El juez federal Claudio Bonadío impuso el secreto de sumario en la causa en que se investiga las 51 muertes provocadas por el choque del tren de TBA en la estación Once, debido a «la proliferación de noticias, muchas de ellas parciales o contradictorias».
Así lo dispuso el magistrado para «evitar que la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados por las partes que intervienen en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población».
«No se descarta que con la difusión de esos datos parciales se quiera construir e imponer mediáticamente una versión que luego no se ajuste con la realidad que determine los distintos peritajes o constancias de la causa respecto de los hechos investigados, quedando estos confrontados con la imagen mediáticamente construida que el conjunto de la población se haya hecho», añadió.
En su resolución, que el juez difundió por el portal informativo de la Corte Suprema, citó dichos del catedrático Raúl Cervini, respecto a que «los medios de comunicación social suelen tener una enorme incidencia en la generación y fortalecimiento del estado subjetivo de inseguridad pública a efectos de propiciar una pretendida solución punitiva, incluso desconociendo los resultados de investigaciones criminológicas responsables y a las reales necesidades de control social».
«Lo que se pretende con el secreto sumarial es evitar los denominados juicios paralelos, llevados a cabo por los medios a través de sus informaciones y reportajes, determinan de hecho inocencias y culpabilidades, llevando a la opinión pública a firmes convicciones acerca de los asuntos sometidos a juicio», concluyó.
Bonadío aclaró que la medida «en ningún modo obsta o entorpece la labor de los peritos de oficio o de parte ya que solo restringe lo que los mismos pueden comunicar a las partes respecto de los estudios parciales que se realicen para realizar la manda pericial».
El juez aseguró que «la finalidad» es «evitar que la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados por las partes que intervienen en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población».
Previamente, el magistrado confirmó su decisión de aceptar como querellante al Estado Nacional en el marco de la investigación al desestimar un recurso de apelación planteado por el abogado Gregorio Dalbón, representante de varias víctimas.
Bonadío consideró que «el remedio procesal intentado por el apelante para perseguir la separación de unos de los querellantes no es el correspondiente» en virtud de que «el recurso de apelación, no es la vía apta para cuestionar la admisión del querellante o, dicho de otro modo, para obtener su separación una vez admitido como tal».
En ese sentido, el juez afirmó que «el querellante carece de la facultad para interponer la vía recursiva, toda vez que sólo quien soporta el proceso, es decir, el imputado o su defensa, pueden oponerse a la intervención de las partes acusadoras».
En su resolución, invocó jurisprudencia según la cual «a un querellante le está vedado pedir el apartamiento de otro».
Este lunes, Bonadío dispuso la prohibición de salida del país del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y de los hermanos Cirigliano, a cargo de la concesión de la empresa TBA, de la cual una formación del ramal Sarmiento impactó al llegar al andén 2 de la estación Once.
Por el siniestro murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos, y por lo pronto, peritos designados por el juez realizan estudios sobre la formación estacionada en el andén para determinar las causas del accidente.
