El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció que este año comenzará a aplicarse un sistema de incentivos que reducirá, hasta un máximo de 20 meses, las penas de las personas privadas de la libertad que estudien y aprueben los diferentes ciclos de la enseñanza. «La medida, que no tiene antecedentes en el sistema penal argentino, se basa en un dato comprobado: la formación de los internos durante el cumplimiento de sus condenas favorece su reinserción social plena y, en consecuencia, baja significativamente los índices de reincidencia en el delito», destacó el funcionario.
En ese sentido, Alak consignó que «sólo el 5% de los egresados del sistema penitenciario que cursaron estudios durante sus condenas vuelve a delinquir, y ese indicador cae al 0% en los casos de quienes egresan con un título universitario».
El funcionario formuló estas declaraciones durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que compartió con su par de Educación, Alberto Sileoni, en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Ezeiza. De la ceremonia participaron, además, la subsecretaria de Gestión Penitenciaria, Laura Lopresti, y el director nacional del SPF, Víctor Hortel.
«La ley 26.695, sancionada por el Congreso de la Nación en julio del año pasado, modificó el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad», precisó el ministro de Justicia, y apuntó que «el artículo 140 de esa norma fija reducciones de hasta 4 meses, acumulables hasta alcanzar un máximo de 20 meses, en las condenas de ‘los internos que completen y aprueben total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes'».
El ministro destacó que «se trata de una medida importantísima que reconoce el esfuerzo de los internos que, con su decisión de estudiar y capacitarse, apuestan a reinsertarse en la sociedad como ciudadanos capaces de ejercer todos sus derechos y también todas sus obligaciones».
«El 64% de la población carcelaria estudia en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado (61.171 son los inscriptos a diciembre de 2011 y 1634 los que el año pasado recibieron certificados por ciclos aprobados)», apuntó Alak, lo que, dijo, constituye el nivel más alto de América Latina y tiene un altísimo impacto positivo en el índice de reincidencia en el delito».
