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A la cárcel por narcotráfico

Un colombiano y cuatro argentinos fueron condenados en Santa Fe a penas de entre 6 y 10 años de prisión, tras ser hallados culpables de comercializar cocaína a Europa y conformar una asociación ilícita.

Un colombiano y cuatro argentinos fueron condenados en la ciudad de Santa Fe a penas de entre 6 y 10 años de prisión, tras ser hallados culpables de comercializar cocaína y conformar una asociación ilícita. El hecho que dio origen a la causa fue un allanamiento en una finca ubicada en las afueras de la ciudad de San Javier en mayo de 2009, donde se secuestraron 89 kilos de cocaína dentro de árboles de palo borracho.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por la jueza María Ivón Vella (presidenta) y los vocales José María Escobar Cello y Otmar Paulucci, penó el pasado jueves con 10 años de prisión a dos de los imputados: el colombiano Fabián Antonio Marín Hernández, de 46 años; y Roberto Carlos Rodríguez Luna, alias Cabrito, de 34. Sergio Rafael Velarde, de 36, y Santos Eriberto Bamba, de 39, que eran la mano de obra del negocio, fueron condenados a 6 años de prisión, mientras que David Gustavo Sagardoy, de 43, quien en su momento intentó escapar del operativo, generando una persecución que culminó en la ciudad de San Javier, fue sentenciado a 8 años de cárcel.

Antes de conocerse la sentencia, los imputados tuvieron la oportunidad de realizar una última declaración. En ella, el colombiano Marín Hernández sostuvo que había sido contratado por el jefe de la organización, Arturo Luglietto, en Bolivia para trabajar para él en San Javier, pero dijo “estar arrepentido” y pidió perdón “al Tribunal, a la Fiscalía y al pueblo argentino”. Mientras que Roberto Carlos Rodríguez Luna, alias Cabrito, dijo que “siempre había colaborado con la Justicia y que contó siempre cómo funcionaba la organización”

La defensa de los cinco imputados había realizado planteos de nulidad de la causa, pero el Tribunal Oral halló a los cinco como autores responsables del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas”.

La causa fue conocida como Operación Ambassador II y desbarató una banda que actuaba en Argentina y tenía conexiones con Paraguay e Italia.

La maniobra delictiva fue desbaratada en Nápoles por la policía italiana, que logró la captura del cabecilla de la banda, Arturo Luglietto, junto con el paraguayo Hernando Solís Ortíz, alias Nani, además de otras cinco personas y un embarque de 250 kilos de cocaína, valuada en aquel entonces en el mercado europeo en 170 millones de euros, que estaba oculta en troncos de palo borracho (específicamente la especie samuhú, nativa de los bosques cálidos y húmedos de las regiones subtropicales de Paraguay, Brasil y norte de la Argentina) que habían ingresado a Europa como “importación de plantas tropicales”.

Ese operativo fue el punto de partida para desbaratar una banda se dedicaba al tráfico de cocaína de máxima pureza que iba escondida en cargamentos de palo borracho que se exportaban de Paraguay, vía Argentina.

El 7 de mayo de 2009 fue allanada una finca ubicada sobre la ruta provincial 1, en jurisdicción de Colonia Francesa, al sur de la ciudad de San Javier, donde se secuestraron 89 kilos de cocaína de máxima pureza.

Ese operativo –que fue encabezado por el actual jefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli– permitió confirmar lo que el jefe narco, Arturo Luglietto, había confesado ante los agentes de Finanzas en Nápoles, donde convirtiéndose en una figura similar a la del “arrepentido” señaló el lugar exacto donde se encontraban varios kilos de cocaína que iban a salir sin problemas desde la Aduana porteña,

Los agentes italianos pidieron colaboración a efectivos federales de Reconquista y a la división antinarcóticos de la Policía santafesina que confirmó la presencia del grupo en San Javier, mediante una visita que hicieron al lugar simulando ser agentes sanitarios que llevaban información para combatir el dengue.

Cuando allanaron la finca, los agentes apresaron al colombiano Fabián Antonio Marín Hernández y a los salteños Sergio Velarde y Santos Bamba. En su poder, la policía secuestró 89 kilos y 200 gramos de cocaína que estaban en una carretilla, a punto de ser trasladados.

Esa misma madrugada fue apresado David Gustavo Sagardoy (43), cuando intentó eludir el cerco policial y escapar a bordo de una camioneta Isuzu Trooper. Fue arrestado a metros de una estación de servicio YPF que es usada como parada por transportistas, camioneros y viajantes, sobre la ruta provincial 1, en el ingreso a la ciudad de San Javier. El rodado tenía un doble fondo que se presume era usado para transportar la droga.

El quinto imputado, Roberto Carlos Rodríguez Luna, apodado Cabrito, fue atrapado en junio de 2009 en Gerli, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Según los investigadores, Cabrito recorría el país trasladando en camiones la droga escondida en palo borracho. Hacía escala en San Javier y seguía para Buenos Aires, donde embarcaba las especies vegetales rumbo a Italia. En tanto, el colombiano Marín Hernández oficiaba de nexo con financistas bolivianos y con Luglietto, quien además producía espectáculos musicales en Paraguay.

Luglietto fue condenado en abril de 2010 en Italia a cadena perpetua por contrabando agravado de estupefacientes.

El fiscal general Martín Suárez Faisal había solicitado penas entre 8 a 12 años de prisión para los cinco imputados; mientras que las defensas reclamaron la absolución de los cinco o, en caso de ser condenados, se les aplicara el mínimo de la pena.

El Tribunal Oral fijó audiencia para el 1° de marzo, a las 20, para dar lectura a los fundamentos del fallo. Y se presume que, tras conocerse los mismos, la defensa del colombiano Marín Hernández, a cargo de Gustavo González; los defensores públicos Germán Artola y Fernando Sánchez (que asisten a Velarde, Sagardoy y Bamba) y Ricardo Degoumois y Gabriel Micheloud, defensores de Rodríguez Luna, apelen la sentencia.

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