El destituido juez argentino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, fue detenido ayer por Interpol en un domicilio en la localidad chilena de Reñaca.
Así lo había solicitado el ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalís Oyarzún, quien ordenó la detención preventiva de Romano tras haber analizado la información entregada por el ministerio del Interior sobre la petición de refugiado que hizo a Chile el destituido camarista, prófugo de la Justicia argentina desde agosto.
Con la detención de Romano, se avanza en el pedido de extradición solicitado por la Justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
Según informó el diario La Tercera, Romano será trasladado a la Corte de Apelaciones de Santiago para declarar ante Oyarzún.
Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Magistratura, que lo consideró “cómplice” de la dictadura militar.
Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por 8 meses.
En septiembre de 2011 fue declarado prófugo por la Justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal mendocino Walter Bento pidió su captura internacional que ayer se concretó.
Romano figuraba en la lista entre los más buscados por Interpol Internacional por “crímenes contra la humanidad”, junto a uno de los hijos de Muhamar Gaddafi, Said al Islam, y los ex funcionarios iraníes requeridos por la Justicia argentina por el atentado contra la mutual israelita Amia.
En su sentencia, el Jury de Enjuiciamiento dijo que “no le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”.
El jurado lo acusó de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura.
