Uno de los hechos políticos más significativos de la semana pasada ocurrió en la Asamblea Legislativa del jueves cuando la oposición rechazó cuatro de los 17 pliegos de funcionarios judiciales que el Poder Ejecutivo había puesto a consideración.
El rechazo no tuvo mayores explicaciones, tampoco en el caso del criminólogo y penalista Enrique Font, abrumador ganador de un concurso evaluado por un jurado independiente para el cargo de auditor general de fiscales del Ministerio Público Fiscal.
“Claramente esto implica decirle al gobierno que se terminó una era, que el esquema planteado por (el ex ministro de Justicia Héctor) Superti para el nombramiento de jueces a partir de 2007 se terminó. Las cosas cambiaron ahora, hay otras relaciones de fuerza”, confió una fuente de la oposición el jueves a la noche, horas después de la Asamblea Legislativa.
El mensaje es explícito. Incluso se especula con más bolillas negras a otros pliegos que esperan tratamiento.
La oposición endilga al Frente Progresista haberse autolimitado en la facultad de proponer los jueces a través de un sistema de selección que cierra en lo formal pero que en la práctica derivó en la promoción de cuadros políticos, ex funcionarios y candidatos cercanos al Poder Ejecutivo.
Lo que cambió
El ministro de Justicia Juan Lewis defendió el sistema de selección: “Son (concursos) transparentes, prevén instancias de participación ciudadana, objeciones, impugnaciones, y jurados elegidos por sorteo a partir de las listas que envían los colegios de Abogados y de Magistrados y las universidades”, recordó. Admitió que puede ser perfectible en algún aspecto, pero agregó: “Defendemos el mecanismo, no los nombres que surgen”. A renglón seguido le dedicó un párrafo a cómo se nombraban jueces antes de 2007.
Sería un grosero error ignorar que quien enuncia las acusaciones es el justicialismo, que cuando fue gobierno provincial hizo y deshizo el Poder Judicial a su antojo y semejanza. Y que si bien desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1989 en adelante se fueron dando pasos que pretendieron dotar de cierta pátina de prolijidad a las designaciones, imperó el reino de los estudios jurídicos de renombre, nombramientos a dedo y los escándalos: desde los juzgados comunales hasta la Corte, con jueces supremos que llegaron a cantar la Marcha Peronista durante actos institucionales.
¿Qué quiere la oposición que es mayoría en ambas cámaras y en la Asamblea Legislativa? No hay dudas que forzar un escenario de negociación con el oficialismo. ¿Para lograr qué? Hay de todo: desde quienes quieren porotear nombres de jueces, fiscales y defensores, hasta los que pretenden suprimir determinados perfiles de funcionarios judiciales, cosa que pasó con Font, y volver al molde tradicional del reparto político-corporativo.
El FPV y un debate pendiente
Tras el rechazo a su pliego, Font –que había ganado el concurso para auditor de fiscales por 16 puntos sobre una jueza y un fiscal y llegaba con 67 avales de renombre, entre los que contaban Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el jurista Alberto Binder, entre otros– dijo que “sectores de la oposición que responden a Agustín Rossi, que tiene una posición política tomada en términos de construir acuerdos en materia de seguridad y de reforma judicial, su bloque en vez de acompañar esta línea juega más prestando atención a la interna peronista y vota en contra”.
Font se refería a los votos del diputado juvenil Leandro Busatto y el senador Ricardo Kauffman, ambos del Frente para la Victoria, quienes votaron por el rechazo. Busatto estaba a favor del nombramiento de Font, pero no quiso pagar el costo de votar igual que el oficialismo o distinto que el PJ. Tampoco alcanzaron los contactos de Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, quien finalmente se levantó de la Asamblea para no votar el rechazo.
El caso Font vuelve a interpelar la identidad del Frente para la Victoria de Santa Fe y otros sectores que se identifican con los gobiernos kirchneristas, como María Eugenia Bielsa o el sector de Gustavo Marconatto. Los interpela sobre si tiene ambición y vocación de aportar en Santa Fe lo que reivindica a nivel nacional.
Dilemas similares se le plantearon durante el gobierno de Binner, cuando el FPV votó en contra de las reformas tributarias, perfectibles pero de innegable cuño progresista y redistributivo, o cuando en alguna oportunidad eligió votar el proyecto de presupuesto alternativo con letra del reutemista Juan Carlos Mercier.
