Entre las propuestas legislativas que se presentaron en el Encuentro Nacional por la Tierra, que se realizó en la ciudad de Salta, se destacó la iniciativa surgida desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), en la que se pide la suspensión de los desalojos de los agricultores familiares por el término de cinco años y la creación de un programa nacional de relevamiento de tierras rurales, que determine el estado de ocupación, uso y tenencia de la tierra de los pequeños productores.
En el encuentro, organizado por el Foro Nacional de Agricultores Familiares y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, participaron 1.420 representantes de organizaciones de todo el país.
La presentación del proyecto que pretende la suspensión de los desalojos estuvo a cargo del asesor del MNCI, Ramiro Fresneda, en el panel “Iniciativas legislativas”, que compartió con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Daniel Fernández, y la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Alicia Révora.
El titular del Inai, por su parte, expuso sobre la actual situación de las comunidades originarias tras la aplicación de la ley de Emergencia de Propiedades Comunitarias. El funcionario señaló que en el marco de la aplicación de la normativa se relevaron 305 comunidades, se demarcaron más de tres millones de hectáreas, y se clasificaron otras 4.500.000 hectáreas en las que ya se otorgó el título comunitario.
Además, señaló que en el marco del proyecto de modificación del Código Civil enviado al Congreso recientemente, debería incorporarse la propiedad comunitaria indígena. En ese sentido, informó que se elaboró una iniciativa que será elevada al Congreso por la cual se enmarcan las características de la propiedad indígena.
Entre los puntos destacados mencionó que esta será: inembargable, no susceptible de gravámenes, inajenable, intransmisible, e imprescriptible.
También propuso que se haga un aprovechamiento sustentable de la tierra, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, y que no pueda ser objeto de arrendamientos a terceros ni cesiones en comodatos u otra forma de disponer de la posesión y propiedad de los mismos.
Alternativas en las provincias
En el encuentro, funcionarios de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Chaco y Salta presentaron las alternativas con las cuales trabajan en las provincias.
El director provincial de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Mendoza, Leonardo Miranda, y el subsecretario de Tierra y Hábitat de Salta, Diego Barreto, resaltaron la promulgación de leyes que suspenden los desalojos.
Fue el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Santiago Godoy, quien durante el acto de clausura destacó a Salta como la primera provincia con una ley que suspende los desalojos.
Además, se comprometió a tomar las conclusiones elaboradas por los pequeños productores para aportar en una ley por la cual se busca generar condiciones para la agricultura familiar, y agregó que se trabajará en una iniciativa para habilitar la aplicación de agroquímicos que apunte a proteger a las poblaciones que pueden verse afectadas por las fumigaciones.
El director de Desarrollo Rural de Mendoza, por su parte, apuntó a la necesidad de “institucionalizar la lucha por la tierra”, y destacó que en Mendoza fue la estrategia de “sentarse y acordar” la que sumó a las soluciones de las problemáticas en el sector de la agricultura familiar.
También señaló que en su provincia rige la Ley 6086 por la cual se suspenden los desalojos de puesteros y se dispone una restricción al dominio de tierras en manos de extranjeros.
En ese mismo orden, el representante del Instituto de Colonización de Chaco, Raúl John Paris, informó sobre la creación de una Fiscalía de Asuntos Rurales en su provincia.
Por último, la referente del Comité de Emergencia de Relaciones Institucionales de Santiago del Estero, Claudia Ríos, y el presidente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Guido Corvalán, apuntaron al trabajo conjunto que realizan en la provincia cuando se trata de los conflictos en tierras de pequeños productores. No obstante, Corvalán fue firme al pedir que “los compromisos y discursos” se conviertan “en hechos”.
