Los legisladores provinciales María Eugenia Bielsa y Oscar Urruty junto con la ex directora del distrito Norte, Adela Armando, declararon ayer ante la Justicia en el marco del juicio de desalojo de un terreno ocupado en Nuevo Alberdi. La causa llegó a Tribunales el año pasado y compete a 2,5 hectáreas ubicadas en el extremo noroeste rosarino donde funciona un tambo. Bielsa, Urruty y Amando fueron a Tribunales propuestos por el movimiento Giros, en busca de convertir una disputa entre privados en una problemática política de ordenamiento territorial en la ciudad. “Nunca pudimos saber oficialmente quién estaba abriendo calles, plantando árboles y levantando infraestructura”, declaró Bielsa y avaló la teoría de especulación inmobiliaria entre desarrolladores y algún organismo estatal en las 250 hectáreas del noroeste.
Ayer por la mañana, el Juzgado de Circuito de la 5ª Nominación, a cargo de la flamante jueza Stella Maris Bertune, recibió las declaraciones de los diputados provinciales María Eugenia Bielsa y Oscar Urruty, más la actual secretaria de Salud municipal, Adela Armando. A pesar de estar convocados por la Justicia, los testigos Miguel Zamarini, presidente del Concejo Municipal, y el periodista José María Maggi no se presentaron ante la jueza que lleva adelante la causa caratulada “Jáuregui, Mario contra Licera, Oscar sobre desalojo” del año pasado.
Según explicaron desde Giros, el tambero Oscar Licera trabaja en el terreno que consideraba sin propietario desde hace 15 años. En 2007, Jáuregui se presentó como dueño del lugar y firmó un comodato con Licera para que éste pueda seguir trabajando. “Licera no sabía bien qué estaba firmando”, deslizaron desde Giros. El año pasado, Jáuregui se presentó ante la Justicia santafesina para pedir por el desalojo del terreno.
Sospecha con aval
Todos los testigos manifestaron no estar comprometidos con ninguna de las partes, pero indicaron conocer a fondo la problemática entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos que ocupan desde hace más de una década las tierras de Nuevo Alberdi en disputa. En el caso de Urruty, por haber participado de reuniones municipales con los vecinos, donde éstos denunciaron intimaciones de desalojo cuando las tierras –otrora en riesgo de inundación por los arroyos Salvat, Ibarlucea y Ludueña– fueron nomencladas a partir de anunciadas obras provinciales. En particular, la creación del aliviador 3 por parte del gobierno santafesino, que modificará la condición de “innundable” a gran parte de los terrenos de Nuevo Alberdi.
Cabe recordar que el legislador peronista es autor de un proyecto de expropiación de las 250 hectáreas en 2009, que según el Movimiento Giros están sujetas a especulación en Nuevo Alberdi. En partes de estos terrenos funcionan emprendimientos rurales, entre ellos, el tambo en cuestión hornos para producir ladrillos.
Adela Armando, que se desempeñó como directora del Centro Municipal Distrito Norte “Villa Hortensia” certificó las denuncias de los actuales vecinos de Nuevo Alberdi sobre aprietes de los desarrolladores.
Bielsa fue llamada a declarar por haber participado de la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal en su anterior labor como legisladora local. Allí, siempre según su declaración en Tribunales, recibió en varias oportunidades durante los últimos años a vecinos de Nuevo Alberdi que sindicaban a Jáuregui como hostigador y promotor de los desalojos. Entre lo más destacado de Bielsa, dijo que existe un grupo de inversores, cuya cabeza es Jáuregui, con intención de generar allí un área urbanizada. “Se abrieron calles, se plantaron árboles, se empezaron a realizar tendidos de estructura en un área no urbanizable”, señala en la declaración la diputada. También aclaró que como concejala pidió informes al municipio sobre esto y nunca recibió respuesta. A su vez, extendió el conocimiento de estas obras a todo el cuerpo legislativo local aunque “nunca pudieron saber oficialmente quién estaba abriendo calles, plantando árboles y levantando infraestructura”. Para Bielsa, la fórmula “conocida en Rosario” consiste en la especulación inmobiliaria de desarrolladores con “el aval de algún organismo estatal”. Esto significa que un grupo inversor compra terrenos depreciados económicamente y no habilitados para la urbanización, pero teniendo información de próximas obras públicas para esa zona comienza a ofrecerlos y a dotarlos con infraestructura urbanística. “Este es un proceso equivalente al de Aldea (por el country) y al de otros barrios que se compran baratos y se venden caros en función del plusvalor que genera la obra pública”, sintetiza Bielsa en su declaración. De acuerdo a la legisladora y tal como había denunciado el año pasado el movimiento Giros, la empresa constructora Cimar ofrecía por internet una urbanización que no estaba aprobada en el Concejo ni el Ejecutivo municipal.
“Es extraño que la causa avance tan rápido cuando se sabe que un juicio de desalojo normal tarda cuatro años mientras que en este ya se cerró la etapa de presentación de pruebas”, explicó Juan Monteverde, referente de Giros.
