El diputado radical Julián Galdeano presentó un proyecto en la Legislatura provincial que busca introducir modificaciones al procedimiento en los juicios de desalojo. La iniciativa tiene como objetivo “brindar mayor eficacia y celeridad al proceso, posibilitando una rápida restitución del inmueble a su propietario”, según explicó su autor a El Ciudadano. Recién ingresada a la Cámara baja, la idea ya comenzó a recibir cuestionamientos. Desde la Asociación por los Derechos del Consumidor Práctica Ciudadana remarcaron que la misma “se preocupa por el derecho a la propiedad pero también se tiene que tener en cuenta el derecho de defensa en juicio, que tiene el mismo rango constitucional”.
“La normativa torpedearía, por ejemplo, planes en marcha para construir espacios habitacionales en regla en lugares ocupados por viviendas precarias desde hace añares. Esta es una forma de echar a esa gente conculcando su derecho de defensa”, alertó Luciano Tamous, uno de los representantes legales de la ONG.
En defensa de su proyecto, el legislador sostuvo que “es necesario modernizar el procedimiento en el juicio de desalojo porque éstos son costosos y largos, generando numerosos daños y perjuicios”. “Por eso, buscamos que en ciertos casos, el inmueble se entregue de manera inmediata”, agregó.
Según señaló el radical, esta iniciativa está en sintonía con la reglamentación existente en el orden federal e incorpora tres artículos al proceso de desalojo reglamentado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, a modo de dotar de “mayor celeridad y eficacia al procedimiento de desalojo por vencimiento de contrato, falta de pago de los alquileres u ocupación ilegítima”. “Asimismo, impulsa la modificación del artículo 9, estableciendo que en el juicio de desalojo “está vedado a las partes recusar al juez sin causa, a fin de evitar maniobras meramente dilatorias”, añadió.
Desde Práctica Ciudadana se puso en duda que la limitación imprima más velocidad a un proceso; en cambio sí están seguros de que quita un derecho al demandado. En ese sentido, Tamous remarcó que la normativa propuesta lesionaría una potestad constitucional: “Si tenemos en cuenta esto, vamos a preferir que demore un poco más y que no se conculque el derecho de defensa en juicio”, sostuvo.
El proyecto ya ingresó a la Cámara y según sostuvo Galdeano su aprobación es viable, ya que hay conformidad con el mismo en la mayoría de sus pares. Destacó que para defenderlo y redactarlo se trabajó y consultó tanto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Rosario (UNR) como al Colegio de Abogados.
En ese marco, las modificaciones propuestas contemplan brindar al demandante las herramientas legales necesarias para obtener la devolución inmediata de su inmueble, previa constitución de fianza, en los casos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago de los alquileres y/o vencimiento del plazo del contrato de locación, o cuando el inmueble se encuentre ocupado por intrusos, para todos los cuales la obligación de restituir resulta “exigible”.
Sin embargo el diputado radical dijo que su proyecto no deja de “brindar protección al demandado” al exigir la constitución de una fianza (garantía) por parte del demandante, y estableciendo que en caso de que el propietario obtenga la restitución ocultando pruebas de la relación locativa o el pago de alquileres, además de la ejecución inmediata de la fianza, el juez podrá imponerle una sanción de multa a favor de la contraparte.
La propuesta de Galdeano también suscribe que para los casos de desalojo fundados en falta de pago, vencimiento de contrato, cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas, uso abusivo o deshonesto y/o cuando la acción se dirija contra un intruso, se realice un reconocimiento judicial con asistencia del defensor oficial. Desde la entidad de defensa de consumidores ven como positivo el punto, ya que no son pocos los demandados sin recursos que “por desconocimiento” no acceden a un derecho, que así se simplificaría.
En cambio, cuestionan la modificación que generaría que en los casos de desalojo por ocupación de intrusos y usurpadores, “el propietario podrá solicitar la inmediata desocupación del inmueble”, previa constitución de fianza.
“Estas incorporaciones apuntan a proteger al locador frente a dilaciones procesales que se presentan en el actual proceso de desalojo, asegurándole así el pleno ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional; el objetivo es garantizar un servicio de justicia adecuado y eficaz porque como bien sabemos una Justicia tardía no es justicia”, señaló el diputado Galdeano.
El legislador también marcó que los juicios de desalojo que se contemplan en el proyecto son aquellos en los que antes se había realizado un contrato de locación. Por lo tanto, la restitución inmediata debería contemplarse en casos de que se haya roto la relación contractual en casos del tipo: falta de pago de impuestos o alquiler, finalización del contrato de locación sin desalojar la vivienda, cambio en la finalidad del alquiler, no utilizar la vivienda para habitar sino para actividades comerciales y aun actividades delictivas.
En ese sentido, el diputado Galdeano afirmó que “no todos los casos son iguales” y resaltó que en caso de usurpaciones o conflictos de índole social –en los que, por ejemplo, la familia que habita en esa casa no tenga a dónde ir– “son otras dependencias las que también intervienen”.
Por último, el radical sostuvo que esta reforma se propone teniendo en cuenta que “el procedimiento de desalojo vigente en Santa Fe, tal como se encuentra reglamentado, ha permitido a los demandados permanecer en la ocupación ilegítima de los inmuebles durante un excesivo período de tiempo –incluso durante varios años– a través de la utilización de maniobras dilatorias reñidas con los principios de buena fe contractual y procesal”.
“Por eso, buscamos la restitución inmediata del inmueble, generando, a su vez, un efecto desalentador para el inquilino u ocupante que no cumpla con sus obligaciones, quien se vería obligado a abandonar la propiedad en muy breve plazo”, sentenció el legislador.
Por último, Tamous consideró que un proyecto legislativo para imprimir más celeridad a sólo un tipo de casos es un contrasentido: “El principal inconveniente es la demora que afecta a todo tipo de juicios. Lo que debe hacerse es limitar las «chicanas» judiciales en otros procesos, como litigios por siniestros viales o estafas y no únicamente para desalojos”, concluyó.
