A poco de que se cumplan 30 años del conflicto bélico por Gran Bretaña, la Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley la declaración de Ushuaia, un documento simbólico que ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas y respalda las medidas del Gobierno en torno a la disputa con el Reino Unido.
Por unanimidad, tras casi seis horas de debate, el proyecto se aprobó a mano alzada y los legisladores aplaudieron de pie, junto con los grupos de ex combatientes que se acercaron al Congreso a escuchar la discusión.
El cierre estuvo a cargo del titular del cuerpo, Julián Domínguez, quien contó que en 1982 tenía 18 años y fue movilizado para la guerra, aunque finalmente no llegó a viajar a las Islas.
«Si en ese momento nos decían a nosotros que las distintas fuerzas políticas del país iban a unificar una posición común nos parecía una utopía y a treinta años se logró», afirmó Domínguez.
Los legisladores de todos los bloques suscribieron al dictamen, que ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas, en momentos en que crece la tensión con Gran Bretaña.
«Resaltamos la importancia de la reunión (en Ushuaia) el 25 de febrero. Destacamos el espíritu de aporte entre los distintos bloques y el compromiso de todos los que participaron y viajaron», afirmó el titular de Relaciones Exteriores, el kirchnerista Guillermo Carmona.
Durante el encuentro, la diputada del Frente Amplio Progresista (FAP), Margarita Stolbizer, también destacó el consenso que despertó la declaración y pidió que se incluyera un párrafo para aclarar que «la guerra se declaró durante la dictadura».
Carmona dijo estar de acuerdo con la líder del GEN, pero aclaró que el texto no iba a modificarse para «no cambiar la versión que llegó del Senado».
De todas formas, sostuvo que esa aclaración podía hacerse «en el recinto, para que conste la postura en la versión taquigráfica».
Mientras el titular de la comisión pasó el proyecto para la firma, los legisladores leyeron la declaración.
La iniciativa declara la «legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tal como lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, en su condición de partes integrantes del territorio nacional».
Además, expresa la «total convicción acerca de la situación colonial» de las islas, que «afecta la integridad territorial de la República Argentina y de que la disputa entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre esos territorios debe resolverse pacíficamente, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas».
Reafirma, en tanto, «la vocación por el diálogo y la paz de la República Argentina respecto de las Islas Malvinas» en un «esfuerzo sostenido para recuperar el ejercicio de la soberanía sobre esos territorios, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional».
«En este sentido, una vez más instamos a las negociaciones de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte», asegura la declaración.
