El abogado Carlos Varela, patrocinante de la franquicia local de la disco Esperanto, denunció hoy públicamente –y lo hará mañana ante la Justicia– al concejal Roy López Molina de haber recibido sobornos por parte de “potenciales competidores” de la firma para frenar la habilitación del boliche cuya sede está en Buenos Aires. El profesional dijo tener filmaciones y registros de llamadas telefónicas y mails que sustentan la grave acusación. El propio edil del Pro se defendió y negó tajantemente las acusaciones al decir que “carecían de fundamento”.
En declaraciones a la prensa, Varela comentó que “había recibido pruebas” que López Molina “habría recibido soborno por parte de los potenciales competidores” de la disco Esperanto. “Hay una serie de indicios, tenemos mails, llamadas telefónicas, un video, en los que se lo ve a él ingresando en horas de la tarde a una confitería que es potencial competidora. La información que tenemos es que recibió una suma de dinero con una promesa contra la no apertura. Una importante suma de dinero porque los volúmenes de dinero que se manejan en este ambiente son altísimos. Él es el único que tenemos registrado”, explicó.
“A nosotros siempre nos había sorprendido cómo podía ser que un concejal que tiene, por lo menos en términos teóricos, conocimiento del derecho y habiéndose cumplimentado todos los reglamentos establecidos normativamente por la Municipalidad en relación a la apertura de la confitería y no habiéndose logrado los porcentuales requeridos en el registro de oposición, no podíamos entender por qué razón persistía en su actitud cuando la legitimidad estaba dada. Empezamos a entender que había otras intenciones a través de los indicios que ahora tenemos. Ahora sí podemos entender por qué el concejal insistió”, acusó en declaraciones a La Ocho.
A modo de respuesta a la grave denuncia, López Molina cargó contra el conocido abogado al recordar que es el defensor de quienes están acusados de perpetrar el triple crimen de Villa Moreno, además de reconocidos barras bravas. “Así como puede incurrir en este tipo de acusaciones sin fundamento, infames, para defender a la firma nosotros vamos a seguir defendiendo el único interés que nos ha interesado en el minuto cero, que es el interés del vecino de Rosario. Lógicamente, como estamos muy tranquilos de lo que hemos hecho todas estas cuestiones que ha planteado las va a tener que demostrar en la Justicia”, indicó.
“Imagínense si un concejal no puede pedir informes sobre cuestiones, sobre puntos en los que tiene dudas, eso no solo afecta al propio concejal sino a las propias facultades de todo el cuerpo deliberativo. Yo creo que lo único que se intenta hacer, por más grave que parezca, es ensuciar y desviar el eje de la discusión y eso no nos va a amedrentar”, agregó.
“Vamos a actuar como cualquier otro ciudadano, vamos a ir a defendernos y a plantear todo lo que consideremos importante y a ver el grado de sustento que tiene este tipo de prueba que supuestamente tienen. Pero más allá de esto, eso no nos va a desviar ni un ápice de la otra cuestión. Más allá de estas acusaciones graves y hasta rimbombantes nosotros vamos a dedicarnos a defender el interés del vecino de Rosario”, añadió.
El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, quien mantuvo una comunicación con López Molina destacó: “A mi no me gustó cuando por observaciones administrativas se generaron sospechas sobre nosotros, sobre el municipio. Se hicieron muchas cosas respecto a nuestra actuación. Tampoco me gusta y se lo he hecho saber al propio concejal sobre el hecho de generar sospechas sobre la actuación de otro”.
“Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras actuaciones y nos vamos a tomar con mucha tranquilidad estos quince días. Si hay puntos nuevos para rever algunas cosas como abrir nuevamente un registro de oposición lo vamos a evaluar. No me gusta esta cosa de sospechas, no me gustó cuando las tuvieron sobre nosotros ni las de ahora contra el concejal”, concluyó.
Por último, cabe recordar que la comisión de Gobierno del Concejo Municipal aprobó esta semana la suspensión por 15 días del trámite de habilitación para Esperanto tras haber escuchado a los responsables del emprendimiento y a los vecinos que se oponen a su emplazamiento en Presidente Roca y Zeballos. La decisión de los ediles se produjo por las dudas que despertó el sistema de notificación que aplicó la Intendencia para el registro de oposición.
