El grupo petrolero español Repsol demandará a la Argentina en los próximos días ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de Washington por la expropiación de YPF. Los abogados de la firma española ultiman los detalles para poner en marcha cuanto antes la avanzada judicial contra el país para conseguir el pago de unos 10.500 millones de dólares, lo que la compañía ibérica considera como “un precio justo” por la empresa YPF.
Los prestigiosos servicios jurídicos de la compañía española contratados en Madrid, Nueva York y Buenos Aires se preparan para poner en marcha su ofensiva legal, en la que también reclamarán “indemnizaciones adicionales”.
El Congreso nacional aprobó el jueves último por marcada mayoría el proyecto kirchnerista de ley que autorizó la expropiación del 51 por ciento de las acciones totales de YPF Sociedad Anónima, que estaban en manos del grupo ibérico.
Según revelaron ayer agencias internacionales de noticias, Repsol denunciará a la Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) firmado en 1991 entre la Argentina y España.
En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal.
La Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales. El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.
Para Repsol, el justiprecio por su 57 por ciento de YPF asciende a 10.500 millones de dólares (8 mil millones de euros), si bien el gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costos ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.
Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamos. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una oferta pública de adquisición, mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar “todas las acciones legales a su alcance”, lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos.
