La vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, y el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Roberto Superman, celebraron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que no resulta punible para las mujeres la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que esa situación no está supeditada a trámite judicial.
“Este fallo con voto unánime de nuestro Máximo Tribunal resalta que la Constitución y los tratados de derechos humanos no prohíben los abortos en estos casos y, por el contrario, impiden castigarlos, por lo tanto se abre una nueva interpretación que sienta jurisprudencia y deja de castigar a la mujeres víctimas de abusos sexuales”, afirmaron los ediles.
“Desde nuestro lugar –agregaron-, celebramos esta sentencia que es por lo cual lucharon cientos de mujeres que vieron violentados sus derechos. Establece una clara protección a la salud, a la integridad física, psíquica y principalmente a sus derechos sexuales y reproductivos.”
Por su parte, Roberto Sukerman resaltó que de esta manera “se pone fin al debate sobre si el Código Penal alcanza a todas las víctimas de violación o solo a aquellas que posean alguna discapacidad mental y deja en claro que cualquier mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo que es producto de una violación y que no requiere ninguna autorización judicial para eso”.
“Por otra parte deja un fuerte mensaje tanto para los médicos y hospitales, que a menudo se niegan a practicar abortos no punibles sin un expreso aval judicial, como para los jueces, que suman escollos con resoluciones que ponen en duda las excepciones legales que permiten abortar”, precisó López.
Asimismo, los concejales remarcaron la trascendencia del fallo de la Corte en cuanto dispuso exhortar tanto a las autoridades competentes para “implementar y hacer protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de las víctimas de violencia sexual” como así también “al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales a abstenerse a judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente”.
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