Un fiscal solicitó que la Cámara de Casación Penal bonaerense condene a Lucila Frend a prisión perpetua por el crimen de su amiga, o que anule el juicio en el que fue absuelta y se realice un nuevo debate oral.
El fiscal general ante el máximo tribunal penal de la provincia, Carlos Altuve, apoyó de esta manera, a través de un escrito, la apelación presentada el año pasado por el fiscal de Vicente López a cargo de la causa, Alejandro Guevara, ante el fallo absolutorio del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro.
Si bien estaba previsto que tanto el fiscal Altuve como el abogado Roberto Damboriana, representante de los padres de la víctima, expongan de forma oral sus apelaciones al fallo, por un problema de salud de uno de los jueces, esa audiencia se suspendió y se decidió presentar los argumentos por escrito.
Fuentes judiciales y uno de sus abogados defensores, Sergio Pizarro Posse, confirmaron a Télam que la propia Frend viajó especialmente desde Barcelona -donde ahora vive y trabaja-, para asistir a la audiencia del jueves pasado y, pese a la suspensión, dialogó con dos de los jueces que definirán su futuro en la causa.
A partir de la presentación del fiscal Altuve, los miembros de la Sala III de la Cámara de Casación bonaerense analizarán a fondo el caso y tienen tres alternativas: confirmar la absolución de Frend, condenarla a prisión perpetua u ordenar un nuevo juicio oral.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que, en su dictamen, Altuve fundamenta su pedido de condena para Frend en la «tergiversación de la prueba» y en las «diversas y múltiples arbitrariedades» en las que a su criterio incurrieron los miembros del TOC 2 de San Isidro durante el juicio en el que la joven terminó absuelta.
Altuve incluso aconseja al Tribunal de Casación que vea los videos grabados en las distintas audiencias para observar el desempeño del juez Luis Oscar Zapata -ya fallecido-, quien actuó en el debate como presidente del TOC 2 de San Isidro.
Altuve acusa a Zapata de haberse extralimitado en sus atribuciones y de interrumpir, discutir y confundir a los testigos durante sus interrogatorios, asumiendo un «rol de parte» que como juez no le correspondía.
El fiscal de Casación también sostiene que la acusación contra Frend no es un «capricho» de su colega Guevara, sino que surge del cúmulo de indicios y pruebas colectados y luego de descartar otros sospechosos.
Según las fuentes, Altuve afirma que Frend fue la autora del hecho al sostener que era «la única que se encontraba en el domicilio en el horario en el que acaeció el homicidio de Solange».
Es que Altuve da por cierto lo que los jueces del TOC 2 de San Isidro no consideraron probado y que es la clave de esta causa: que el crimen ocurrió entre la 1 y las 7 de aquel 10 de enero de 2007, cuando Lucila aún estaba en la casa.
Para sostener ello, revaloriza el testimonio del médico policial Eugenio Aranda, el primero en examinar el cadáver en la escena del crimen, quien calculó la data de muerte de Solange en esa franja horaria.
Durante el juicio, Aranda fue cuestionado por la defensa de Frend y no tomado en cuenta por los jueces en su fallo al considerar que cambió varias veces de opinión respecto al horario de muerte a lo largo de la instrucción.
Altuve menciona además el informe pericial que revela que nadie ingresó a la casa aquella madrugada, que quedó descartado un robo o un ataque sexual y que el autor del crimen es zurdo y no tiene por qué ser una persona fuerte.
También menciona las 13 alertas y llamadas vía Nextel que una amiga de la víctima hizo durante la madrugada del hecho al aparato de Solange y que no fueron contestadas, lo que para la acusación significa que la chica ya estaba muerta en un horario en el que su única acompañante dentro de la casa era Frend.
Altuve solicita finalmente que Frend sea condenada a «prisión perpetua» como autora de un «homicidio calificado por ensañamiento y alevosía» o que, subsidiariamente, Casación anule el juicio del año pasado y ordene un nuevo debate con otro tribunal.
Frend fue absuelta el 12 de julio del año pasado en un fallo unánime de los jueces Zapata, Lino Mirabelli y Hernán San Martín, quienes consideraron que no había pruebas para una condena.
Los jueces criticaron la investigación del fiscal Guevara al sostener que la acusación se basaba en meras «percepciones, conjeturas y especulaciones», que no investigó otras hipótesis y que ni siquiera había certeza de que el crimen se cometió entre la 1 y las 7, cuando la imputada estaba en la casa.
El hecho ocurrió el 10 de enero de 2007 cuando Grabenheimer (21) fue hallada asesinada de cuatro puntazos en el cuello en su cama del PH de la calle Güemes 2280 de Florida, donde convivía con su amiga «Luli», quien nunca fue detenida por el caso ya que no había riesgo de fuga y siempre estuvo a disposición de la Justicia.
