La difusión de los datos de desempleo del Indec encendió una luz de alerta. Pueden no ser del todo confiables, pero son parejos, así que en caso de no creer en ellos sí se puede valorar el proceso que describen.
Mientras a nivel nacional el desempleo no sufrió grandes variaciones (-0,3 interanual y 0,4 contra el último trimestre de 2011), en los grandes aglomerados urbanos de Rosario y Córdoba el desempleo creció (2,8 por ciento y 1 por ciento interanual), al igual que en el conjunto de partidos del Gran Buenos Aires, aunque el promedio final del aglomerado queda equilibrado por el aporte de Ciudad de Buenos Aires. Son los tres polos más dinámicos y diversificados en términos de actividades económicas, por lo tanto muy sensibles a la hora de registrar las alteraciones que va sufriendo la actividad económica.
El dato negativo puede que sólo sea circunstancial. Y puede leerse de formas diferentes. Hay quien puede pensar que es una luz amarilla que pronostica un sendero de problemas futuros; hay quien puede entender que es una esquirla mínima en el contexto de un mundo cuyas principales economías pasan zozobra.
La recaudación del sector público es otro dato que está en zona de alerta. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, en marzo la coparticipación nacional fue menor a la presupuestada y la provincial no; pero en abril ambas se ubicaron por debajo. Según consultoras privadas, en la primera quincena de mayo cayeron fuerte los giros a las provincias en términos interanuales, aunque siempre hay que esperar a ver el mes completo porque ya ocurrió otras veces que la tendencia se modificó en las dos últimas semanas.
Viaje de consenso
El desfinanciamiento del sector público es un dato ya consolidado. La primera en hacerlo notar fue Cristina, que apenas recobró mayoría parlamentaria se aseguró fuentes de financiamiento internas extras, especialmente vinculadas a las reservas y adelantos del Banco Central de la República Argentina.
Las provincias entendieron el mensaje y todas salieron tras los pasos de la Casa Rosada.
Claro que cada una tiene su propio escenario político interno. La reforma tributaria de Santa Fe está encausada, pero su destino lejos de estar resuelto. Es uno de los dos temas más urgentes y trascendentes que trabajará la Legislatura a partir del lunes 28 de mayo, cinco días después del regreso de la expedición santafesina a los Emiratos Árabes Unidos y Baja Sajonia.
La actual gestión hizo un trabajo de hormiga imprescindible en un escenario de minoría parlamentaria antes de enviar el proyecto a la Legislatura. Recogió en reuniones privadas la opinión de casi todos los sectores del oficialismo y la oposición y de representantes corporativos de sectores económicos que serán afectados por los cambios impositivos.
El justicialismo no regalará nada, pero cabe señalar que salvo excepciones no parece haber clima de guerra. Menos si se aprecia la foto que acompaña este artículo y las edulcoradas declaraciones de socialistas, radicales y justicialistas en las que se tiran flores y proclaman todos tener puesta la camiseta de Santa Fe. Es difícil imaginar que al bajar del avión en Ezeiza ese clima se pinche. O que se desvanezcan mínimos acuerdos para proporcionar recursos genuinos a una provincia que se está embarcando en tomar un empréstito internacional por 106 millones de dólares a 20 años.
El gobernador no por casualidad destacó que el acceso al crédito (los fondos si todo va bien recién estarán disponibles dentro de 10 meses) es posible porque a pesar de los tiempos difíciles que vivió el país todos los gobiernos pagaron los compromisos contraídos. Un speach para nada improvisado. Por el contrario, tiene que haber sido debidamente estudiado al igual que la composición de la comitiva oficial, integrada por jefes de senadores justicialistas (los dos representan desde reutemistas a kirchneristas), su par radical de La Capital, y los diputados Luis Rubeo (PJ) y Santiago Mascheroni (UCR).
Concursos
El otro tema central que se abrió en la Legislatura pasa por la designación de funcionarios del Poder Judicial. El justicialismo marcó la cancha rechazando el pliego de Enrique Font como auditor de fiscales. Como se escribió en este panorama hace dos semanas el justicialismo venía avisando que tenía planeado “tumbar” más pliegos. El Ejecutivo se anticipó y decidió retirarlos, y ofreció una mesa de diálogo para escuchar las sugerencias de la oposición sobre los concursos de jueces, fiscales y defensores, que parece ser lo que se cuestiona.
El gobierno provincial no va a retroceder con los concursos porque sería traicionarse a sí mismo. Como ejemplo basta un botón: la semana pasada terminó la ronda de entrevistas a postulantes a jueces comunales de decenas de pueblos de las cinco regiones de la provincia, desde 2007 elegidos por concurso, tan lejos de los escandalosos decretos que designaban para cargos perpetuos a familiares y amigos y que en su momento llevaron al ex gobernador Jorge Obeid a empezar a limitar esa arbitraria atribución constitucional.
La mesa de diálogo que abrió la semana pasada el ministro de Justicia Juan Lewis con la oposición terminará seguramente en cambios en los puntajes que se otorgan en el marco de lo concursos, pero el sistema de selección no dará marcha atrás.
El cuestionamiento es que hoy se privilegia el puntaje de antecedentes académicos y se relegan los de quienes transitan la carrera judicial.
El argumento coincide con el del grupo Resistiré, integrado por encumbrados jueces y funcionarios judiciales que fueron socios del orden político anterior a 2007 y que plantearon cuantas trabas pudieron al avance de la reforma judicial, en particular la del fuero penal.
El momento en que la oposición fuerza las modificaciones no es menor. En las próximas semanas o meses llegarán a tratamiento de la Asamblea Legislativa más de 200 pliegos de defensores y fiscales que integrarán la nueva Justicia penal.
El tema es que todos esos cargos ya se concursaron, y la inmensa mayoría tiene un ganador, con la excepción de aquellos donde se declaró desierto el concurso porque nadie aprobó o porque no hubo postulantes.
Aquí se abre un interrogante clave: ¿cuáles son las pretensiones de los distintos sectores de la oposición que coincidieron en avanzar sobre el mecanismo de selección de los miembros del Poder Judicial? Entre perfeccionar el sistema de concursos o hacerlo más plural, a intentar reconstruir el anterior esquema de designación digitada hay un largo trecho.
A medida que se conozca el avance del diálogo éstas quedarán a la vista.
