La “sintonía fina” puesta en marcha por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al modelo económico hizo eclosión política esta semana, en la que nuevas pulseadas se sumaron a problemas de arrastre.
La presidenta necesitó o se tomó más tiempo que nunca para presentar el estado de situación del país ante la Asamblea Legislativa, en medio de anuncios, cuellos de botella y “fatalidades” que marcan el actual tiempo político y económico.
El cuadro de situación configurado en las últimas semanas muestra más malas noticias que buenas para un gobierno acostumbrado a enviar mensajes de abundancia y que ahora debe justificar los porqué de la coyuntura actual.
Esto acentuó las divisiones en las alianzas políticas que el kirchnerismo había forjado con la mayoría de los gremios. A la ya ruptura con el titular de la CGT, Hugo Moyano, se sumaron esta semana dirigentes que habían acompañado a la administración kirchnerista en etapas de bonanza, como los de Ctera.
La Confederación lanzó un paro nacional para el martes en reclamo de un salario de 3.000 pesos y la presidenta, que ve naufragar su intento de contener las ambiciones sindicales, les pegó donde más duele: dijo que trabajan cuatro horas y que tienen tres meses de vacaciones, lo cual no es real. Más certera estuvo al reprochar los altos niveles de ausentismo docente.
En el fondo de esa discusión subyace una puja por controlar la inflación, aunque otras decisiones tomadas en las últimas horas pueden llegar a ser contraproducentes para esa misión, como la de permitir que el Banco Central use más reservas –ya no sólo las de libre disponibilidad– para pagar deuda.
Precisamente este anuncio, uno de los principales que formuló la jefa del Estado ante el Congreso y que será formalizado por ley, también tiene otra explicación: la imposibilidad de acordar con el Club de París para facilitar el regreso a los mercados voluntarios de crédito.
Ese grupo de países acreedores reclama prácticamente un pago al contado y sin quita de unos 9 mil millones de dólares.
YPF, TBA, subtes
Una de las primeras medidas derivadas de la “sintonía fina” fue la eliminación de subsidios. En ese contexto, la Casa Rosada buscó desprenderse del servicio Subterráneos de Buenos Aires al que asignaba 700 millones de pesos anuales, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, lo había aceptado con la premisa de mostrar “gestión” para su proyecto presidencial.
El problema aquí precisamente es ése, la pelea por el poder de cara a 2015, que lamentablemente para más de un millón de usuarios del subte se adelantó tres años y medio.
Luego de algunos sinsabores en la negociación, el jefe de gobierno intuyó que convenía pagar el costo político de devolver el servicio ahora y no más adelante cuando los probables problemas con los gremios combativos, la falta de recursos y la imposibilidad de ejecutar obras se lo cobren.
De paso se plantó como el único contendiente de peso a la administración central, teniendo en cuenta que la UCR no tiene un líder claro y a Hermes Binner ya le cuesta encontrar su rol tras haber abandonado el Ejecutivo provincial.
Macri parangonó la situación del subte con la de los trenes y habló de otro posible accidente como el de Once que se cobró 51 vidas. Fue una exageración, pero lo cierto es que los usuarios viajan mal en ambos servicios y, según se desprende de los mensajes cruzados, parece que no hay recursos para mejorarlos.
La propia Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), un organismo oficial, había dado cuenta repetidas veces de los problemas de la ex línea Sarmiento operada por Trenes de Buenos Aires (TBA) y la Secretaría de Transporte tuvo la facultad de ser más severa con el concesionario pero no lo hizo.
Ahora, mientras espera un dictamen judicial, el gobierno intervino preventivamente TBA y, si bien la relación con la familia concesionaria Cirigliano siempre fue muy buena, no sería extraño que la intervención sea definitiva. “Por ahora estamos trabajando como para quedarnos”, contó un funcionario.
Otro que estuvo y está bajo riesgo es Repsol-YPF a partir del cambio de la ecuación energética. Se esperaba un anuncio de intervención en el discurso de la jefa del Estado, pero se supo luego que recibió un llamado del rey Juan Carlos de Borbón para que Repsol no perdiera la concesión.
La relación con España sigue siendo estratégica pese a que el Partido Popular gobernante ya mostró algunos cambios respecto de sus antecesores socialistas. Por lo pronto removió el privilegio de tener en Buenos Aires un embajador político como Rafael Estrella y en su lugar envía a un diplomático de carrera como en la mayoría de los otros destinos.
El propio soberano había intervenido ante Carlos Menem para que en 1999 el gobierno le permitiera vender YPF a Repsol. Lo contó el 12 de mayo de 1999 la ahora senadora por la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro en una nota escrita en el diario La Nación. Se trata de la hija de José “Pepe” Estenssoro, a quien la presidenta mencionó en su discurso.
La actual senadora contó en ese momento que, con su padre fallecido cuatro años antes, el rey le comunicó a Menem que Repsol estaba interesada en comprar las acciones de YPF y Menem le aconsejó a Repsol que contratara como abogado a su amigo Roberto Dromi: “Dromi recibió un mandato claro: presionar al directorio para que cambiara el estatuto de la firma”.
En ese momento, según recuerda aquella nota, YPF era una compañía modelo, con ventas por 5.500 millones de dólares al año, y una ganancia neta de 580 millones y exportaba el 30 por ciento de su producción. “Si YPF es absorbida por Repsol, es probable que el país pierda una empresa que genera 3.200 millones de dólares al año en pago de impuestos, dividendos y regalías, y una tremenda fortaleza geopolítica como proveedor principal de hidrocarburos en América del Sur”, había pronosticado Estenssoro antes de que el avión que lo transportaba se precipitara a tierra.
