Además del frente legislativo en el que negocia una reforma tributaria y espera que esta semana Diputados sancione la emisión de letras del Tesoro por 556 millones, el gobierno provincial está dando muestras de haber recuperado la voluntad política de conducir a la Policía provincial. La llegada de Leandro Corti al Ministerio de Seguridad le devolvió objetivos claros, mando sobre la policía y muestras de autoridad que se extrañaron en los últimos dos años.
La decisión de correr a las autoridades policiales de Santa Fe primero y Rosario después le reportó al gobierno incluso algún beneplácito de sectores de la oposición que venían señalando el déficit que arrastraba en la materia. No es mucho, pero es una señal de que hay voluntad de revertir una tendencia que permitía a los jefes policiales hacer la plancha y manejar los tiempos de ejecución de las líneas centrales de gestión que trazaba el Ministerio.
Hay tres pasos destacados de la gestión Corti: el acoplamiento del trabajo policial a la estructura de los distritos municipales en Rosario que implica una participación directa de civiles en las necesidades a atender y la calidad de la respuesta que se da; el claro mensaje de que ningún policía tiene el lugar comprado, y la decisión política de avanzar en las investigaciones sobre medio centenar de oficiales, entre ellos muchos de los jefes actuales, sobre los que pesan sospechas de enriquecimiento ilícito, ya sea para que se transformen en causas judiciales o para desestimarlas.
Aquí entra a jugar la responsabilidad de Poder Judicial, que debe ser una de las patas centrales de la ofensiva contra el avance de las bandas organizadas en torno al narcotráfico en Rosario y otros puntos de la provincia. Si bien se trata de un delito que recae en la Justicia federal, en los Tribunales provinciales hay mucho por hacer en materia de ayudar a la depuración de filas policiales, promover medidas investigativas y mover causas que de lo contrario prescriben y favorecen la impunidad. La Justicia santafesina no ha sido muy eficaz en esta materia, pero sería bueno que así como están surgiendo algunas señales alentadoras desde el poder político, otro tanto ocurra en los colosales palacios donde transitan jueces y fiscales.
El Poder Judicial tiene ahora una oportunidad para demostrar el compromiso en la materia a partir de la investigación recién iniciada en base a una denuncia anónima que llegó a manos de un fiscal de la Cámara Penal en la que se imputan distintos delitos a oficiales de la Policía, que van desde homicidios hasta sustracción de automotores y enriquecimiento ilícito.
Amenazas y su contexto
En este contexto el gobernador de la provincia Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein recibieron la semana pasada al jefe de la sección Policiales del diario La Capital, Hernán Lascano, después que se radicase una denuncia judicial por amenazas anónimas que recibió en un papel en el que se detallaban desde el automóvil en el que se moviliza hasta datos de su círculo familiar.
Del encuentro participó también Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, que además del acompañamiento gremial aporta asistencia legal a la par de la que dispuso Editorial Diario La Capital, que como corresponde se dio por agraviada con la amenaza dirigida a la persona de uno de sus periodistas.
Esta situación tuvo una vuelta de tuerca el jueves, cuando el rosarino detenido en el penal de Marcos Paz por tráfico de drogas y ahora condenado en una primera causa por el contrabando de algo menos de 300 kilos de efedrina a México, llamó desde la cárcel a una radio local y allí tuvo la polémica oportunidad de lanzar diatribas y difamar a Lascano, periodista de larga y probada trayectoria en distintos medios de la ciudad.
Aunque esto no pruebe que él o alguien de su entorno sea el autor de las amenazas, durante el tiempo que el condenado por traficar efedrina estuvo al aire esgrimió conceptos e ideas fuerza expresadas en el anónimo que contenía las amenazas. Por lo tanto, es de cajón que esas declaraciones deberán sumarse en las próximas horas a la denuncia original que radicó Editorial Diario La Capital para que sean debidamente investigadas.
La duda que queda dando vueltas es qué cosa llevaría a un condenado por narcotráfico a iniciar una ofensiva contra un periodista. Que le haya molestado que como jefe de sección haya enviado periodistas a cubrir el juicio que se le seguía al Rey de la Efedrina, es una explicación pobre; que, como otros periodistas, en su momento haya contactado al juez del caso Faggionato Márquez en busca de información no lo hace ni un conspirador ni nada que se le parezca.
Esto lleva a pensar dos alternativas: o la cárcel sumergió a Segovia en un delirio en el que realmente cree que un periodista es responsable de que esté preso; o habrá que contemplar también la posibilidad de que alguien lo mandó a llamar a la radio para decir lo que dijo. Cualquiera de las dos opciones son peligrosas.
Aquí cabe recordar por ejemplo que hace unos años Hernán Lascano como jefe de sección publicó testimonios con identidad reservada de policías que describían el circuito de las cajas negras en la Unidad Regional II de Policía (la Justicia no halló pruebas para avanzar penalmente en el caso) y que en el último año vino exponiendo de forma recurrente desde las páginas del diario de mayor circulación de la ciudad que la única forma de enfrentar la problemática de las bandas organizadas en torno a la economía de la droga que vienen regando de sangre y desolación a un puñado de barrios de la ciudad es investigando los bienes de los sospechados, recurrentemente mencionados como partícipes de diferentes tipos de crímenes pero en muchas ocasiones desvinculados de las causas judiciales por falta de pruebas sobre esos hechos puntuales. La idea alcanza también a jefes o recientes ex jefes policiales, como una forma de empezar a seguir de cerca esos vínculos entre fuerzas de seguridad y comercialización de drogas.
Está claro que Mario Segovia cayó cuando alguien descubrió o reveló el circuito de contrabando del que era parte, pero a nadie antes se le había ocurrido investigar cómo el hombre que era mozo del restaurante del club Cuba Libre ahora tenía propiedades millonarias y se lucía por la ciudad en un auto de lujo único sin que nadie le conociera aún hoy los ingresos lícitos que dijo tener y prometió demostrar ante la Justicia para justificar (pero todavía no hizo) semejante capital.
El gesto político del gobernador y la intendenta no es menor ni en vano. Como tampoco lo fueron los mensajes de solidaridad que surgieron desde casi todos los rincones del abanico político de la ciudad y de la provincia con representación parlamentaria. Dos de los tres poderes del Estado rápidos de reflejos sentaron posición en torno a un caso que tiene como trasfondo también a la libertad de expresión, como siempre que se pretende acallar o infundir miedo a un periodista o un medio.
Lo que viene ocurriendo en Rosario en los últimos años con el notorio despliegue territorial de bandas vinculadas al narcotráfico, su reguero de muerte y sangre, merecen una respuesta conjunta entre los distintos poderes del Estado y la complementación entre Nación y Provincia, cada uno con sus competencias y sus responsabilidades asignadas por las leyes y la Constitución. Pareciera que se está a tiempo de que no se haga realidad ese temor tan rosarino de volver a ser la Chicago argentina o llegar a sufrir los niveles de organización delictiva propios del Conurbano Bonaerense.
