El municipio solicitó a la Justicia rosarina medidas tendientes a desalojar a las 180 familias que desde el domingo ocupan los terrenos de Avellaneda al 4300. Es la segunda presentación que realiza el Ejecutivo contra los “nuevos vecinos” de las 5 hectáreas ubicadas al sudoeste de la ciudad. La primera fue desestimada por el Juzgado Correcional de la 5ª Nominación cuando el municipio consiguió oportunamente, a través de una negociación con gran parte de las familias, un acuerdo para liberar el espacio verde frente a la Vía Honda. Sin embargo, un grupo de más de 50 familias se quedó y días atrás se sumaron otras 100, lo que derivó en un nuevo pedido. El gremio UPCN, dueño de gran parte de las tierras en disputa, descartó hacer un paro de sus trabajadores en reclamo de la devolución de la tierra hasta la semana que viene.
En diálogo con El Ciudadano, el representante de Asuntos Jurídicos del municipio, Alejandro Schwarzman, confirmó que ayer por la mañana, el Ejecutivo presentó en Fiscalía General un nuevo pedido para que la Justicia fuerce el desalojo de las familias que ocupan los terrenos de Avellaneda al 4300. Según los parámetros judiciales, el fiscal tiene 48 horas para ajuntar el nuevo pedido a la causa anterior, que el municipio comparte con UPCN y fue apelado en el Juzgado Correcional de la 5ª Nominación.
Consultado por las razones para desestimar los pedidos, el representante municipal aludió: “Indicaron que, desde el punto de vista penal, no existe usurpación sino una disputa social que está en negociación”. A su vez, la subsecretaria General de la Municipalidad de Rosario, Lorena Carbajal, indicó que como correlato de la presentación, se elevaron a la Justicia las actuaciones que hizo la Municipalidad para lograr un acuerdo con los vecinos. “Entregamos todo el relevamiento de las familias que habían ocupado los terrenos. Esperamos ver qué define la Justicia para ver cómo continuamos trabajando con las familias”, agregó la funcionaria.
En la mañana de ayer, el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado habló sobre la presentación judicial y el trabajo de relevamiento de las condiciones de las más de 300 familias que tomaron el predio durante la primera quincena del año. “Nos encontramos con distintas situaciones pero semana tras semana se nos complicaba el trabajo. Hay un grupo que nunca se fue y eso dejaba en los otros la sensación de que los engañábamos”, observó sobre las 50 familias que no acataron lo acordado entre 12 representantes de la toma y el municipio. Para el funcionario, la toma significó un retroceso a la solución del reclamo habitacional. “Hay que liberar esos terrenos y seguir trabajando con esas familias necesitadas. Estamos comprometidos a trabajar pero no con una situación delictiva de por medio”, remarcó.
En pie de guerra
Hace unos días trascendió que el gremio UPCN, sindicato al que le pertenece parte de los terrenos, estaba a punto de realizar un paro de actividades a razón de la ocupación. Néstor Audero, secretario general de UPCN, confirmó que hace 15 días, y mediante una asamblea, se le otorgó a la comisión directiva la potestad “de actuar como consideren a fin de liberar los terrenos”. Alentados por la presentación judicial del municipio de ayer, los representantes del gremio esperarán hasta la semana que viene antes de efectuar cualquier medida de fuerza o movilización. La razón, según explicó Audero, es que todavía están en negociaciones con el gobierno provincial por las paritarias 2012.
