El ex titular de la seccional 15ª, comisario Abel Santana, prestó ayer declaración indagatoria por incumplimiento de los deberes de funcionario público dentro de la causa que investiga el triple crimen de Villa Moreno. Puntualmente la irregularidad que se le achaca al funcionario policial –que está en disponibilidad– está vinculada con una orden de allanamiento emitida para la vivienda de Maximiliano Rodríguez, conocido como Hijo del Quemado, horas después de los asesinatos de Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez, disposición no fue cumplida. La semana próxima serán citados a declaración informativa quienes al momento de las muertes se desempeñaban como jefe y subjefe de la Unidad Regional II y además se ampliarán las indagatorias de Sergio Rodriguez, padre de Maxi y apodado Quemado, cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara Penal, y publicado ayer por este diario. Quien también pasará por el Juzgado de Instrucción 7ª, a cargo de Juan Donnola, será el joven conocido como Maurico, a quien le sumarán a la imputación penal oportunamente realizada una serie de agravantes.
Según refirieron fuentes judiciales el uniformado llegó al Juzgado de Instrucción a cargo de Juan Andrés Donnola junto a su abogado defensor y luego de escuchar la imputación realizó su descargo. Santana sostuvo que la orden judicial disponía la realización de un allanamiento en la vivienda de Maximiliano Rodríguez y al ingresar en el pasillo donde se ubica la propiedad vieron, a través de las ventanas, que no había personas en el interior de la finca.
El uniformado sostuvo que en el ínterin de la medida tomaron conocimiento que Maximiliano Rodríguez en realidad había sido víctima de un ataque a balazos, circunstancia que lo hizo dudar sobre la efectivización del allanamiento, por lo que decidió consultar telefónicamente al Juzgado en turno. Santana argumentó que la llamada fue atendida por un funcionario judicial que le dio la directiva de no ingresar al domicilio por lo que se retiró del lugar. Para avalar esta versión, el uniformado puso a disposición su teléfono celular con el objeto de someterlo a peritajes, ya que aseguró que desde ese aparato realizó el llamado al Juzgado.
Una fuente relacionada con el caso señaló que la orden de allanamiento en cuestión fue dispuesta por el magistrado Juan José Pazos, a cargo de la feria judicial el 1º de enero de 2012 y estaba dispuesta para un domicilio en calle Doctor Riva al 3200, donde habita la familia Rodríguez.
Según el portavoz, no surge del expediente el acta de procedimiento que tenga correlato con esta orden, aunque sí consta en la causa una nota fechada dos o tres días después, donde el ex jefe de la seccional 15ª expresó que se presentaron en la vivienda en varias oportunidades y no encontraron personas en el lugar, siempre según esta versión.
El vocero relató que el 7 de enero se dictó una nueva orden judicial de la que no hubo respuesta y el 19 de ese mismo mes se dictó una tercera orden. En esta oportunidad se realizó un procedimiento el día 20, llevado adelante por quien en enero pasado estaba a cargo de la división Homicidios de la URII, Ernesto Chamorro, donde consta que en la propiedad existen dos viviendas, en la primera se halló a la ex mujer del Quemado Rodríguez y la segunda estaba habitada por dos hermanas menores de edad que aseguraron alquilar la propiedad desde el 16 de enero, refirió la fuente.
Además del comisario Santana fueron indagados en el caso otros tres uniformados: uno de ellos fue Lisandro Martín, quien prestaba servicio en la guardia del destacamento del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) el 1º de enero pasado. Este policía fue acusado de omitir el ingreso de Maximiliano Rodríguez, alias Hijo del Quemado, quien arribó herido de bala poco antes de la muerte de los tres militantes sociales. Además se le imputó el abandono del puesto de trabajo y no haber pedido colaboración para recomponer el orden en el hospital cuando los familiares de Rodríguez generaron disturbios.
A comienzos del mes pasado, el Ministerio de Seguridad de la provincia dio a conocer que remitió al Poder Ejecutivo un pedido de destitución del policía Lisandro Martín por la omisión de asentar el ingreso del Hijo del Quemado al hospital. El pedido está siendo evaluado, y de ser avalado por el Ejecutivo, el efectivo puede ser exonerado, lo que implica el cese de la relación de empleado público del personal policial, la pérdida del estado policial y los derechos inherentes a tal investidura.
Quienes también están en situación de disponibilidad –además de Santana– son quien estaba a cargo de la Inspección Zona 3ª cuando tuvo lugar la masacre, comisario Eduardo Ismael Carrillo, y el suboficial Norberto Claudino Centurión, quienes fueron imputados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
En los próximos días deberán presentarse en Tribunales el ex jefe y subjefe de Policía de la Unidad Regional II, Néstor Arismendi y Daniel Cabrera, respectivamente, a quienes se les tomará declaración informativa ya que algunos de los policías que fueron indagados sostuvieron que obedecieron órdenes de sus superiores.
