Con el regreso del gobernador Antonio Bonfatti tras su gira por Alemania y Medio Oriente, el Ejecutivo provincial retoma las gestiones por la reforma tributaria, mientras los senadores –cámara en la que ingresó el proyecto– continúan las consultas con las entidades productivas a los fines de estudiar posibles modificaciones al texto remitido por el gobierno a la Legislatura. No será un trámite fácil para el gobierno. Las patronales del campo, que se oponen al aumento del impuesto Inmobiliario Rural, sacaron a relucir el fantasma de los incidentes ocurridos en la provincia de Buenos Aires durante el debate que se dio allí por la reforma impositiva. Y, al parecer, hallaron eco en los senadores radicales, que se alinearon con los planteos ruralistas que quieren evitar una mayora presión fiscal sobre el sector.
En la última semana, senadores del oficialismo y de la oposición se reunieron con representantes de las entidades agropecuarias. Los senadores de la UCR mantuvieron otro encuentro con dirigentes de la mesa de enlace para intercambiar puntos de vista en relación con el proyecto de reforma tributaria.
Con cautela
Según los senadores de la UCR, hubo coincidencias entre las partes en la necesidad de avanzar “con cautela” para lograr el objetivo de mejorar la recaudación de la provincia sin ejercer una excesiva presión impositiva sobre el sector agropecuario, ya que, según las estimaciones de los dirigentes ruralistas, en la actualidad la carga tributaria es del orden del 52 por ciento.
De la reunión participaron los senadores radicales Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, Hugo Rasetto, Lisandro Enrico y Germán Giacomino. La delegación ruralista estuvo encabezada por los presidentes de Carsfé, Francisco Mayoraz, y de Coninagro, Roberto Cerutti. Además, participó Guillermo Cullen, en representación de la Sociedad Rural de Santa Fe, y Fabián Tenaglia, por la Federación Agraria Argentina.
Sobre el aumento del impuesto Inmobiliario Rural –la principal disposición del proyecto de reforma tributaria– los dirigentes agropecuarios plantearon que será perjudicial si no se modifica antes el mínimo imponible del impuesto a los Bienes Personales, un tributo nacional.
Y pidieron que el Estado provincial tenga en cuenta, al momento de establecer los porcentajes del aumento, la productividad de cada unidad económica según las distintas regiones de la provincia.
Un dato que llamó la atención fue el alineamiento de los senadores radicales, que pertenecen al Frente Progresista, con las entidades ruralistas. “Hubo coincidencias entre las partes en que, para lograr el consenso y avanzar en un proyecto de ley que pueda ser avalado mayoritariamente, deberán realizarse modificaciones al mensaje original remitido por el Poder Ejecutivo. Entre esas coincidencias se destacan las opiniones opuestas a la solicitud del gobierno de que le sean delegadas hasta 2018 facultades legislativas de establecer los tributos, en particular en relación con el reajuste progresivo del avalúo fiscal de la tierra”, sostuvo el senador Michlig.
En la reunión también se puso de relieve la necesidad de que el esfuerzo de los contribuyentes, a través del incremento de impuestos, tenga su correlato desde el Estado provincial con “una administración austera, que esté acompañada de un ambicioso plan de obras públicas que genere mayor actividad económica, una mejor infraestructura vial para la zona rural y el compromiso de seguir reclamando con firmeza al gobierno nacional que cancele las deudas que ha contraído en los últimos años con la provincia de Santa Fe”, según enumeró Michlig.
Sin perjuicio a la producción
El senador Rasetto opinó que la reforma tributaria es “una norma que está en permanente construcción” y valoró el diálogo con los productores: “Este tipo de encuentros nos sirve para construir políticas a largo plazo y leyes que den sustentabilidad para el progreso, para el desarrollo de la provincia”.
