probablemente esta semana.
La indemnización establecida deberá ser pagada, si se confirma en tribunales superiores, por los dos periodistas autores del libro El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes escribieron sobre los supuestos fraudes al Estado cometidos por empresas del hermano del presidente, Fabricio Correa. Según los cronistas, el jefe de Estado estaba al tanto de la trama corrupta diseñada por Fabricio, lo que el primero niega. El hermano del mandatario es hoy un crítico cuyas denuncias tienen amplia difusión en los medios opositores de Ecuador. Según el fallo judicial, Calderón y Zurita no probaron lo escrito.
Además de los inusitados montos indemnizatorios, en el expediente de El Universo se suma una sentencia de prisión de tres años contra dos directivos del diario de Guayaquil y el autor de la nota que desató el litigio, Emilio Palacio. En dicho artículo, publicado el 6 de febrero de 2011, se define al presidente como “dictador” y se lo acusa de haber cometido “crímenes de lesa humanidad”.
Correa anunció diferentes destinos de los millones que recibiría si gana los juicios. Uno de ellos sería el traspaso de la indemnización a trabajadores de El Universo, para que le compren el diario a la familia Pérez, actual propietaria.
A partir de la apelación de Correa a la vía penal y civil para combatir contenidos difundidos por medios opositores, el caso ecuatoriano adquiere características singulares en un continente en el que varios gobernantes llevan a cabo una disputa con las organizaciones periodísticas tradicionales. No hay otro país de la región en el que se registren penas tan severas por los denominados “delitos de opinión”.
Así lo observa Martín Becerra, experto en el negocio de las telecomunicaciones y docente de las universidades de Buenos Aires y Quilmes: “La sentencia por delitos de opinión contra un Presidente es una de las peores respuestas que puede ofrecer un gobierno que cuestione el accionar cartelizado de los grandes grupos concentrados de medios”.
En efecto, el mapa mediático que encontró el economista al asumir la presidencia de Ecuador en 2007 estaba, como en muchos mercados latinoamericanos, concentrado en pocas manos y con predominio ideológico adverso. Una característica particular de su país era que importantes medios audiovisuales estaban en manos de banqueros, alguno de ellos prófugo de la Justicia bajo acusación de fraude financiero.
“Ecuador está debatiendo una regulación de los medios inédita, pero el hecho de que Correa haya promovido la condena de dos periodistas interfiere en el tipo de orientación que puede tener la política de comunicación de su gobierno. Contrariamente, el gobierno argentino ha avanzado en la despenalización de los llamados delitos de opinión e impulsó una reforma en la Ley de Medios (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que es totalmente respetuosa de todas las opiniones”, remarcó Becerra.
Ante los excesos de Correa, corresponde también citar un párrafo de la nota de El Universo que desató el juicio, la que, según acaban de declarar sus directivos, volvería a ser publicada hoy, sin arrepentimientos: “El Dictador debería recordar que… un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”
