¿Qué cosa determinaba que los oficiales, suboficiales y soldados comprometidos con el régimen nazi no sintieran culpa, tomaran con naturalidad, e incluso como cumplimiento de un deber la matanza cruel, impiadosa, de inocentes seres humanos judíos y no judíos durante la vigencia del Tercer Reich? Muchos se han preguntado, y siguen haciéndolo, cómo fue posible semejante ausencia de misericordia y brutalidad y cómo al ser apresados e interrogados sobre el asunto, los ejecutores nazis podían expresar sin más: “Sólo hemos cumplido con nuestro deber, hemos acatado la legislación vigente”.
La razón por la cual tuvo efecto semejante Holocausto y mejor decir Shoá, que en hebreo significa mucho más que un drama, algo que no puede ser calificado por su magnitud, es que las mentes nazis estaban convenientemente adecuadas para cumplir estrictamente la ley, o, para mejor decir, para hacer cumplir las conocidas leyes de Nuremberg que el nazismo había sancionado en el mes de septiembre del año 1935. Fue esta una idea demoníaca del antisemita a ultranza y célebre jurista alemán Wilhelm Frick. Con tal basamento legal, que castigaba severamente a todo judío que tuviera cualquier tipo de relación amorosa o sexual con alemanes puros, comenzó una discriminación brutal que concluyó con el exterminio de seis millones de personas.
Esta realidad macabra instaurada por Hitler y sus seguidores, este pérfido andamiaje legal abrió en el mundo un interrogante: ¿Lo legal es lo justo? Y por supuesto que no hay lugar para el debate en este asunto: cuando el mal hace las leyes y éstas sólo resultan útiles a su propósito; es decir, cuando lo legal no persigue el bien común, no puede ser calificado como de orden justo.
Pero no sólo se necesitan leyes que no sean funcionales al bien común para que la injusticia posea hegemonía. En este sentido, un conocido filósofo del derecho argentino, Augusto Morello, en una conferencia dictada en nuestra ciudad hace algunos años, fue contundente cuando dijo que “cuando la Justicia llega tarde, no es justicia”. Del mismo modo, y con mayor fundamento, podría decirse que cuando la interpretación de la norma legal no tiene como finalidad el bien común, se está ante un acto que probablemente cumpla con el requisito de lo legal, pero que muy distante está de hacer justicia.
En las últimas horas, en nuestro país, un caso ha indignado a muchas personas: ha sido la liberación del ex campeón mundial de boxeo Rodrigo “Hiena” Barrios, quien había sido condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Yamila González, en un accidente de tránsito. La noticia decía ayer lo siguiente: “La Cámara de Garantías y Apelaciones revocó la decisión de mantener encerrado al ex campeón mundial de los superplumas al considerar que no hay peligro de que se fugue”.
La resolución de la Cámara de Garantías ha ofuscado a muchas personas que han visto en ella un cumplimiento de la legalidad tal vez, pero una ausencia proverbial de justicia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, integrada por familiares de víctimas de accidentes de tránsito, sostuvo que“una vez más la interpretación del Código Penal se hace en detrimento de los derechos de las víctimas, que no tienen descanso en paz”.
No es la primera vez, por otra parte, que un fallo o resolución judicial aparecen desvinculados absolutamente con la necesidad de justicia que reclama la ciudadanía. Las crónicas judiciales están repletas de libertades adelantadas a delincuentes, que terminan siendo causas de delitos a veces más feroces que aquellos por el cual el acusado, procesado o condenado había sido llevado al estrado judicial.
Ayer los comentarios de muchos lectores de diarios de internet (casi todos irreproducibles) permitían saber cuál es el humor de la gente no sólo para con la “Hiena” Barrios, sino para con los jueces de la Cámara de Garantías y para con el Poder Judicial en general. Dígase Poder Judicial y no justicia, porque la pobre justicia no tiene parte ni responsabilidad por los actos de aquellos que la administran a veces tan mal.
Hace unos días, la señora Mónica Gangemi, mamá de Úrsula Notz, la joven muerta en un siniestro de tránsito en nuestra ciudad, ha dicho en una entrevista realizada por periodistas de este diario que “el aparato judicial abre las puertas de la impunidad”. Esta afirmación parece demasiado dura, pero a poco que se repasen los hechos, no puede menos que coincidirse con lo que ha expresado esta mujer.
Montesquieu, en un célebre discurso, sostuvo que una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. A veces, muy a menudo, sucede que la amenaza deja de ser tal para convertirse en un hecho desgraciado. Hay algunos componentes que permiten este descalabro: la ausencia de sentido común y sabiduría de ciertos magistrados (cualidades que no se adquieren en la universidad), y la complacencia involuntaria de muchos ciudadanos que, como suele decirse, a fuerza de ser arreados por ciertas corrientes, suponen que ya carecen de libertad o fuerzas para modificar una realidad sombría.