“Hay un consenso generalizado de que el impuesto Inmobiliario está totalmente retrasado si se compara con otras provincias como Córdoba o Entre Ríos”, siguió el legislador radical. “Además, hay un congelamiento desde 1992: hace 20 años que el impuesto Inmobiliario no sufre modificaciones. En cuanto al avalúo fiscal, también hay un consenso generalizado, pero hay que ver cómo se lo protege desde el punto de vista de los intereses territoriales de Santa Fe, porque tocar el avalúo fiscal significaría, automáticamente, aumentar otros impuestos nacionales que sí impactarían sobre la producción agropecuaria”.
Por su parte, el senador Enrico planteó la necesidad de recomponer los ingresos de la provincia “sin perjudicar al campo”. “La reforma tributaria que estamos estudiando implica para la provincia recomponer sus ingresos, sobre todo en el tema del impuesto Inmobiliario Rural, que es el que más atrasado está, pero sin que ello implique perjudicar al sector productivo”.
Sobre el avalúo fiscal y el valor real de la tierra, el senador radical señaló: “En ese punto se centran los planteos que hacen las entidades agropecuarias. El hecho de que el aumento se haga sin tocar el elemento de la valuación fiscal, es decir, la valuación del inmueble. Por ejemplo, una hectárea en el departamento General López está entre 56 mil y 62 mil pesos y la valuación fiscal es de 2 mil pesos, muy por debajo de lo que es el valor real”.
Por ello, Enrico sostuvo que la intención es abordar el tema junto con el Ejecutivo: “Estamos en la etapa de buscar la mejor redacción para que podamos recomponer ingresos sin que los productores tengan una mayor presión fiscal nacional”.
“Creemos que es necesario pagar lo justo”
En la semana que termina hubo un encuentro entre legisladores y ruralistas por la reforma tributaria. Fue una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía del Senado, que presiden los justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola. Allí los legisladores volvieron a dialogar con los dirigentes ruralistas, con quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en la construcción de consensos que permitan evitar situaciones como las que se produjeron en la Legislatura de Buenos Aires durante el debate de proyectos similares al que se discute en Santa Fe.
Las entidades agropecuarias plantearon opiniones negativas respecto del aumento del impuesto Inmobiliario Rural. “El productor tiene la tierra para producir, no para vender”, dijo el titular de CRA Rubén Ferrero, quien tildó de “desmedido” el incremento del impuesto Inmobiliario que llegaría, de sancionarse la reforma, al 600 por ciento para los propietarios de grandes superficies.
Las entidades agropecuarias rechazan el proyecto con el argumento de que el gobierno pretende gravar el patrimonio y no la producción, sobre la cual ya tributan impuestos nacionales.
“Los productores agropecuarios creemos que es necesario pagar lo justo. La provincia necesita actualizar el impuesto Inmobiliario; lo estamos analizando. Lo que se discute es un aumento desmedido del avalúo fiscal que lleva relacionado impuestos nacionales que no se correlacionan con la producción. No se tiene en cuenta el valor productivo sino el valor inmobiliario”, añadió Ferrero.
También la Sociedad Rural de Rosario rechazó el aumento del Inmobiliario Rural. “Hay que tener en cuenta el valor productivo y no el inmobiliario”, sostuvieron. “Los productores son discriminados impositivamente. Nuestros productos tienen impuestos a las ventas con altos porcentajes, como en el caso de la soja, de hasta el 35 por ciento. Pero también pagamos todos los impuestos que pagan los otros sectores: Ganancias, Bienes Personales, impuesto al Cheque, hasta Ingresos Brutos en algunos casos, impuesto Inmobiliario y tasa comunal por hectárea”, agregaron.
“Hay que tener en cuenta que la renta sobre la tierra está en no más de un 2 o 3 por ciento; es decir, quien compre una hectárea necesitará bastante más de 35 años para pagarla con su renta. Esto nos está indicando que la tierra ha pasado a ser un refugio de inversión, quizás porque estamos en un país en el que es muy difícil encontrar negocios atractivos y por lo tanto se busca resguardar capital”, agregaron desde la entidad.
