A días de que la Municipalidad termine de procesar el censo de las familias que a mediados de enero habían ocupado el espacio de cinco hectáreas ubicado a la altura de bulevar Avellaneda al 4300, en las últimas horas del domingo pasado unas 150 personas volvieron a instalarse y levantar precarias casillas en el mismo predio, que en parte pertenece al Estado municipal y en parte al gremio estatal UPCN, además de un propietario particular.
El Ejecutivo local tenía previsto realizar mañana un pedido ante la Justicia para que ordene liberar la zona en la que seguían instaladas unas 50 familias, que no habían aceptado el acuerdo que puso fin a la primera usurpación. Ahora, extenderá esa presentación a los recién llegados. Desde el Palacio de los Leones enfatizaron que es necesario “poner un límite” a estos incidentes para que no se generalice una suerte de estrategia dirigida a obtener terrenos públicos por la vía de las ocupaciones.
El nuevo asentamiento ocurre justo cuando estaba a punto de culminar una etapa del acuerdo alcanzado con los protagonistas del primero. En diálogo con El Ciudadano, la subsecretaria general del municipio, Lorena Carbajal, informó que el viernes último representantes del Ejecutivo local y 12 referentes de las 400 familias que –provenientes de diferentes barrios– habían ingresado a los terrenos el 15 de enero, se reunieron para compartir los avances del “censo”, que desde el 6 de febrero realizan las áreas sociales de los gobiernos provincial y local. El relevamiento es fruto de las negociaciones entabladas el pasado 20 de enero, que como contrapartida permitieron liberar gran parte del terreno. Al momento, la Municipalidad tiene encaminados 500 registros de situación –ingresos, grupo familiar y condiciones habitacionales– que terminarán de redondearse durante la primera semana de marzo.
El nuevo incidente no fue, con todo, una sorpresa absoluta: “En las últimas semanas tuvimos varias alertas por ocupación por lo que se trató de mantener más presencia. Sin embargo, sin la resolución de la Justicia y con el fin de semana largo, la ocupación volvió”, explicó Carbajal.
El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, confirmó que mañana a primera hora –primer día hábil de la semana– volverán a la Justicia para que ordene liberar el predio. La decisión ya estaba tomada, pero en principio comprendía a las 50 familias que permanecieron en el sector de los terrenos perteneciente al sindicato UPCN cuando el resto se retiró. Ante los nuevos acontecimientos, el pedido se hará extensivo a la situación creada por los nuevos ocupantes.
Asegurado recalcó el trabajo social realizado sobre los grupos que habían protagonizado el primer asentamiento. Y señaló que la nueva presentación judicial tiene como propósito desalentar expectativas respecto de la eficacia de las usurpaciones como estrategia para obtener terrenos o viviendas por parte del Estado.
El secretario de Gobierno calificó como particularmente complejo el caso de las 50 familias que no habían acordado la salida del lugar a cambio del relevamiento municipal y la oferta de soluciones públicas según cada caso. El grupo, que no reconoce referentes con los que dialogar, permanece en la parte del predio propiedad de UPCN, gremio que lo adquirió para levantar viviendas destinadas a sus afiliados, algunas de las cuales ya están terminadas y adjudicadas sin que los trabajadores beneficiados las puedan habitar.
El funcionario destacó que la mayor parte de las cinco hectáreas hoy usurpadas –ubicadas entre los barrios Acindar, Alvear y Vía Honda– tienen precisamente como destino planes habitacionales para sectores de bajos ingresos, para lo que ya están diagramados los trazados de calles y la provisión de servicios: además del lote de UPCN está otro fiscal, donde la Municipalidad levantará nuevas viviendas del Plan Hábitat.
Los problemas allí comenzaron a sólo 15 días del comienzo de 2012. Unas 200 familias de distintos barrios, divididas a su vez en varios grupos, se instalaron e hicieron –a modo de puesta en escena– un loteo de los terrenos.
El municipio organizó los reclamos coexistentes –a los de las familias que deseaban el terreno para construir se sumaron los de vecinos del predio por obras de infraestructura y apertura de calles–, a los que se añadieron rápidamente otras 200 familias. Tras complicadas negociaciones con los referentes designados por los ocupantes, lograron que el 90 por ciento de ellos liberara el lugar. A cambio, las autoridades locales realizarían un relevamiento caso por caso de las familias para luego proponer soluciones particulares. El trabajo estará finalizado el mes próximo. Con todo, fuentes municipales adelantaron que los datos obtenidos por las entrevistas y las visitas a las actuales viviendas de los demandantes no dibujan cuadros de vulnerabilidad extrema, aunque sí de hacinamiento o malas condiciones habitacionales.