Este es un debate que está pendiente para esos sectores. De ninguna manera Font es imprescindible, pero que el FPV elija sacrificar a alguien “del palo” (no partidario sino político-ideológico) para no comerse una chicana de Joaquín Gramajo y Alejandra Vucasovich, que representan exactamente las antípodas del proyecto que el kirchnerismo encarna, es un síntoma de debilidad que expresa una identidad aún sometida a los arbitrios de la interna partidaria.
La práctica del que la tiene más larga
Gramajo, un ex policía que representa a lo más conservador del PJ, es un político sin filtro al que el resto del justicialismo usa para que haga el trabajo sucio en comisiones clave. Es el mismo que, como recordó el periodista Claudio de Luca en su blog Señales, hace cuatro años le dijo al Sindicato de Prensa sin ponerse colorado que la “democracia tiene sus límites” al condicionar la aprobación de la ley de Acceso a la Información Pública. El debate es hasta qué punto Gramajo, lo que él representa y los que se esconden detrás de su cuero curtido, van a condicionar la agenda y los posicionamientos de los sectores que se desgargantan hablando del modelo nacional progresista de Néstor y Cristina Kirchner.
Ricardo Kauffman, ex juez de Cámara, ex ministro de Educación reutemista cuando a estos los bendecía monseñor Edgardo Storni y ahora senador por Garay enrolado con el Frente para la Victoria, como presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, más que argumentos políticos expresó una excusa poco elaborada que no resiste el menor análisis. Sostuvo que Font “no tiene el perfil para ser designado para un cargo tan importante, no acreditó ninguna experiencia en el ejercicio de la abogacía (desmentido y acreditado por Font), no ofreció antecedentes en la magistratura o en alguna Fiscalía y, además, no tiene relación con el Poder Judicial”.
A lo mejor Alejandro Rossi le puede explicar a Kauffman que su endeble argumentación va en el sentido opuesto al intento del kirchnerismo a nivel nacional por romper el cerco de la corporación judicial y enriquecer el Poder Judicial, sumando gente con alta capacitación e idónea que no necesariamente provenga de una carrera judicial.
No hay que dejar de ver que “el mensaje” de la oposición unida coincide temporalmente con la arremetida del Colegio de Magistrados que clama por cambios en la valoración de los antecedentes a la hora de concursar cargos. Fiel a su genética corporativa, su meta es privilegiar el ascenso de quienes son parte del Poder Judicial o sus protegidos y cerrar las puertas a quienes portan antecedentes por ejercicio de profesión o académicos. La Justicia actual y sus pobres resultados son hijas de ese esquema endógeno.
No es casualidad que el tema se instale ahora, en la antesala de que la Legislatura reciba los más de doscientos pliegos de los ganadores de los concursos para fiscales y defensores, imprescindibles para poner en marcha el nuevo sistema de Justicia penal.
Reivindicación y prácticas políticas
Así como el Frente Progresista deberá revisar algunas arbitrariedades que se le atribuyen y el trabajo legislativo para defender las iniciativas del gobierno; también el Frente para la Victoria debe profundizar el debate sobre qué posiciones adoptará cada vez que una iniciativa de tinte progresista del gobierno de Antonio Bonfatti interpele su construcción política en Santa Fe, y por lo tanto su identidad fronteras adentro. La pregunta, en definitiva, es si está dispuesto a dar pelea por algo más que espacios de poder.
Quizás valga el ejemplo de Néstor y Cristina Kirchner, que desde un 22 por ciento de votos en 2003 construyeron poder y ganaron espacios con política concreta, empezando por la autolimitación de Néstor Kirchner para designar jueces, modelo que Hermes Binner adoptó como propio el día de 2007 que asumió.
Por qué entonces se acepta que otro poder del Estado, el Legislativo, se pase por el traste esas autolimitaciones que delegan la selección en un proceso público de impugnaciones, evaluaciones y concurso, sepultando el anterior sistema cuyos resultados están a la vista todos los días.
Qué dirían esos espacios kirchneristas si mañana viene otro presidente, borra por decreto el autolimitativo de Kirchner y, ateniéndose estrictamente a la letra de la Constitución, promueve a amigos al estilo Julio Nazareno, o Eduardo Spuller para dar un caso local. Sin perjuicio de los legítimos cambios que pretenda debatir cualquier sector de la oposición, para algunos en especial tumbar el pliego de alguien que como Font se impuso con inusitada diferencia al resto de los concursantes, con antecedentes y examen plenamente acreditados y explicados por un jurado independiente, pone en tela de juicio el valor político para mejorar la realidad y contradice una de las más reivindicables iniciativas de Néstor Kirchner.
