Un buen sistema de transporte y la transparencia en la gestión de la cosa pública son dos de los principales faltantes en el inventario de progresos del kirchnerismo y acaban de confluir en el brutal accidente ferroviario de la estación Once.
“La corrupción mata” fue repetido con insistencia desde el trágico episodio del miércoles. Parece fruto de un razonamiento exagerado y simplista, pero hay una línea de puntos que une aquellos dos déficits de la última década.
Un hecho ilumina esa secuencia. El mismo día del accidente en el tren el cuestionado juez Norberto Oyarbide favoreció a Ricardo Jaime al desistir de incorporar e-mails incriminatorios como prueba contra el ex secretario de Transporte en una de las causas que se le sigue por corrupción durante su paso por el gobierno.
Jaime ejerció el control sobre el transporte desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner en mayo de 2003 hasta mediados de 2009, luego de la derrota en las elecciones legislativas y acosado por denuncias de corrupción.
En uno de los expedientes en los que está imputado, se investigan dádivas recibidas por el ex funcionario por parte de empresarios a los que debía controlar. Entre ellos se encuentran viajes de placer pagados por Claudio Cirigliano, cabeza del grupo que controla Trenes de Buenos Aires (TBA).
Un documento elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2008 dio cuenta de un “alto grado de deterioro de la infraestructura” ferroviaria producto de la “falta de mantenimiento en forma metódica y sistemática”.
No es que los controles no se hayan hecho. Ese informe se realizó sobre la base de trabajos efectuados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Mientras tanto se destinaban millonarios fondos en concepto de subsidios a TBA, pero el servicio nunca mejoró. Alguien en algún lugar de la hiedra del poder hizo la vista gorda.
La familia Cirigliano tomó el control de la línea Sarmiento en 1995, justo en la mitad de la década menemista, pero supo cultivar buenos contactos en los sucesivos gobiernos.
Sin embargo, parece que el gobierno –con el tremendo saldo del accidente de tren– inició el camino para avanzar sobre TBA. Según trascendió, podría ser a través de una intervención.
Con el actual secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en el ojo de la tormenta, habrá que ver si también hay cambios en el elenco de funcionarios afectados al área.
Un problema de fondo
El mismo titular de la AGN que produjo ese diagnóstico lapidario sobre el servicio ferroviario, Leandro Despouy, está a punto de dejar su cargo. El 21 de marzo hará un informe de diez años de gestión que fue presentado como su último aporte.
Ese cargo pertenece a la primera fuerza opositora en el Congreso, la UCR, y su desplazamiento generó polémica en el centenario partido: el titular del Comité Nacional, Mario Barletta, propuso como reemplazante al ex titular del Consejo de la Magistratura, Mariano Candioti, cuestionado internamente por su aparente proximidad con el gobierno.
En caso de no ser reemplazado por un dirigente de igual idoneidad y perseverancia la oposición habrá asestado otro golpe al debilitado sistema de controles y auditorías del Estado.
En los últimos años hubo varios retrocesos:
n La decisión de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), un órgano de control interno del Poder Ejecutivo, de dejar de publicar sus informes en su sitio web.
n La renuncia del Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, también conocido como fiscal anticorrupción, por diferencias con el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Entre otras cosas, Garrido investigó a los directivos de TBA. Su vacante, abierta hace tres años, no fue cubierta.
n La Defensoría del Pueblo de la Nación perdió protagonismo desde abril de 2009 cuando Eduardo Mondino finalizó su mandato de diez años y fue reemplazado por su adjunto, Anselmo Sella. Mondino, precisamente, había impugnado las renegociaciones de los contratos de servicios públicos.
n La Oficina Anticorrupción (OA), otro órgano de control interno, está conducida por el dirigente kirchnerista Julio Vitobello y su tarea pasa prácticamente inadvertida.
n Además de haber sido debilitados, estos organismos no trabajan coordinamente.
n El kirchnerismo sigue sin dar impulso a la ley de Derecho a la Información pública que se discute desde hace varios años en el Congreso. Es uno de los dos países de la región junto con Venezuela que no cuenta con ese resorte legal para acceder a documentación pública clave, lo que facilita el control externo.
Sin estos instrumentos, algunas organizaciones de la sociedad civil (Poder Ciudadano, Cippec, Directorio Legislativo) reman contra la corriente en su tarea y las causas por corrupción evidencian un lento avance en la Justicia.
Ahora quedó bajo la lupa la actuación del vicepresidente Amado Boudou en torno de la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica que habrían efectuado allegados para favorecerse por contrataciones del Estado como la confección de papel moneda.
El fiscal federal Carlos Rívolo comenzó a investigar al ex ministro de Economía por lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública, causa que está a cargo del juez Daniel Rafecas.
Pero por una denuncia de un particular presentada en diciembre, luego archivada y ahora reflotada, Oyarbide –acusado de haber favorecido al kirchnerismo en los últimos años– entró en escena en el caso y podría pedir la unificación de las causas en su juzgado por haber recibido la primera denuncia.
