Los ediles de la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal rechazaron de forma unánime y devolvieron al Ejecutivo un millonario proyecto para construir una megaguardería náutica en la zona Puerto Norte. La propuesta llegó al Palacio Vasallo bajo el régimen de iniciativa privada en diciembre del año pasado por parte de la firma Inversiones y Mandatos SA, quienes en la zona ya levantaron las Torres Dolfines Guaraní. El motivo del revés fue que la empresa que propone y ejecuta la obra quería para luego una concesión del servicio de 40 años, con opción a cinco más, cuando la ordenanza que regula este tipo de proposiciones permite un máximo de 20.
En tanto, algunos ediles opositores cuestionaron al municipio al plantear que el proyecto ni siquiera debería haber llegado al legislativo local al no cumplir dicho aspecto de la normativa. Ahora habrá que ver qué resuelve la administración que encabeza Mónica Fein y qué es lo que hace también la firma en cuestión; si insiste y reformula o no su idea.
Según explicó el presidente de la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal, el radical Jorge Boasso, el proyecto fue rechazado por unanimidad en ese espacio al no ajustarse a lo dispuesto en la ordenanza que regula los llamados proyectos de iniciativa privada. La propuesta de la firma violaba el punto de la normativa que fija un límite de 20 años a la explotación comercial de la obra que licita el municipio, pero que responde a la propuesta inicial de la empresa.
La ordenanza de iniciativa privada fija que, una vez presentada formalmente una idea, el municipio tiene 60 días para evaluar si la declara de interés municipal y (si así lo considera) elevar al Concejo los pliegos de la licitación de la obra. Después, los ediles tienen cinco sesiones para expedirse. Si en el Palacio Vasallo la propuesta es aprobada, los autores del plan corren con ventaja a la hora de la licitación de los trabajos.
En este caso, el privado busca explotar el emprendimiento en la vera del Paraná por 40 años, con opción a 5 más. La idea es invertir nada más ni nada menos que 80 millones de pesos. La propuesta lleva la firma de Inversiones y Mandatos, del empresario local Aldo Lattuca, desarrollador de las mega torres Dolfines Guaraní (los dos edificios que ya se convirtieron en los más altos de la ciudad) y Embarcadero, además del inmueble de oficinas Nordlink, todo también en la zona de Avenida Francia y la costa.
A estas construcciones es que el empresario planifica agregar dicho puerto deportivo, con capacidad para 400 embarcaciones, soterrado en el sector costero que está justo “delante” de sus proyectos y con un frente de 440 metros sobre la barranca. Cuando se conoció públicamente la idea, en octubre del año pasado, desde el municipio explicaron que en esa zona también estaba previsto que el privado se haga cargo de otras obras y su consecuente mantenimiento, interviniendo en unos 15 mil metros cuadrados de la zona renovando la parquización y con la colocación de césped, arbolado y equipamiento urbano, como barandas de acero, bancos, cesto y columnas de iluminación
Lo cierto, es que lo que llama la atención en este caso es que el Ejecutivo haya girado el proyecto al Palacio Vasallo sabiendo que la propuesta violaba la ordenanza de iniciativa privada. Boasso sostuvo precisamente que era el municipio quien “tendría que haberles dicho a los empresarios que el proyecto no se ajustaba a la ordenanza.”. “No se debió viabilizar el pedido. No entiendo porqué se manda, es muy gruesa la cuestión”, indicó luego.
Al respecto, y por su parte, el edil del PJ Diego Giuliano, también integrante de la comisión de Planeamiento, explicó que “en general no se devuelven este tipo de iniciativas. Pero acá lo que se trató es de mostrar lo inapropiado que significa mandar proyectos fuera de la norma”. “Desde el municipio muchas veces se considera que el Concejo es una escribanía para resolver lo que ellos no pueden. Y eso hay que desterrarlo, generando premisas para que no se dé el festival de excepciones que pretende el Ejecutivo”, añadió con dureza.
En la misma línea, desde el propio Concejo otra fuente opositora a la coalición gobernante en la ciudad fue tajante. “Acá hay tres opciones; o en el Ejecutivo nos quisieron toman por tontos a los concejales, o son tontos ellos, o se quisieron hacer los tontos. Y a mí me parece que lo que sucedió es esto último”, sostuvo ofuscado el edil en cuestión.
En tanto, el otro dato llamativo es que en la comisión de Planeamiento la devolución del proyecto al Ejecutivo también contó con el aval de los dos ediles socialistas que integran ese espacio; Viviana Foresi y Manuel Sciutto, quien es además presidente del bloque oficialista. Consultada por este medio, Foresi sostuvo que se creyó que la “mejor opción” era que la iniciativa vuelva al municipio para que la administración local “vea con el interesado cómo seguir”. “Fue una devolución. Una forma de archivarlo al tema, lo que no es lo mismo que un rechazo. La idea es que se ate a la normativa vigente porque si no está claro que no tiene consenso. Si el tema no llega con acuerdos al recinto no tiene sentido seguir adelante”, se sinceró Foresi.
El antecedente más inmediato de naufragio de un proyecto de iniciativa privada es el que buscaba construir una cochera subterránea en la plaza San Martín. Allí, la firma extranjera Ingenconser, quien también tiene intereses en Puerto Norte ya que es la desarrolladora de de uno de los emprendimientos de alta gama de la zona, quería ejecutar y luego quedarse con la explotación del estacionamiento por 35 años. El hecho desató un verdadero papelón la madrugada del 8 de diciembre pasado cuando tras un áspero debate y durísimas acusaciones de varios ediles opositores el Concejo rechazó el proyecto.
Ahora habrá que ver qué resuelve la administración que encabeza Mónica Fein (ver aparte) y qué es lo que hace también la firma en cuestión; si insiste y reformula o no su idea.
Fein cree que hay que reconsiderar la normativa
Fuentes consultadas explicaron que las opciones para el Ejecutivo si decidiera insistir con la propuesta tal cual está planteada por el privado (con 40 años con opción a cinco más para la explotación del negocio) pasarían por diseñar un pedido de excepción a la reglamentación vigente.
Si no, otra cuestión (la cual llevaría un debate más extenso y también tendría que pasar para ser modificado por el Concejo Municipal) es la de rever los plazos de concesiones vigentes en la ordenanza de iniciativa privada.
En una entrevista brindada a este medio el 9 de enero de este año, la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, planteó la necesidad de que se vuelva a considerar ese punto de la normativa. “La ordenanza de iniciativa privada tiene 10 años. Era de cuando proponíamos que las constructoras no pagaran la inscripción para terminar edificios porque la situación económica era otra. Me parece bien que esa normativa se revea en este marco del país. Inversiones de alta magnitud muchas veces requieren mayor tiempo de recupero. Y los momentos donde se viene a invertir debemos aprovecharlos”, había sostenido la mandataria.
